El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el 'think tank' de la CEOE, cree que la propuesta de los grandes tenedores para ceder 30.000 viviendas al Estado para alquiler social “va en la buena dirección”, según afirmó Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE y vicepresidente de la CEOE, durante la presentación del informe 'La necesidad de garantizar la propiedad privada en España como condición para la mejora del mercado del alquiler'.
La propuesta planteada por los grandes tenedores, a través de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), pasa por la cesión de vivienda al Estado durante 25 años. En contrapartida, los precios se situarán un 20% por debajo del precio de mercado. De este modo, los propietarios tienen seguridad y certeza en el largo plazo, al mismo tiempo que permitirá que las familias en situaciones más vulnerables tengan capacidad de acceso a una vivienda.
Sobre esta propuesta, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, afirmó esta semana que el Gobierno está estudiando la fórmula, que será a través de concurso público, para poder realizar esa cesión. La ministra apuntó que quieren que esas 30.000 viviendas formen parte de las 100.000 viviendas que desean movilizar como parte del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible.
En este sentido, Fernández de Mesa señaló que el Estado tiene mucha presión desde el punto de vista presupuestario y muy poca capacidad de actuación. Por ello, desde el IEE insisten en que es necesario contar con el sector privado, por la “mayor eficiencia” a la hora de proveer determinados servicios y bienes.
“La mejor forma para que el sector privado contribuya no es desincentivarlo y perjudicarlo a través de una normativa intervencionista, sino tener una norma estable que les permita desarrollarse de forma normal”, destacó Fernández de Mesa.
Durante la presentación, el presidente del IEE fue preguntado sobre la limitación de subidas del alquiler al 2% aprobado por el Gobierno a finales del mes de marzo y prorrogado recientemente hasta el 31 de diciembre. Fernández de Mesa señaló que este tipo de medidas, que “acaban siendo más permanentes que temporales”, son ineficaces. Según indicó, la aplicación de estas herramientas desincentiva a la inversión en vivienda y a la puesta de viviendas en el mercado del alquiler.
Además, el presidente del IEE afirmó que este tipo de limitaciones “producen el efecto contrario”. Así, según apuntó, los alquileres suben cuando son nuevos contratos para compensar esta medida, por lo que puede provocar que la dificultad de acceso sea mayor para los más vulnerables, justo el resultado contrario al buscado.
“Las limitaciones de precios y el intervencionismo en el mercado acaban generando rigideces e ineficiencias que se terminan pagando. Todos los países que han regulado precios en materia de vivienda han acabado con un deterioro muy importante de su parque inmobiliario, lo que termina perjudicando a la parte más vulnerable de la población, porque el Estado no es capaz de proveer de vivienda asequible a estas personas”, sentenció.
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