La Audiencia Provincial de Barcelona ha reconocido a Pablo Raventós, exconsejero delegado de Unipost, una indemnización de 149.239,14 euros tras ser despedido por la administración concursal de la compañía, quebrada hace cuatro años y hoy en fase de liquidación en el Juzgado de lo Mercantil nº7 de Barcelona, según una sentencia consultada por Vozpópuli.
Raventós, miembro de la familia dueña de Codorniú, fue despedido de la compañía por el administrador concursal a comienzos de 2018 por su elevado sueldo. En aquel momento, al ejecutivo le fue reconocida una indemnización de 88.625 euros. Raventós tenía una retribución mensual de 36.000 euros, una cantidad que incluía la parte proporcional de las pagas extras, que las tenía prorrateadas.
En un primer pronunciamiento, el juez del concurso declaró que la relación de Raventós con Unipost era mercantil y no laboral y desestimó la demanda en la que reclamaba una indemnización por despido improcedente y otros conceptos remuneratorios.
Posteriormente, la administración concursal presentó una demanda en la que solicitaba dejar sin efecto la indemnización por extinción de contrato, falta de preaviso y obligación de no competencia pactadas en el contrato de alta dirección de Raventós y, a su vez, aplazar cualquier tipo de pago hasta que se aclarase si el concurso de acreedores fue culpable o fortuito.
El juzgado de lo mercantil que encabeza Raúl García Orejudo estimó íntegramente la demanda de la administración concursal, Fieldfisher Jausas, y desestimó la reconvención de Raventós, dejándole sin ningún tipo de indemnización en base a los estatutos de la empresa, que señalan que los consejeros no deben percibir retribución por ese cargo.
No obstante, Raventós y sus asesores legales del despacho Augusta Abogados acaban de darle la vuelta al asunto. La Audiencia Provincial ha estimado parcialmente su recurso y le ha reconocido una indemnización de 149.239,14 euros.
Este cambio de guion se debe a que el contrato de Raventós con Unipost estaba aprobado por el socio único de la compañía, Unipost Servicios Generales SL, que está por encima de los estatutos de Unipost y sí había acordado que el cargo fuera retribuido. El Supremo se había pronunciado ya en este sentido en otro procedimiento y de ahí que los abogados de Raventós hayan podido basarse en ese caso para lograr el reconocimiento.
No obstante, Raventós no ha logrado que se reconozca la totalidad de la cuantía solicitada, que asciende a algo más de un millón de euros, y ha presentado un recurso de casación todavía pendiente de admisión a trámite, según explican las fuentes consultadas por este diario.
Esa cantidad queda desglosada de la siguiente manera: 33.644,43 euros corresponden a los últimos días antes de presentarse el concurso (15 de junio a 17 de julio de 2017), 19.863,16 euros a los días transcurridos de febrero de 2018 (cuando se acordó su despido), 3.896,84 euros a vacaciones no disfrutadas de 2018, 3.209,16 euros a prorrateo de pagas extras y 88.625,55 euros de la ya citada indemnización, a razón de 7 días por año.
Unipost culpa a Correos de su caída
El operador postal catalán que nació para tambalear el reinado de Correos echó el cierre con una deuda que supera los 100 millones de euros. A ojos de la compañía, el culpable de la situación está claro: Correos, la compañía estatal, a la que reclama en los tribunales la friolera de 340 millones de euros por competencia desleal.
Unipost defiende que Correos se aprovechó de las ayudas públicas ilegales (limitadas por la Comisión Europea) para mantener una posición de dominio y ofrecer precios predatorios, lo cual terminó provocando la expulsión del mercado de la compañía catalana y su posterior quiebra. La demanda ha sido presentada con el apoyo financiero de Ramco y Taconic, dos fondos de litigación. De lograr una victoria, el dinero serviría para pagar a todos los proveedores y saldar las deudas pendientes de la compañía.
El juicio arrancó hace unos días y ya se han celebrado varias sesiones en las que han comparecido testigos y se han practicado algunas de las pruebas. La complejidad del asunto ha obligado al juez a fijar nuevas fechas el próximo mes de enero, por lo que todavía no ha quedado visto para sentencia, detallan las mismas fuentes.
