El Ministerio de Trabajo ha abierto la puerta del diálogo social estatal a la patronal de las pymes catalanas Pimec al margen de lo que dicta el reglamento. En concreto, la reasignación que pretende lograr en el Consejo Económico y Social (CES), uno de los máximos órganos consultivos constituidos por patronal y sindicatos, a través del real decreto aprobado la pasada semana debería haberse consultado antes con las organizaciones representadas en el Consejo.
La pista la dio este jueves el presidente del CES, Antón Costas, quien lamentó que ese cambio no haya sido adoptado "a través del diálogo social y a través de la consulta al CES, como está establecido en el reglamento". En todo caso, añadió Costas, "la Comisión permanente tiene tres meses por delante para abordar esta cuestión y así lo haremos". Al ser repreguntado sobre si era obligatorio que se consultara al CES este cambio, Costas confirmó que "de acuerdo con la ley y el reglamento del CES, sí".
El Gobierno ha dado tres meses al Pleno del Consejo Económico y Social, hasta el próximo 22 de agosto, para modificar su reglamento de funcionamiento interno a fin de incluir en su composición, dentro del grupo de los empresarios, "a las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativas a nivel de comunidad autónoma".
Trabajo modifica el reglamento
La ley original marcaba que "los miembros del Consejo representantes del Grupo Segundo serán designados por las organizaciones empresariales que gocen de capacidad representativa, en proporción a su representatividad, con arreglo a lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, según redacción dada por la Ley 32/1984, de 2 de agosto".
El Estatuto de los Trabajadores señala que "a efectos de ostentar representación institucional en defensa de intereses generales de los empresarios ante las Administraciones Públicas y otras entidades u organismos de carácter estatal o de comunidad autónoma que la tengan prevista, se entenderá que gozan de esta capacidad representativa las asociaciones empresariales que cuenten con el diez por ciento o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal".
Asimismo, "podrán también estar representadas las asociaciones empresariales de comunidad autónoma que cuenten en esta con un mínimo del quince por ciento de los empresarios y trabajadores. No estarán comprendidas en este supuesto las asociaciones empresariales que estén integradas en federaciones o confederaciones de ámbito estatal".
Sin embargo, ahora el Gobierno añade en el artículo 2.3 de la Ley 21/1991, de 17 de junio, por la que se crea el Consejo Económico y Social, que "en todo caso estarán representadas las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativas a nivel de comunidad autónoma". Una vez modificado el reglamento, el Gobierno cuenta con tres meses para nombrar, mediante Real Decreto, a los miembros del CES "a partir de las propuestas de las organizaciones que acrediten el derecho a formar parte del mismo".
Rechazo de patronal y sindicatos
De esta manera, en pocos meses, la patronal Pimec -que en Cataluña ya consiguió en 2019 equipararse en cuanto a representatividad con Foment del Treball, la territorial de la CEOE- ha metido el pie en varios de los órganos consultivos del Estado. Todavía no interlocuta directamente para negociar reformas laborales o de pensiones, tal como ambiciona, pero se va acercando.
La entrada de organizaciones empresariales autonómicas en el Grupo Segundo reducirá previsiblemente el número de consejeros que actualmente tienen las patronales CEOE y Cepyme en el CES, que se han opuesto frontalmente. También CCOO criticó que se haya incluido en el Real Decreto-ley de reforma del subsidio de desempleo por "no ser el vehículo adecuado", y "máxime cuando el Ministerio de Trabajo ni tan siquiera ha abierto previamente un proceso de consulta y diálogo con los agentes sociales y la propia institución".
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