El Tribunal General de la Unión Europea tiene previsto pronunciarse esta semana sobre el intento de compra de O2, la filial de Telefónica en Reino Unido, realizado por el grupo chino Hutchison en el año 2016.
La Comisión Europea vetó entonces la operación, que habría supuesto la creación del líder en telefonía móvil en Reino Unido, y que habría permitido a Telefónica eludir uno de los escollos con los que ha estado luchando en los últimos ejercicios, su elevada deuda.
Casi cuatro años después de que el gigante chino presentara recurso contra la prohibición de las autoridades europeas a la compra, el tribunal competente de la UE para conocer sobre los recursos interpuestos contra decisiones de sus organismos, finalmente se pronuncia.
Margrethe Vestager, la comisaria que se opuso a la compra de O2 por Hutchison, valora ahora la fusión con Virgin de la filial de Telefónica
Y lo hace cuando las mismas autoridades de competencia de la UE que prohibieron la venta de O2 a Hutchison tienen ahora que estudiar la fusión acordada recientemente por la filial británica de Telefónica con Virgin.
Telefónica valoró la salida a Bolsa de O2 tras el veto europeo a la venta a Hutchison, pero las circunstancias de los mercados llevaron al grupo español a descartar esa opción.
Este mes la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete ha acordado la fusión de su filial británica con el negocio en el país del grupo Liberty, propietario de la marca Virgin.
Contrario a competencia
El órgano de Justicia de la UE comunicará previsiblemente este jueves la sentencia frente al recurso presentado por Hutchison contra la decisión de la Comisión Europea que impidió la compra de O2.
Hutchison defiende que su cuota de mercado en Reino Unido era solo del 3% y que la Comisión no tendría que haber vetado la operación
La Comisión Europea concluyó en mayo de 2016 que la venta de O2 a Hutchison hubiese eliminado "la presión competitiva que Three [la filial del gigante chino en Reino Unido] y O2 se ejercen mutuamente y sobre los otros operadores, lo que reduciría significativamente la competencia en el mercado minorista".
También advirtió que la operación hubiese afectado "a los acuerdos de uso compartido de redes existentes en el mercado de servicios móviles en el Reino Unido, que están funcionando bien".
Hutchison defiende la compra
Hutchison, una de las mayores cotizadas en Hong Kong, con ingresos anuales superiores a los 55.000 millones de dólares, recurrió la decisión de la Comisión Europea alegando cinco motivos.
El gigante chino asegura que la Comisión incurrió en un error al considerarlo como "fuerza competitiva importante" cuando, dice, solo tenía una cuota de mercado del 3%, y al analizar las repercusiones en los precios.
El gigante chino defiende que la Comisión basó su decisión en opiniones de terceros, y no en un análisis interno
Hutchison también defiende que la Comisión no analizó la capacidad de su red con respecto a la de sus competidores. Y que cometió errores de Derecho y de apreciación sobre el "perjuicio potencial a los competidores de la entidad resultante de la Concentración en lugar de en el perjuicio a la competencia".
El grupo chino sostiene que la Comisión basó sus conclusiones "en las opiniones de terceros en lugar de llevar a cabo su propio análisis". Y por último defiende que no se valoraron correctamente sus compromisos en respuesta a las reservas mostradas a la operación.
En frente, Margrethe Vestager
La comisaria europea de Competencia Margrethe Vestager, la misma que en 2016 se opuso a la venta de O2 a Hutchison, está ahora al frente de la valoración que el organismo tomará sobre la fusión de la filial de Telefónica con Virgin.
Vestager, que también es vicepresidenta de la Comisión Europea, se ha mostrado contundente en los últimos cinco años frente a operaciones que puedan suponer una reducción de las condiciones de competencia en los mercados europeos.
En el sector de las telecomunicaciones, Vestager es temida como azote del sector extracomunitario.
Ha liderado decisiones como la multa de 14.300 millones de euros impuesta por la Comisión a Apple en 2016, por su esquema fiscal en Irlanda, o la de 2.400 millones a Google por haber favorecido en su buscador la contratación de sus servicios. También en enero de 2018 se impuso otra multa de 1.000 millones por abuso de posición dominante a Qualcomm.
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