La Superliga europea de Florentino Pérez sigue viva y con los ojos puestos en Luxemburgo. Los promotores del proyecto que divide al fútbol europeo apuntan a que el Tribunal de Justicia de la UE se expida con diligencia sobre el asunto que confronta, por un lado, al grupo de clubes grandes encabezado por el presidente del Real Madrid, y, por el otro, al ente que aúna a las federaciones y ligas nacionales europeas de fútbol, la UEFA.
El proceso judicial busca aclarar si el ente rector del balompié europeo tiene o no competencias suficientes para poner palos en la rueda del torneo al margen de la Champions con el que Florentino quiere multiplicar por cuatro la facturación de los clubes grandes en, según la UEFA y las ligas nacionales, perjuicio del resto.
La Superliga podría estrenarse en 2022, el año en el que Florentino preveía ponerlo en marcha desde un principio
Como avanzó Vozpópuli, ninguno de los doce clubes fundadores, ni siquiera los seis ingleses, han abandonado realmente la empresa promotora: el que lo haga se enfrenta a una penalización de unos 300 millones de euros.
Fuentes conocedoras de las negociaciones en el seno de la Superliga señalan ahora a este medio que el grupo que lidera Pérez espera que el asunto judicial en Luxemburgo, "si se resuelve por la vía rápida, por experiencia, tarde entre ocho y diez meses". Esto implica que el proyecto podría terminar de lanzarse en 2022, el año en el que, como avanzó también este periódico, Florentino preveía lanzarlo desde un principio.
Impacto social y económico de la Superliga
El asunto llegó a Europa después de que el juez español Manuel Ruiz de Lara elevara el pasado mes de mayo, a instancias de los promotores de la Superliga, una cuestión prejudicial en Luxemburgo contra las posibles represalias de la UEFA sobre los impulsores del proyecto.
En su exposición, Ruiz de Lara, reconocido aficionado al Atlético de Madrid -entre los clubes fundadores de la Superliga-, pide al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se expida con la mayor diligencia posible por "el impacto social y económico que la resolución de la presente cuestión prejudicial comunitaria tendrá en el mercado de la Unión Europea y en particular en el mercado relevante consistente en la organización de competiciones de fútbol dentro de la Unión Europea y en la comercialización de los derechos económicos derivados de las mismas".
"La crisis sanitaria del COVID-19 ha provocado un impacto de grandes dimensiones en la situación financiera de los clubes de fútbol, teniendo una repercusión directa sobre la asistencia de público a los estadios de fútbol y sobre el deterioro de la rentabilidad de los derechos económicos derivados de las competiciones deportivas de fútbol dentro de la Unión Europea, existiendo un riesgo patente de un encadenamiento de situaciones de insolvencia en clubes europeos de fútbol que provoque un efecto consecutivo que ponga en peligro el actual sistema deportivo y financiero vinculado al fútbol europeo", añade el juez.
"La indudable trascendencia social y económico que se deriva del presente litigio y de la interpretación del derecho comunitario exige una pronta resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", concluye Lara.
Si bien ha reconocido públicamente la necesidad de reformular el proyecto, JP Morgan no da por cancelado el préstamo que prometió a sus promotores
Dentro del argumentario del juez español también se hace referencia al compromiso suscrito con la Superliga por el banco de inversión estadounidense JP Morgan. A preguntas de este medio, desde el banco de inversión han evitado dar por cancelado su préstamo de hasta 4.000 millones de euros a la empresa de la Superliga para poner en marcha el torneo.
Por lo pronto, la UEFA ya ha suspendido su amenaza de excluir a Real Madrid, Barcelona y Juventus, los tres clubes que siguen reivindicando públicamente la Superliga, de la Champions 2021-2022. El ente europeo ha sopesado la posibilidad de multarles con 100 millones de euros por su muestra de 'insurrección' pero, de momento, no ha ido más allá de las palabras.
Es más: se ha abierto a negociar, durante todo 2021, los criterios en virtud de los cuales se repartirán los derechos televisivos de las competiciones europeas desde 2024 (el año en que vence el actual ciclo de contratos con los operadores) en adelante.
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