"Nos preocupa que los Tribunales están fallando los temas importantes y con gran impacto recaudatorio a favor de Administración. Son conscientes de los grandes problemas recaudatorios que tiene el país", advierte a Vozpópuli el socio del área fiscal de un conocido despacho de abogados en España.
Este abogado ha detectado últimamente una "mayor sensibilidad" de los tribunales hacia las necesidades de recaudación del Estado, que ha sufrido un desplome de los ingresos tributarios por el impacto de la pandemia y afrontará este año una importante desviación del déficit público, hasta el entorno del 11% del PIB. Su sensación es compartida por otros especialistas en derecho fiscal, pero prefieren ser cautos al hacer este tipo de denuncias sobre cuerpos independientes como el judicial.
"Entendemos que no se puede hablar propiamente de un cambio de criterio de los tribunales para alinearse con la Administración Tributaria en la adopción de criterios recaudatorios. En el ámbito tributario es frecuente que los tribunales de justicia adopten criterios favorables a la Administración, en ocasiones de forma desconcertante, pero tampoco es infrecuente lo contrario", explica a este medio Javier Lucas, socio del área tributaria de Ceca Magán Abogados.
Admite, sin embargo, que "otra cosa es que, actualmente, y a la vista de la apremiante necesidad de obtención de recursos por parte de la Administración, en los pleitos relativos a impuestos, la Abogacía del Estado extreme el rigor en la interpretación de la Ley tributaria y adopte actitudes más beligerantes, por ejemplo impugnando resoluciones donde antes se aquietaba, y que de ello se derive un mayor número de sentencias desfavorables para los contribuyentes".
Fallos inesperados
Además de casos puntuales de jurisprudencia en los que la balanza se ha decantado en favor del Estado, otro especialista en derecho tributario -que también prefiere preservar el anonimato- recuerda el fallo del Tribunal Constitucional sobre el pago fraccionado en el Impuesto de Sociedades. Este alto tribunal no decidió declarar inconstitucional el sistema de pago aprobado por Cristóbal Montoro en 2016, sino que sólo declaró inconstitucional la forma de aprobarse por real decreto-ley.
Este fallo, que fue recibido con sorpresa en los despachos de abogados, suponía seguir beneficiando al Estado -que puede en adelante seguir financiándose gratuitamente gracias a este sistema-, y seguir perjudicando a las grandes compañías -por el coste de oportunidad de tener ese dinero retenido-.
"Pese a que al Constitucional se le planteó que el sistema de pago en sí era inconstitucional, decidió no pronunciarse sobre el tema", algo que sólo puede perseguir la intención de no perjudicar al Estado, apuntan esas mismas fuentes.
El Registro de Asesores Fiscales (REAF) ha advertido en el último año en varias ocasiones de que la Agencia Tributaria ha intensificado su labor recaudatoria
Otra sentencia que también ha llamado la atención en el sector es la que emitió el Tribunal Supremo en julio, con un voto particular, en la que decidió que se puede iniciar un procedimiento sancionador antes de que se haya notificado a la persona o entidad acusada de cometer la infracción la liquidación tributaria.
“Nos sorprendió el fallo de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2020 porque hasta la propia Administración tributaria había empezado a corregir su forma de tramitar los expedientes sancionadores, retrasando su inicio hasta no haber notificado la liquidación de la que traía causa”, señala a este periódico Javier Vinuesa, socio del departamento fiscal de Gómez Acebo & Pombo.
Más requerimientos y notificaciones
El Registro de Asesores Fiscales (REAF) ha advertido en el último año en varias ocasiones de que la Agencia Tributaria ha intensificado su labor recaudatoria, con mecanismos como envíos masivos de cartas a empresas, autónomos e individuos para incentivar que declaren correctamente sus ingresos, una práctica que ha resultado beneficiosa para la recaudación, según han reconocido desde Hacienda.
Otro ejemplo de este cambio de tendencia lo pone Toni Prat, socio del área Fiscal de Andersen, que advierte de que "en los últimos meses, varias sociedades han recibido requerimientos por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Inspección de Trabajo, en las que se les solicita que regularicen su situación y declaren cómo retribución en especie todas las entregas de portátiles, móviles, tabletas, etc. que hayan facilitado a sus trabajadores en los últimos cuatro años".
"Previsiblemente, se está cambiando de criterio para incrementar la recaudación. El criterio, que pretenden aplicar, implicaría una subida de la base de cotización de la Seguridad Social y el tipo impositivo. Ello, adicionalmente implica que la carga tributaria y de parte de la Seguridad Social afecta sustancialmente al empleado", señala.
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