La economía española está ya bastante acostumbrada a que los Presupuestos Generales del Estado se prorroguen de un año para el otro e, incluso, por periodos más largos. En la historia reciente, con la de este año, la operación se ha repetido hasta en nueve ocasiones, sin que se haya alterado mucho el día a día de la actividad.
La prórroga significa que el Gobierno deja de tener capacidad para realizar nuevos gastos que no estuvieran contemplados en el presupuesto que se prorroga. Mediante el decreto ley, el Ejecutivo puede modificar los impuestos vigentes, pero no aprobar nuevos tributos. Supone también la prolongación, durante un año más, del techo de gasto fijado en el ejercicio concluido.
Desde el 1 de enero, los Presupuestos Generales del Estado para 2023 están vigentes para el presente ejercicio ante la imposibilidad del Gobierno de aprobarlos antes del comienzo del nuevo año, como impone la Constitución. Aunque solo sea por el efecto de la inflación, el presupuesto prorrogado va a tener una “reducción” del gasto de unos 8.000 millones de euros por la subida del IPC, el pasado año, en un 3,8%.
La prórroga no supone un problema para cumplir con los compromisos de actualización de las pensiones en línea con la inflación del año anterior o con la subida pactada con los agentes sociales de los funcionarios públicos, por ejemplo. Otra cosa es la búsqueda del dinero necesario para satisfacer esas nóminas, porque el ejercicio 2023, como era de prever, no ha dejado superávit en las cuentas. Más bien, todo lo contrario.
Esta es una de las razones por las que el Tesoro Público ha acelerado la emisión de deuda en estas siete semanas que han transcurrido desde comienzos del año 2024. Según sus datos, España ha captado 54.321 millones de euros en las subastas llevadas a cabo de Letras, Bonos y Obligaciones del Estado, y la colocación sindicada con media docena de bancos internacionales de otros 15.000 millones de euros en bonos a diez años. Esta cifra significa que en mes y medio, el Tesoro ha colocado en el mercado el 21,05% de toda la deuda que prevé emitir en el conjunto del año, cuando por calendario hubiera tenido que representar alrededor del 13%.
Algunos de los expertos consultados piensan que este ritmo impetuoso de subastas se debe a la necesidad de disponer de liquidez para hacer frente, entre otras cosas, a gastos que no pueden aplazarse, ante la posibilidad de que el Gobierno no termine de presentar un proyecto de Presupuestos por las incertidumbres políticas.
Son los llamados gastos corrientes, en la jerga administrativa: todos aquellos desembolsos del Gobierno central para mantener el funcionamiento y la provisión de servicios públicos y financiar derechos sociales a las personas. Eso explicaría, en parte, la masiva colocación de deuda en estos comienzos de año, cuando la bajada del precio oficial del dinero es cuestión de pocos meses.
Esos pagos a los que hay que hacer frente con carácter inmediato son la nómina de las pensiones -que va a suponer para el conjunto del año un aumento solo de las llamadas contributivas cercano a los 10.500 millones de euros-, el pago de las prestaciones por desempleo o las primeras mensualidades de los funcionarios públicos. Sólo el sobrecoste de la nómina de enero de las pensiones ha supuesto 749 millones más que en el mismo mes del pasado año.
Emisiones de deuda previstas
En su estrategia de financiación para el año 2024, el Tesoro Público tiene previsto reducir las emisiones netas en 10.000 millones de euros con respecto a 2023, hasta un total de 55.000 millones, “manteniendo la senda de reducción de los últimos años, gracias al sólido crecimiento económico y a la consolidación de las cuentas públicas”, según reza en su presentación. En total, el Tesoro colocará en el mercado este ejercicio 257.600 millones de euros, de los que el 79% servirán para amortizar emisiones anteriores. Algo más de 173.000 millones serán emisiones a medio y largo plazo y cerca de 85.000 millones, a corto.
Hay quienes piensan también que, además de las necesidades financieras del Gobierno, en los primeros meses del año hay una mayor predisposición de los inversores cualificados a la compra de deuda, al estar perfilando cómo será su cartera para el año en curso. Este año, además, la esperanza de que en la primera mitad se pueda llegar a producir una bajada de los tipos de interés ha incrementado el apetito de los compradores institucionales por las que pueden ser las últimas subastas a intereses muy atractivos.
Hasta la fecha, el Tesoro ha emitido 14.215 millones de euros en Letras a tres, seis, nueve y doce meses, y 40.106 millones (incluida la operación sindicada con bancos) en bonos a tres y cinco años y obligaciones a diez, quince y treinta años, a tipos de interés que oscilan entre el 2,879% de los bonos a cinco años y el 3,144% de las obligaciones a diez años o el 3,74 de las Letras a tres meses.
La deuda española sigue teniendo muy buen cartel entre los inversores. Aunque el adjudicado en las subastas ha sido de 39.231 millones, los inversores llegaron a solicitar títulos por más de 70.000 millones. Además, en la colocación sindicada de 15.000 millones en obligaciones a 10 años, al 3,259%, los inversores demandaron 138.000 millones, una cifra récord.
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