Hace una par de semanas, un representante sindical de un sector económico muy localizado en una comunidad autónoma justificó el que ningún parado aceptara trabajos estacionales por los bajos sueldos que se ofrecen. No tenían aliciente alguno para abandonar el SEPE, dejó entrever. Nada que no haya ocurrido el pasado año en la hostelería, en los meses veraniegos, o en otros sectores como el comercio al por menor, en las rebajas de verano o de invierno después de la pandemia.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha ido más allá, pero el sentido de la marcha ha sido el contrario. En el contexto de que el sindicato socialista es contrario a la contratación en origen para cubrir las vacantes laborales en determinados sectores, Álvarez acaba de defender la posibilidad de que el Estado pueda dar de baja como beneficiario de una prestación por desempleo a aquellas personas que rechacen una oferta de trabajo y formación.
La realidad es la que indican las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal. Con los últimos datos publicados, el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo a finales del pasado mes de enero era de 1.901.340, para un paro registrado de 2.908.397 personas, la cifra más baja en ese mes desde 2008.
Según el propio SEPE, “la cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de enero de 2023 fue del 69,25%. El mismo indicador en enero de 2022 era del 62,86%, lo que supone un aumento del 10,2%”. Un 47,13% de los beneficiarios cobraban una prestación contributiva, entendiendo por tal aquella que “protege la situación de desempleo de quienes pudiendo y queriendo trabajar pierden su empleo de forma temporal o definitiva o ven reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo entre un 10% y un 70%”. Para acceder a la misma se requiere la cotización previa a la Seguridad Social del trabajador afectado.
De los 1,9 millones de personas beneficiarias de algún tipo de prestación por desempleo, cerca del 53% perciben subsidios como tal, en forma de renta activa de inserción o como subsidio de eventuales agrarios. Sólo el 47,13% ha cotizado el tiempo necesario para tener derecho a una prestación contributiva. El Ministerio de Trabajo define los subsidios por desempleo como las ayudas “destinadas a todas aquellas personas que están desempleadas y han agotado la prestación contributiva o no tienen derecho a ella”.
Clasificación de las prestaciones
A cierre del pasado mes de enero, últimos datos pormenorizados que ha publicado el departamento que dirige Yolanda Díaz, había 896.156 beneficiarios de la prestación contributiva; 823.020, del subsidio por desempleo; 97.388, de la renta activa de inserción (una prestación destinada a desempleados que no perciben otras ayudas y que acreditan especiales dificultades de reinserción en el mercado laboral); y 84.766 del subsidio de eventuales agrarios, circunscrito, exclusivamente, a las comunidades de Extremadura y Andalucía.
Las prestaciones por desempleo costaron el pasado mes de enero 1.992,5 millones de euros, un 9,22% más que en el mes anterior y un 4,5% más que en el mismo mes de 2022. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, fue de 1.071 euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 23,2 euros (2,2%). La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario fue de 966 euros, un 7,3% más que hace un año. Y es que también ha habido subida en 2023 para tratar de compensar los efectos de la inflación.
Las prestaciones contributivas se llevan las dos terceras partes del gasto total, con 1.366 millones de euros. El otro 31,4%, algo más de 626 millones de euros, se distribuyen entre el subsidio de desempleo (533 millones), el subsidio especial agrario (47 millones) y la renta activa de inserción (47 millones).
Un sistema demasiado 'generoso'
El problema sobre el posible 'exceso de generosidad' del sistema de desempleo no es actual. Según Eurostat, un desempleado español tenía apenas un incentivo del 18% para dejar de cobrar la prestación por desempleo: lo que la oficina estadística de la UE llama "unemployment trap" viene a traducirse por la diferencia de salario que cobraría un desempleado español por ponerse a trabajar en lugar de estar en casa.
En el año 2013, uno de los peores años para el empleo en España, había 1,86 millones de beneficiarios, de los que el 45,75% (1,31 millones de personas) cobraba la prestación contributiva, y el resto, 1,55 millones, el 54,25%, algún tipo de subsidio.
Uno de los casos más emblemáticos de esta extraña situación es Andalucia. Con el 18% de la población total de España en 2022 (8,54 millones de habitantes), tiene el 25,75% de los parados registrados en el SEPE; el 27,1% de los beneficiarios de cualquier tipo de prestación por desempleo, y apenas el 32,5% del total de perceptores contributivos, cuando la media en España es del 47,13%. Dos tercios de los desempleados andaluces vive del subsidio.
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