El tarifazo de la luz continúa. Y los socios de Gobierno muestran públicamente sus diferencias con esta crisis que ha azotado el verano. El turno ahora es para Unidas Podemos. La formación morada presionó en un primer momento al PSOE para avanzar en la creación de una eléctrica pública. Algo que nunca ha agradado ni a Pedro Sánchez ni a Teresa Ribera. El nuevo capítulo ha sido reclamar un segundo hachazo a las empresas que explotan las nucleares y las centrales hidroeléctricas.
Unas propuestas calificadas como “rocambolescas” desde el sector, mientras esperan alguna medida que reforme la tarifa a la que están acogidos los consumidores más vulnerables. “No tiene sentido que exista una tarifa indexada a la volatilidad del mercado mayorista y que, encima, sea el modelo al que deben estar acogidos los hogares que necesiten el bono social”, detalla un directivo de una gran eléctrica.
El bono social es el mecanismo que permite que los consumidores en situación de vulnerabilidad tengan un descuento de la cuarta parte de su factura. Un 25% que es precisamente lo que ha crecido el mercado eléctrico mayorista (pool) en los primeros ocho meses de 2021. Un bandazo de los mercados diarios que ha golpeado al 40% de los consumidores españoles y al 100% de las familias acogidas al bono social.
“No entendemos que desde Unidas Podemos no entre en la reforma de esta tarifa que afecta con tanta fuerza a sus principales votantes”, añade el mismo representante del sector que prefiere mantener el anonimato ante la tensión existente. Las propuestas que se han manejado para defender a los más vulnerables han sido desde un ‘salario energético vital’, similar al ‘ingreso mínimo vital’, hasta una tarifa para vulnerables fija que esté indexada a las tecnologías más baratas.
Alternativas al tarifazo
Desde el mercado se anima tanto a Unidas Podemos como al PSOE a replicar modelos de países vecinos como Italia o Alemania, donde los consumidores viven la crisis energética europea con precios más o menos fijos. Los hogares y las empresas pactan precios y consumo para períodos que van desde tres meses a un año, de forma que se evita la alarma social y ofrece estabilidad al sistema.
La ministra para la Transición Ecológica reconocía en una entrevista concedida a la Cadena SER a mediados de agosto que la tarifa regulada actual, indexada al mercado mayorista diaria, necesita una reforma. Una declaración que fue aplaudida por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), organización integrada por Endesa, Iberdrola, EDP y Viesgo.
Unidad Podemos, por su parte, sólo se plantea una creación de una eléctrica pública que permita al Estado controlar el mercado. Aunque, como término medio, propone incrementar las limitaciones a los productores de energía para lograr una bajada del actual tarifazo tanto al 40% de hogares de la regulada como al 60% que están en el mercado libre.
Esperando a las renovables
Los consumidores más desfavorecidos no sólo notarán el impacto de este aumento del precio eléctrico en sus recibos de la luz. El Banco de España publicaba un informe este mismo mes, a raíz de la crisis provocada por estos tarifazos, concluía que el efecto de los precios mayoristas elevados se nota más en España que en otros países, a pesar de que el incremento es extensible a todos ellos por los mismos motivos (gas y mercado de emisiones de CO2).
España es de los pocos mercados, junto con Suecia y Estonia, que cuenta con lo esta tarifa dinámica. Un modelo que, como comenta el Banco de España, hasta la fecha, ha sido más volátil pero más de media barata que aquellos, como Reino Unido o Italia, cuentan con un precio que no está indexado a un mercado diario. El problema es que, mientras las renovables van ganando protagonismo, el actual modelo marginalista promete precios iguales o más caros a los consumidores más vulnerables.
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