Nueva derrota judicial de la Comunidad de Madrid en el contencioso que libra desde hace años con la constructora OHL, por las obras ferroviarias que debían unir las localidades de Móstoles y Navalcarnero, en el que se reclaman 350 millones de euros.
En una Providencia firmada el pasado día 7 de octubre, el Tribunal Supremo inadmite a trámite recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid contra la sentencia dictada el 21 de diciembre de 2020 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En aquella sentencia se concluyó que la resolución del contrato efectuada por la Comunidad de Madrid y la compensación exigida de 355 millones a OHL, debían ser declaradas nulas.
Cemonasa, filial de OHL, se adjudicó la obra ferroviaria en 2007; en 2010 se paralizaron las obras y la empresa fue a concurso
El Supremo indica en su reciente Providencia que el escrito de la Comunidad de Madrid "adolece de falta de justificación suficiente y adecuada de que las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución recurrida (...)".
Cemonasa, filial de OHL, representada en este caso por el despacho Business & Law, se adjudicó en 2007 la construcción y concesión de la línea de Cercanías Móstoles-Navalcarnero. Las obras del tren se paralizaron en 2010.
La filial de OHL entró entonces en concurso de acreedores, dándose inicio en los tribunales una serie de reclamaciones millonarias entre la constructora fundada por Juan Miguel Villar Mir y la Comunidad de Madrid.
El fracaso de Cifuentes
El Gobierno de Cristina Cifuentes de la Comunidad de Madrid impulsó una estrategia judicial que ha resultado ser un fracaso en el caso del tren a Navalcarnero.
El Gobierno de Cifuentes acordó la resolución del contrato con Cemonasa y requirió una compensación de 350 millones
Por un lado acordó la resolución del contrato de concesión con Cemonasa. Y por otro impulsó una reclamación de 355 millones de euros contra la empresa por las obras ferroviarias inacabadas.
Pero la estrategia del Gobierno de Cifuentes se ha estrellado contra el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) primero, y contra el Tribunal Supremo después.
El TSJM tumbó en julio de 2019, tras recurrirlo Cemonasa, la Orden de la Consejería de Transportes, Viviendas e Infraestructura de la Comunidad de Madrid por la que se acordó la resolución del contrato de concesión de la obra ferroviaria con la filial de OHL, como informó este diario.
El TSJM rechazó el pasado mes de diciembre la compensación requerida por la Comunidad de Madrid
El TSJM explicó que la Comunidad de Madrid no podía reclamar la potestad de declarar resuelto el contrato cuando esta se había acordado ya por el Juez del concurso de acreedores de Cemonasa: la declaración de concurso de acreedores de una concesionaria da lugar siempre a la resolución del contrato. El Supremo, después, inadmitió recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid.
El pasado mes de diciembre, el TSJM también rechazó la compensación requerida por la Comunidad de Madrid a OHL de 355 millones de euros. Y en la Providencia del pasado día 7 de octubre del Tribunal Supremo, se inadmite recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid.
Próxima estación, diciembre
De las reclamaciones cruzadas entre OHL y la Comunidad de Madrid sólo queda ya abierta en la vía contencioso administrativa la demanda de la constructora española de 353 millones contra la Comunidad de Madrid.
Como informó Vozpópuli, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid informó en una Providencia del pasado 1 de febrero, a la que ha tenido acceso este diario, que en el proceso de la demanda de OHL contra la Comunidad, quedan las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo.
El fallo del TSJM sobre la demanda de OHL contra la Comunidad de Madrid previsiblemente tenga lugar el próximo mes de diciembre.
Ángel Garrido dijo que los madrileños no tenían que pagar las culpas de un proceso en el que se partió de algo ilegal
Ante la posibilidad de que la Comunidad de Madrid tenga que afrontar un pago millonario a OHL, se ha sacado a relucir la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional sobre este caso.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, declaró el pasado 28 de enero que los madrileños no deberían pagar "las culpas de un proceso en el que se partió de algo ilegal".
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, investiga, en el llamado caso Lezo, el supuesto pago de una comisión ilegal de 1,4 millones de euros al entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación, en 2007, del contrato para la construcción y concesión de la línea de Cercanías que debía unir Navalcarnero y Móstoles.
OHL advirtió en un comunicado ese mismo día que la Comunidad de Madrid deberá aquietarse a las decisiones que se adopten en los tribunales.
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