Manuel Ruiz de Lara, juez en España del proceso que enfrenta a la Superliga de Florentino Pérez con la UEFA, ha ordenado a la entidad que aglutina a las federaciones europeas "dejar sin efecto" amenazas de sanción de cien millones de euros contra cada uno de los clubes fundadores del proyecto que abandera el presidente del Real Madrid.
El juez Ruiz de Lara, seguidor del Atlético de Madrid, ha adoptado los argumentos de la empresa de la Superliga (radicada en España) en el sentido de que la UEFA está ejerciendo un poder monopólico con esas hipotéticas sanciones, según se desprende del último auto del proceso, al que ha podido tener acceso Vozpópuli. Como avanzó este periódico, ninguno de los doce clubes fundadores de la Superliga ha abandonado realmente su empresa pese a que nueve de ellos, como el Atlético de Madrid, han emitido comunicados públicos para desmarcarse.
La entidad que preside Aleksander Ceferin selló en "acuerdo" con nueve clubes fundadores de la Superliga "medidas de reintegración" que conllevan que la UEFA no les abrirá expedientes sancionadores a cambio de que desistan de participar en el torneo de Florentino. En caso de que finalmente "reincidieran", sufrirían una penalización de, al menos, 100 millones de euros, como aquella a la que están ya expuestos los tres clubes que reivindican públicamente el proyecto, Real Madrid, Barça y Juventus.
Acusación de monopolio contra UEFA
El juez pide "archivar" cualquier expediente abierto contra Madrid, Barça y Juve, y también se pronuncia sobre los demás. Termina de constatar que ese "acuerdo" entre UEFA y los nueves clubes restantes ha dejado en evidencia el accionar potencialmente ilegal que está ejerciendo la entidad con sede en Suiza para que la Superliga no salga adelante.
"Los términos literales de la comunicación del 12 de mayo de 2021 de la UEFA no vienen sino a reforzar la existencia de una apariencia de buen derecho en torno a la existencia de prácticas anti competitivas
que colisionarían con lo previsto en los artículos 101 y 102 del TFUE tal como se razonaba en el Auto de adopción de medidas cautelares inaudita parte", razona el juez Manuel Ruiz de Lara, que ya ha elevado una cuestión de prejudicialidad al Tribunal Europeo de Justicia para que se expida sobre el asunto, previsiblemente entre otoño de 2022 y de 2023.
Luxemburgo decidirá sobre la Superliga
"La falta de acreditación del cumplimiento de los requerimientos efectuados en el Auto de 20 de abril de 2021 y en el Auto de 1 de julio de 2021 evidencia por parte de UEFA una voluntad obstaculizadora tendente a consolidar prácticas anticompetitivas", esgrime el juez español. "La pasividad y omisión en torno a las medidas cautelares adoptadas y respecto a los requerimientos efectuados no vienen sino a certificar por parte de UEFA una estrategia rebelde tendente a frustrar el cumplimiento de las resoluciones judiciales en aras de hacer efectivo el peligro de mora procesal que se pretende enervar con la adopción de medidas cautelares", afirma, incidiendo indirectamente en el dinero en juego que hay de los dos lados, en especial, en favor de la Superliga.
UEFA pretende de éste modo constituirse en juez y parte y determinar por sí misma cuando debe procederse al cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas
"El escrito de UEFA de 17 de septiembre de 2021 no viene sino a confirmar su rebeldía al cumplimiento de las medidas cautelares. Se limita a reproducir alegaciones que ya fueron desestimadas en el Auto de 30 de julio de 2021. UEFA ni siquiera hace un mínimo esfuerzo en justificar que haya dado cumplimiento a las medidas cautelares adoptadas", añade Ruiz de Lara.
"Tampoco manifiesta una imposibilidad o dificultad de cumplimiento por alguna razón. UEFA viene a reconocer implícitamente que como está en desacuerdo con las resoluciones judiciales adoptadas no va a realizar actuación alguna tendente a cumplir los requerimientos efectuados. Y todo ello pese a que los recursos interpuestos y los trámites procesales no despliegan efectos suspensivos en torno a las medidas acordadas. UEFA pretende de éste modo constituirse en juez y parte y determinar por sí misma cuando debe procederse al cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas".
El banco de inversión estadounidense JP Morgan tiene aún comprometido un préstamo de 4.000 millones de euros a favor de la Superliga de Florentino, que superaría esa cifra cada año de competición. Por contra, fuentes cercanas a La Liga española de fútbol, que se acaba de personar en el proceso judicial, aseguran que esta demandará a la Superliga por "más de 8.000 millones" de euros si sale finalmente adelante. La cifra coincide con el dinero que dejaría de ingresar la patronal que representa al conjunto de los clubes nacionales hasta prácticamente desaparecer.
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