En torno al fichaje del marido de Nadia Calviño no hay una puerta giratoria, pero sí un sospechoso trampolín. El matiz puede explicar por qué Unidas Podemos, socio de la coalición que nos gobierna y azote habitual del enchufismo en la clase política, ha guardado silencio absoluto estos días. Ni siquiera el portavoz de la formación morada, Pablo Echenique, látigo inmisericorde del favoritismo y defensor de la máxima pulcritud en las conexiones de lo público y lo privado, ha hecho mención alguna al cambio de trabajo de Ignacio Manrique, que cobrará en Patrimonio Nacional más que 17 millones de españoles.
El esposo de la vicepresidenta económica tiene un currículum notable. Así se describe a sí mismo en Linkedin: "Senior International IT industry Director. Digital Marketing, Business Development, Sales Management, Product Management". Es un profesional con amplia experiencia directiva en marketing digital. Por esa razón, precisamente, podría ingresar sin mayores dificultades en las filas de cualquier compañía del sector.
Manrique, sin embargo, ha optado por saltar al sector público. En concreto, como ha publicado esta semana El Mundo, trabajará codo con codo con la presidenta de Patrimonio Nacional. Se llama Ana de la Cueva, llegó al cargo por designación del Consejo de Ministros y fue secretaria de Estado de Economía durante tres años. Esta conexión convierte, inmediatamente, el fichaje de Manrique en un escándalo, y eleva a la categoría de lo vergonzoso el silencio de quienes tanto han combatido el enchufismo desde las filas del PSOE y Unidas Podemos.
Aunque el marido de Calviño haya cumplido todos los requisitos del proceso de selección, su ingreso en Patrimonio Nacional no puede entenderse sin el vínculo entre la vicepresidenta primera y quien fue mano derecha en el Ministerio. Por eso el fichaje es poco ético y nada estético. Por varias razones.
Manrique cruza el umbral del sector público -si Ana de la Cueva trabajara en el privado no habría nada que objetar-, y lo hace a lo grande. Aunque Patrimonio Nacional no ha querido dar detalles del contrato, los puestos equivalentes en la Administración cuentan con un salario bruto de entrada superior a los 84.000 euros anuales. Para relativizar el tamaño de la nómina sólo hay que repasar cuánto se cobra en España.
Según la última Encuesta de Estructura Salarial publicada por el INE, el marido de Calviño estaría ganando más de seis veces el salario mínimo interprofesional (14.000 euros al año). Aunque la estadística no está actualizada (se elaboró en 2020, con un SMI de 13.300 euros), sí permite hacer una aproximación al tramo salarial en el que se moverá. En la actualidad, habría en torno a 207.000 personas ganando un sueldo semejante o superior. O lo que es igual: hay cerca de 17 millones de asalariados cobrando menos.
El de Manrique es un sueldo privilegiado. Lo demuestra también la estadística de la Agencia Tributaria. El sueldo más común en nuestro país está comprendido entre los 12.000 y los 21.000 euros anuales. Lo cobran más de cuatro millones de españoles, uno de cada cinco trabajadores. La tabla de ingresos del IRPF se estrecha a medida que engordan las nóminas. Sólo 917.192 contribuyentes declaran ganar más de 60.000 euros al año. Entre ellos estará el marido de Calviño.
El fichaje cruza otras líneas rojas. Es la segunda vez en menos de tres meses que un familiar estrecho de un miembro del Gobierno protagoniza un caso similar. El salto que protagonizó en septiembre Mariano Bacigalupo, marido de Teresa Ribera, fue mayor en todos los sentidos: por la nómina que ya está cobrando y por la influencia que atesorará mientras dure su mandato como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El esposo de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica cuenta también con un currículum intachable, como jurista y experto en regulación de los mercados energéticos. Gracias a él obtuvo un puesto de responsabilidad en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Energía (CNMC). Entró en el terreno de la incompatibilidad cuando Ribera ingresó en el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero el abogado eludió renunciar y su mujer no vio inconveniente.
Bacigalupo tampoco habría encontrado mayor obstáculo para pasar a la esfera privada. Pero acabó escalando hasta sentarse en otro sillón de consejero, por designación del Consejo de Ministros. Pese a carecer de experiencia en los mercados financieros, tiene por delante un mandato de cuatro años con un sueldo anual mínimo de 141.910 euros. Tendrá un plus en términos de poder: el que otorga la información que manejan los consejeros de la CNMV, que controla los movimientos de todas las grandes empresas de este país.
Los maridos de Calviño y de Ribera tendrán en común un 'salariazo' con cargo al erario público, pero nada objetable a ojos del Gobierno, a pesar de que la expresión "igualdad de oportunidades" es recurrente en el Acuerdo de Coalición sellado en septiembre de 2019. O de que el programa con el que Sánchez concurrió a las últimas elecciones generales prometía lo siguiente: "Regular de manera más efectiva los conflictos de intereses ante el fenómeno de las puertas giratorias, fijando con precisión las condiciones de incompatibilidad para las personas interesadas y endureciendo las sanciones por su incumplimiento".
El presidente del Gobierno siempre podrá alegar que lo que han usado los esposos de sus ministras es, más que una puerta giratoria, un trampolín.
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