La suspensión cautelar de la ley antidesahucios andaluza tendrá un claro beneficiario: el sector financiero. La banca está cerca de 'salvar' en el entorno de 150.000 pisos de su propiedad, según cálculos del sector, que estaban afectadas por la ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. La medida del Tribunal Constitucional suspende la expropiación temporal por parte del Gobierno andaluz de todas aquellas viviendas inmersas en procedimientos de desalojo instados por los bancos y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
La ley andaluza antidesahucios excluía de esta expropiación forzosa durante tres años aquellos inmuebles desocupados que son propiedad de particulares, a las segundas residencias o a las destinadas al turismo de alquiler. En el caso de los bancos, las entidades afectadas por la expropiación recibirían a cambio un 2% del justiprecio, lo previsto en la Ley de Expropiaciones.
El Tribunal Constitucional suspendió este jueves de forma cautelar la normativa antidesahucios, al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno. La ley andaluza recurrida fue aprobada el pasado 1 de octubre y derogó el decreto ley de Andalucía de abril sobre este mismo asunto y que, en su momento, ya fue objeto de otro recurso de inconstitucionalidad, que también supuso su suspensión cautelar. Desde que el Consejo de Ministros acordó, el pasado 13 de diciembre, presentar un recurso ante el Constitucional contra la ley, la Junta de Andalucía ha culminado dos expropiaciones de viviendas en Huelva y Torremolinos (Málaga) y ha iniciado otros 37 expedientes de expropiación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, al tiempo que ultimaba otras 115 en las ocho provincias. La admisión a trámite del recurso no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal Constitucional tendrá que resolver en próximas fechas.
La medida del TC también tendrá efectos positivos en la Sareb, de confirmarse la anulación definitiva de la norma andaluza. Su plan de negocio podría verse alterado por esta legislación inmobiliaria en Andalucía, según reconocían fuentes de la institución presidida por Belén Romana en abril pasado, cuando entró en vigor el real decreto. Éste contemplaba una serie de multas económicas en función de una serie de sanciones. La más grave, que una vivienda esté desocupada, establecía un pago de 9.000 euros. El impacto económico en la Sareb podría haber alcanzado los 54 millones, según los cálculos efectuados por el sector inmobiliario.
Estas mismas fuentes estiman que la Sareb podría contar con una bolsa de 6.000 viviendas en Andalucía, un 8% del total de su parque de pisos, heredadas de las diferentes entidades nacionalizadas. La aplicación de estas sanciones gravaría la cuenta de resultados de la Sareb durante los tres primeros ejercicios, el espacio temporal que contempla el decreto andaluz su medida de expropiación de viviendas. En estos tres primeros años, la Sareb prevé unos beneficios de 203 millones: 47 millones de pérdidas en 2013; 63 millones, en 2014 y un total de 140 millones, en 2015.
La preocupación en la Sareb por esta iniciativa en Andalucía ha sido máxima durante estos meses . Junto a las posibles sanciones, la expropiación de su parque en Andalucía podría poner en dificultades el desarrollo de su plan de desinversiones y la potencial captación de inversores. "El objetivo de la Sareb es sacar al mercado la mayor cantidad de viviendas posibles en el menor tiempo para ayudar a la reestructuración financiera", aseguran fuentes de la institución presidida por Belén Romana.
El pasado 2 de enero, la Junta de Andalucía informó de que había tomado posesión en Huelva de la última vivienda expropiada a una sociedad dedicada a la compraventa de activos inmobiliarios para evitar el desahucio de la familia que reside en la misma, a la que se la ha cedido por tres años.
En Andalucía hay alrededor de 700.000 viviendas desocupadas, de las que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas. De este volumen, en el entorno de 150.000 viviendas son propiedad de los bancos.
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