Cerca de 9.000 millones de euros más de gasto en el segundo semestre. Es el coste que estima el Gobierno que tendrá la séptima y última batería de medidas contra la inflación y la guerra antes del 23-J, aprobada este martes en Consejo de Ministros. La cuestión es que la extensión de algunas ayudas ya vigentes y la incorporación de otras nuevas, en un contexto de desaceleración de la recaudación, complica la reducción del déficit público prevista para este año.
En sus previsiones, el Gobierno se había marcado una meta: bajar el déficit público del 4,8% del Producto Interior Bruto (PIB), donde se situó a cierre de 2022, al 3,9% en 2023. Es decir, nueve décimas, lo que equivaldría a cerca de 12.000 millones de euros. La Comisión Europea también espera que España reduzca el desequilibrio de sus cuentas este año hasta el 4,1% del PIB; es decir, en unos 9.000 millones.
De que se consiga ese objetivo dependerá también que se cumpla el compromiso del Ejecutivo con Bruselas de rebajar el déficit público al 3% ya en 2024, año en el que previsiblemente volverán a entrar en vigor las reglas fiscales y los países deberán presentar planes a la Comisión Europea para la consolidación fiscal.
Sin embargo, las nuevas medidas del Gobierno elevan el gasto mientras los ingresos tributarios empiezan a desacelerarse. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avisó el 30 de marzo de que el 2023 no será un año tan extraordinario en recaudación como el 2022. En efecto, hasta abril creció un 5,5%, pero los ingresos siguen cerca de 10 puntos por debajo de los del mismo periodo de 2022.
La Comisión, en las recomendaciones por país del Semestre Europeo publicadas a finales de mayo, estimaba en un 0,6% del PIB el coste de las ayudas contra la inflación en España en 2023, es decir, en cerca de 8.000 millones. Por su parte, el Banco de España estimó en febrero un coste de entre 11.400 y 13.875 millones. Unas cifras que ahora se quedan cortas.
El Ejecutivo calcula que lo acordado en Consejo de Ministros supondrá 3.800 millones en el segundo semestre del año, aunque el gasto total en ese periodo ascenderá hasta los 8.900 millones, pues hay ayudas ya aprobadas que no expiran hasta el 31 de diciembre, como la rebaja del IVA a la luz y el gas, así como las reducciones en el impuesto especial de electricidad y el impuesto sobre valor de la producción de la energía.
"Las medidas aprobadas van a tener el efecto de aumentar el déficit, y por lo tanto el monto de la deuda. El déficit público que se podría haber acercado este año a niveles inferiores al 3,5%, gracias al efecto positivo de la inflación sobre la recaudación, con este paquete de medidas se va a situar por encima del 4%, con el consiguiente esfuerzo adicional para su corrección el año que viene cuando empiecen a normalizarse las reglas fiscales en la UE", advierte Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Medidas generalizadas
El Banco de España ya advirtió en aquel informe de febrero que entre el 80% y el 85% del coste presupuestario se irá en medidas generalizadas y no focalizadas en los que más lo necesitan. Es el caso de las rebajas del IVA en las facturas de la luz y el gas y en los alimentos, esta última prorrogada ahora hasta finales de año junto a las anteriores. También prolonga la subvención al transporte público.
El supervisor bancario alertó entonces que "sustituir estas medidas por una transferencia puntual de renta a los hogares más vulnerables podría mantener su nivel de protección con la mitad del coste presupuestario, evitando distorsionar las señales de precios". Un mensaje que ha reiterado, pero que el Gobierno ha ignorado. El Banco Central Europeo y Bruselas también han desaconsejado estas medidas generalizadas.
Regreso de las reglas fiscales
La reactivación de las reglas fiscales en 2024, suspendidas durante cuatro años por la excepcionalidad de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, será la 'patata caliente' que reciba el nuevo Gobierno. Tras las elecciones generales, previsiblemente tendrán que llegar los recortes.
Además de los 'topes' marcados del 3% de déficit público y el 60% de deuda en relación al PIB del país, la propuesta de la Comisión Europea conocida a finales de abril establece que los Estados miembros con un déficit superior al 3%, como España actualmente, deben llevar a cabo ajustes fiscales mínimos del 0,5% del PIB al año. Esto es, unos 7.000 millones anuales.
En mayo, la Comisión pidió específicamente a España un ajuste de algo más de 9.000 millones (0,7% del PIB) en 2024 para cumplir el objetivo de reducir el déficit por debajo del 3% del PIB. Advirtió de que "el crecimiento del gasto primario neto financiado a nivel nacional no debería superar el 2,6%" y sugirió reducir las ayudas contra la guerra y destinar ese ahorro a atajar el déficit público.
Los deberes de Calviño para el próximo gobierno
El Gobierno ha prometido a la Comisión Europea la creación de 1,1 millones de empleos entre 2023 y 2026, adicionales a "más de un millón de empleos creados tras la pandemia" en el Programa de Estabilidad 2023-2026.
El Ejecutivo ha mejorado su previsión de déficit público sobre el PIB del año 2024, que ha recortado del 3,3% al 3%, el 'máximo' fijado por la Comisión Europea para exigir ajustes fiscales del 0,5% del PIB al país. De esta forma, se compromete a que "España cumplirá con el Pacto de Estabilidad vigente de la UE en 2024", un año antes de lo previsto por el Ejecutivo y ya después de las elecciones generales.
Este martes Calviño ha asegurado en la rueda de prensa tras la aprobación de las nuevas ayudas que España tendrá el menor déficit de la UE en 2024, por debajo de Alemania.
Igual que con el déficit público, el Gobierno asegura que rebajará la ratio deuda PIB será inferior al 110% del PIB en 2024, un año antes de lo previsto. En los Presupuestos Generales de 2023 aprobados en octubre se planteaba que se situara por debajo de este nivel ya en 2025. Atribuye al adelanto al crecimiento económico, el control del gasto público, el incremento de los ingresos y el dinamismo del mercado laboral.
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