Si a la tasa de paro oficial, que a cierre del primer trimestre se sitúa en el 14,41% y que se espera que empeore ligeramente en el segundo, se suman los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y los autónomos que se han acogido a la prestación extraordinaria por cese de actividad, la tasa de paro real en España ascendería al 31%.
Es lo que los expertos denominan el "desempleo efectivo", que contabiliza "la suma total de los activos que no están trabajando (al menos a jornada completa), estén o no en situación de alta en la Seguridad Social". "Dividiendo esta cifra por la población activa, se obtiene una tasa de paro efectiva del 31%", afirman varios economistas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que 'celebran' que esta tasa ha bajado cinco puntos desde abril gracias a la reincorporación a sus puestos de trabajo de más de un millón de trabajadores afectados por ERTEs.
La tasa de paro oficial se sitúa en el 14,41% a cierre del primer trimestre y empeorará en el segundo por el impacto del coronavirus en la economía y los meses de confinamiento. El Banco de España calcula que ascenderá hasta el 20% a cierre de junio, pero aún quedará muy lejos de reflejar la verdadera realidad del mercado laboral.
Una tasa de paro del 31% supone que 7,12 millones de personas en España no están trabajando (3,862 millones de parados, 1,22 millones en ERTE a día 9 de julio y alrededor de 2 millones de autónomos sin actividad) y que sólo quedan 15,86 millones de ocupados y en activo (de los que 3,25 millones trabajan en el sector público).
Los inactivos ascienden, por su parte, a 16,52 millones: 2,89 millones de estudiantes, 6,43 millones de jubilados, 3,73 amos de casa, 1,25 millones con pensión de incapacidad permanente, y 1,6 millones de receptores de otro tipo de pensión.
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Recuperar el empleo tras el ERTE
Conocer la realidad del mercado laboral español no resulta sencillo, ya que las estadísticas no lo facilitan. Por un lado, los datos de afiliación y desempleo que publican mensualmente el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Seguridad Social tienen el problema de que en el número total de afiliados se computan los trabajadores en ERTE, dado que siguen dados de alta pese a no estar trabajando.
La Encuesta de Población Activa que publica el Instituto Nacional de Estadística trimestralmente también tiene hándicaps, como que clasifica a los afectados por ERTEs como ocupados (no parados) y a los desempleados que no están en búsqueda activa de empleo o no tienen disponibilidad inmediata como inactivos, de ahí que la estadística distorsiona la realidad, como ya contó Vozpópuli en abril.
El resultado de este maquillaje es que la tasa de paro real duplica con creces la oficial, según advierten los expertos, que la sitúan en el 31%.
Retrasar el problema para las empresas
Es cierto que, por definición, los trabajadores que se encuentran en un ERTE no son parados porque recuperarán su empleo cuando el ERTE finalice y, además, por cómo los ha diseñado el Ejecutivo, conservarán su puesto de trabajo un mínimo de seis meses desde que se reincorporen.
Sin embargo, si la empresa en la que trabajan se declara en concurso de acreedores podrán perder su empleo, o si la compañía considera insostenible reincorporarlos y decide despedirlos a pesar de la sanción a la que se enfrentará: la devolución de las cotizaciones sociales de las que se le ha exonerado correspondientes a toda la plantilla.
Instituciones como el Banco de España ya han advertido de que "algunos ERTE pueden retrasar, más que evitar, el proceso de destrucción de empleo en ciertos casos en los que la reestructuración es inevitable". Mantener los ERTE sine die solo retrasará el problema, pero no lo evitará.
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