La llegada del coche eléctrico "obligada" por la Unión Europea y la compleja transición que está suponiendo las severas normativas de emisiones -que obligan a millonarias inversiones a los fabricantes para lograrlo y que se repercuten en el precio final de los turismos- está retrasando la renovación del parque automovilístico español.
La propia patronal de los concesionarios, Faconauto, pide por ello al Gobierno que se oponga a la aprobación de la norma Euro 7 que se está discutiendo en Europa. Además, solicita el respaldo de los partidos políticos para impulsar el marco regulatorio “razonable” para los concesionarios, como está ocurriendo en Italia y Francia.
La mayor parte de los ciudadanos de nuestro país, la que corresponde con la denominada “clase media”, se está quedando fuera de la transformación que está experimentando la movilidad, ha advertido el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.
El máximo responsable de Faconauto cree que la aceleración artificial del proceso de descarbonización que se está impulsando desde la Unión Europea, secundado por el Gobierno, corre el peligro de polarizar el mercado de la automoción, con una minoría que sí puede acceder a las nuevas tecnologías y una mayoría que, por renta, se tiene que conformar con seguir conduciendo vehículos viejos y contaminantes
"Es una transición que casi nadie entiende, porque Europa es el único mercado del mundo en el que se está eligiendo la prohibición y no la elección de los compradores para impulsar el vehículo eléctrico”, señala Pérez.
Al respecto, el presidente de la patronal de los concesionarios considera que, si sale adelante la nueva norma Euro 7, prevista para 2025, esta polarización de la movilidad irá más allá, reduciendo nuestro mercado de la automoción. De esta manera, asegura, se acentuará el retraso que nuestro país ya arrastra para cumplir los objetivos de electrificación, lo que, inevitablemente, también debilitará un sector tan esencial para la actividad económica y el empleo.
Por ello, el presidente de Faconauto ha pedido que el Gobierno se oponga a la aprobación de la norma Euro 7 y que aclare, al tiempo, si dentro del modelo de movilidad para el que está legislando de cara al futuro incluye o no al vehículo privado.
Para que no haya una movilidad de “dos velocidades” en España, Faconauto considera esencial que las familias sean ayudadas en esta transición mediante medidas que ya considera “urgentes”.
En concreto, Gerardo Pérez, se ha referido a un Plan Moves que sea percibido como una ayuda directa a la adquisición del vehículo eléctrico, con la reducción del plazo de pago al comprador, a apostar, en paralelo, por un plan de descarbonización basado en la neutralidad tecnológica, a despejar el embrollo burocrático que supone instalar un punto de recarga y a articular una fiscalidad que haga más atractiva de cara a ciudadanos y empresas la movilidad electrificada.
Nuevo modelo de concesionarios
Faconauto llama también la atención sobre la tentación que algunos fabricantes están teniendo de desdibujar el papel de los concesionarios con su apuesta de ir hacia un modelo distribución basado en el contrato de agencia. “La distribución de vehículos basada en el contrato de agencia sólo es una estrategia por parte de algunos fabricantes para reducir sus costes, dejando a un lado el valor añadido que aporta el concesionario.
El contrato de agencia convierte a los concesionarios en simples entregadores de vehículos y dilapida nuestro fondo de comercio. Tenemos que reivindicar sin complejos el actual modelo de distribución como el más eficaz, el que más riqueza crea, el que proporciona una mejor experiencia para el cliente y el que nos permitirá cumplir con los objetivos de descarbonización que nos plantea la UE”, ha indicado Gerardo Pérez.
Faconauto ha recordado que el mayor problema que vive actualmente la red de concesionarios es la cancelación unilateral de contratos llevada a cabo por Stellantis, que terminará con entre 9.000 y 12.000 empleos en mayo de este año.
Por ello, el presidente de la patronal ha pedido el respaldo de los partidos políticos para impulsar el marco regulatorio “razonable” que necesita el sector para amparar al tejido empresarial de los concesionarios, tal y como acaba de suceder en Italia o como el que se está gestando en Francia.
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