El Tribunal de Cuentas ha publicado un informe este lunes en el que analiza las contrataciones realizadas por la Seguridad Social en el año 2018, en el que se han detectado gastos por parte de esta Administración que no están debidamente justificados.
Se trata de contrataciones cuya justificación es demasiado genérica, dado que la Seguridad Social sólo alega no disponer de los medios adecuados para poder hacer ese servicio sin subcontratas. Entre los trabajos encargados figura la realización de obras y reformas en edificios o locales, servicios de limpieza y mantenimiento, reparto de paquetería, explotación de cafeterías y comedores, vigilancia y seguridad, suministro de alimentos, servicios de consultoría o contratación de energía, entre otros.
Estos son gastos que el actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quiere que dejen de corresponder al propio sistema, ya que los considera "impropios" y no cree que deban financiarse con cargo a las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y las empresas y que constituyen la fuente principal de ingresos de esta Administración.
Estos gastos ascienden a 23.000 millones de euros, según su estimación, una cantidad que podría dedicarse al pago de las pensiones, lo que contribuiría a contener el déficit público y la deuda pública que acumula el sistema.
Irregularidades detectadas
Hasta la fecha, la Administración de Seguridad Social sí tiene que hacerse cargo de estos gastos, pero según el Tribunal de Cuentas no lo ha hecho de la manera adecuada.
En algunos expedientes de contratación, ilustran, "no figura, como parte de las actuaciones preparatorias, una memoria o documento de carácter económico o algún tipo de estimación de mercado, previo a la contratación, en el que se justifique por qué se ha fijado un presupuesto determinado y no otro mayor o menor", ponen de ejemplo, lo que puede haber redundado en un gasto superior al necesario.
Denuncian, además, que algunos pliegos tienen deficiencias y que no son acordes a los "principios de igualdad, transparencia, economía y eficiencia, que resultan aplicables a la contratación del sector público".
También ve el Tribunal de Cuentas algunos problemas en las adjudicaciones. Por ejemplo, en dos casos los criterios que utilizó la Seguridad Social para adjudicar el servicio "no guardaban relación directa con el objeto del contrato".
Promesas de mejora
Las entidades de la Seguridad Social señaladas por el Tribunal de Cuentas admiten en los anexos del informe los errores detectados y prometen mejoras a futuro.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) promete que "en futuras licitaciones se será más riguroso en el cumplimiento de la obligación de publicar la información contractual que se contempla, como mínima, en el artículo 63 de la Ley de Contratos del Sector Público".
El actual secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, que no ocupaba el cargo cuando se produjeron estas irregularidades, suscribe las alegaciones de cada entidad.
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