Los más de tres millones de trabajadores que han sido incluidos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con motivo de la crisis del coronavirus deberán tener en cuenta el próximo año que se considerará que han tenido dos pagadores cuando realicen la declaración de la renta de 2020.
Según el criterio de la Dirección General de Tributos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, antiguo Inem), que asume en caso de ERTE el pago de la prestación por desempleo equivalente al 70% de la base reguladora, pasa a ser considerado un segundo pagador para el contribuyente. La empresa en la que trabajaba es el primero.
El hecho de tener dos pagadores no implica necesariamente que al contribuyente le salga la declaración de la renta a pagar, ya que si ambos pagadores retienen correctamente no habrá ninguna deuda que saldar con el fisco.
El problema se produce cuando uno de los pagadores -habitualmente el segundo- aplica retenciones como si él fuera el único pagador del año que tiene el contribuyente, y aplica por ello una retención menor. Por ejemplo, si el contribuyente trabaja sólo cuatro meses en su segundo empleo y cobra 1.500 euros al mes, el problema está si la empresa asume que su sueldo de todo el año es el equivalente a multiplicar 1.500 por cuatro y no por doce, y aplica la retención equivalente a ese resultado.
En el caso de los ERTEs, se asume que el SEPE aplicará la retención adecuada, por lo que el mayor riesgo para los afectados no está en que la declaración les salga a pagar.
Obligación de declarar
La consecuencia práctica más importante está en el límite exento de declarar. Según el artículo 96 de la Ley del IRPF, los trabajadores que ingresen menos de 22.000 euros al año no tienen obligación de presentar la declaración, pero si tienen dos pagadores entonces ese límite baja a 12.000 euros -en el caso de que las rentas percibidas del segundo pagador sean de más de 1.500 euros al año-.
Dado que los sectores en los que se han producido más cantidad de ERTEs son la hostelería y el comercio, se asume que muchos trabajadores tenían un sueldo inferior a 22.000 euros y no tenían obligación de declarar, mientras que ahora probablemente sí deberán atender esta obligación el próximo año.
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