Una treintena de franquiciados se sumarán a la denuncia por presunta estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos contra el Grupo Restalia en la ampliación que se presentará ante el Juzgado de Instrucción Número 52 de Madrid, donde se abrieron diligencias previas contra 29 sociedades vinculadas al grupo, incluidas 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger.
Así lo han anunciado este jueves los abogados de los despachos Cremades & Calvo-Sotelo y Rafael Franco Abogados, a cargo de la representación de los franquiciados presuntamente afectados. Según han precisado en rueda de prensa, 30 franquiciados se sumarán al procedimiento en el que ya habían denunciado otros 32.
Según los denunciantes, Restalia y los responsables de las empresas habrían, entre otras cosas, ocultado la existencia de acuerdos con proveedores que hacían inviable el proyecto. Calculan que el Grupo habría causado un perjuicio de casi 20 millones de euros a los primeros 32 franquiciados. El perjuicio promedio, han apuntado, sería de entre 300.000 euros y 600.000 euros por franquiciado.
"Números irreales"
Los abogados han querido dejar "muy claro" que no están cuestionando el modelo de franquicia como negocio. "Sin embargo, a la vista del desgarrador y sangrante testimonio de los franquiciados y a la vista del patrón sobre los hechos consideramos que deberíamos trabajar y ahondar en estos hechos", han señalado.
En el marco de la rueda de prensa, han asegurado que han aplicado "varios filtros" para confirmar que lo que dicen los franquiciados "es verdad". "Hemos hechos 33 informes periciales que dan fe", han insistido.
Según los abogados, los hechos denunciados son "muy graves". "Hay una conducta inicial: hay una captación indiscriminada de franquiciado con promesas de rentabilidad", han relatado. Lo han calificado como "una tragedia griega en su máxima expresión".
En este sentido, han incidido en que a los franquiciados se les hizo entrega de un plan de negocios con unos "números irreales" que conllevaron a la firma de los contratos. Han denunciado, además, cláusulas de exclusividad de abastecimiento con proveedores que, según han dicho, ofrecían precios por encima del mercado.
En la rueda de prensa también han participado tres franquiciados que forman parte de la acción penal que se dirige contra el Grupo Restalia. Los tres han relatado a los medios su experiencia y han denunciado los hechos que, a su juicio, incumplían con la relación contractual que tenían: desde improvisación por parte de la empresa hasta problemas en el modelo de negocio.
"Nos vamos a una franquicia porque creemos que hay unos estudios y luego no se cumple ninguno de los ratios", ha subrayado Enrique Cebeira, exsecretario de la junta directiva de la Asociación Española de Franquiciados de Restalia, que tuvo un 100 Montaditos y de The Good Burger.
José Antonio Lombardía de Saint-Germain, franquiciado de Panther, ha asegurado que fue "un conejillo de indias" porque se trataba de "un modelo que no estaba probado en absoluto". "Era una improvisación continua, que es todo lo contrario a un modelo de franquicia", ha dicho.
Otro de los franquiciados de The Good Burger (TGB), Julián García Movellán, ha denunciado el envío de carne caducada por parte de uno de los proveedores de Restalia, según ha dicho, por orden del mismo Grupo. Ha precisado que se negó a venderla en el local que tenía franquiciado. Los tres que han presentado su caso ante la prensa vieron fracasar sus franquicias y entraron en concurso de acreedores.
Investigación inicial
Fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que el titular del Juzgado consideró pertinente abrir las diligencias previas y subrayaron que la investigación se encuentra aún en una fase "absolutamente inicial".
Según precisaron las mismas fuentes, el juez está a la espera de que se designen los peritos correspondientes para elaborar un informe pericial sobre la información disponible en el procedimiento para establecer si hay o no indicios de presuntos delitos.
Además de dirigirse la causa contra 29 mercantiles vinculadas con Restalia, también se incoaron diligencias contra el dueño del Grupo, José María Fernández Capitán, y otra veintena de responsables de distinto nivel en las empresas del conglomerado.
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