El lendakari vasco, Iñigo Urkullu, ha vuelto a tensar la cuerda de la colaboración de los seis diputados del PNV con el Gobierno, ante la presentación de los posibles últimos Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez en la actual legislatura. Tras conseguir el traspaso del Ingreso Mínimo Vital, el Gobierno vasco ha fijado como una de las de sus prioridades del nuevo curso político la cesión del régimen económico de la Seguridad Social que desde hace 43 años figura en el Estatuto de Guernica y que conlleva la gestión de las pensiones. Es uno de los 26 traspasos de competencias que ambos ejecutivos se habían comprometido a tratar en el denominado cronograma de apoyo al Ejecutivo, aprobado en el inicio de la legislatura.
Siempre que el PNV ha percibido momentos de debilidad de cualquier Gobierno -ya lo hizo con Mariano Rajoy, negociando un cupo económico a su antojo- ha apretado con la vieja demanda de hacerse con la gestión de la caja de pensiones de los casi 570.000 vascos que reciben prestaciones contributivas. Se trata de un trasvase de más de 10.500 millones de euros. La rentabilidad electoral de utilización de la caja de las pensiones es evidente en un momento en que Sánchez, además de necesitar los votos del PNV para aprobar los Presupuestos, va a tener que contar también con su apoyo para culminar la subida de impuestos a las grandes fortunas.
No hay que olvidar que el PNV está sustentado en alguna medida por la burguesía vasca, entre ella la residente por ejemplo en el barrio de Neguri (Vizcaya). Y el traspaso de la gestión o incluso la ruptura de caja de las pensiones, la única junto al impuesto de Sociedades de la que se ocupa íntegramente el Gobierno, puede convertirse en la moneda de cambio si Sánchez lo necesita. En todo caso, se ha convertido en una reivindicación más política que económica del Ejecutivo vasco.
Son precisamente los pensionistas vascos los que han mantenido el mayor tono de protesta de los jubilados nacionales todos los lunes desde hace cuatro años (acumulan más de 200 concentraciones) defendiendo el sistema público, su blindaje constitucional y su actualización con el IPC. Sus prestaciones son las que mayor déficit aportan al sistema nacional (el saldo negativo entre ingresos y gastos superará este año los 4.500 millones de euros y seguirá subiendo por el elevado índice de mayores respecto a la población laboral ocupada) como consecuencia de que las retribuciones son un 24% mayores (1.353 euros de media mensual frente a los 1.091 euros en el resto del país), porque sus cotizaciones también lo han sido por el modelo industrial de la zona. Sin embargo, desconocen que precisamente País Vasco, y en menor medida Navarra, es la comunidad autónoma menos solidaria con la caja de las pensiones.
Según los últimos datos del Banco de España, la Seguridad Social tiene una deuda total acumulada de casi 100.000 millones de euros (99.183 millones en julio pasado), como consecuencia de la suma de los déficits registrados desde 2017, por el desajuste entre ingresos y gastos (muchos de ellos como consecuencia de la asunción de gastos impropios que correspondían al Estado y que aún quedan pendientes a pesar del aumento de las transferencias estatales reconociendo parte del agujero provocado). Aunque la deuda aparece anotada en las cuentas nacionales, el Estado no la ha asumido sino que la está financiando con una serie de créditos que va renovando y aumentando cada año.
Aunque la deuda aparece anotada en las cuentas nacionales, el Estado no la ha asumido sino que la está financiando con una serie de créditos que va renovando y aumentando cada año
Eso sí, de momento no hay fecha límite para su cancelación: los préstamos se han ido prorrogando ininterrumpidamente desde 2016 con aplazamientos al menos hasta 2026. Ni siquiera se ha fijado un tipo de interés para esa futura devolución si es que se produce ya que, por ejemplo, muchos de los activos de la caja de las pensiones (desde hospitales a centros de salud) han sido cedidos a las autonomías a coste cero. En todo caso, se trata claramente de préstamos incobrables sobre los que los próximos gobiernos deberán tomar una decisión porque la Seguridad Social es otra Administración Pública más del Estado que, por ejemplo, sí se hace cargo del paro cuando hay déficit de ingresos.
Esto quiere decir que la financiación de la deuda de la Seguridad Social con créditos se está realizando mediante el pago de impuestos (sobre todo futuros) que abonan los ciudadanos de 15 autonomías. Mientras, los vascos (y navarros) no contribuyen al tener cupo económico (el Ejecutivo autonómico abona una cantidad que está por debajo del coste real para sufragar gastos de cargas generales como seguridad, defensa, asuntos exteriores, la Casa Real o el Gobierno nacional) y no participar en dichos préstamos. Es decir, los ciudadanos vascos pagan impuestos a sus diputaciones al disponer de un régimen fiscal propio y no realizan ingreso alguno en la caja del resto de los españoles, que es la que ahora satisface los intereses de la colocación de esa deuda crediticia y cuya contribución será más importante en un futuro si el Estado se hace cargo de ella.
Por tanto, si algún día esa deuda se canjea o se ‘netea’ y la asume en su totalidad el Estado, los ciudadanos vascos no habrán contribuido con un solo euro de sus impuestos a taponar el agujero de la caja de las pensiones. Algo similar ya está sucediendo con el aumento de transferencias del Estado a la Seguridad Social para paliar una parte de los gastos impropios del sistema (desde el pago de las nóminas de los funcionarios a las subvenciones para la contratación que se abonan con las cotizaciones) y minimizar su déficit anual.
Los ciudadanos vascos pagan impuestos a sus diputaciones al disponer de un régimen fiscal propio y no realizan ingreso alguno en la caja del resto de los españoles
Tampoco aquí hay aportaciones del Gobierno vasco. Se trata de una evidente insolidaridad que no se ha discutido en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los diputados que ha abordado la enésima reforma del sistema ni en ninguna de las anteriores a lo largo de los tiempos. Lo mismo sucede con el Gobierno actual, y los anteriores, que nunca se ha tomado la molestia de reivindicar al Gobierno vasco que se haga cargo de la financiación de la parte que le corresponde de esta deuda de la Seguridad Social.
Cuánto debería aportar
¿Cuánto debería poner el Gobierno vasco para atender la financiación de la deuda de las pensiones? Según los expertos en contabilidad, al Gobierno vasco le corresponde el 6,24% de los préstamos totales del Estado a la Seguridad Social. Ese 6,24% es el cociente de su PIB respecto al nacional fijado en la última actualización del cupo económico. Es decir, si la deuda de la caja de las pensiones nacional es de 99.000 millones, le corresponde sumar a su deuda actual otros 6.200 millones (a Navarra le supondría el 1,7%, es decir, unos 1.700 millones) para evitar que el resto de los contribuyentes españoles asuman en su integridad ese pago si los créditos otorgados no se cobran.
Por tanto, País Vasco vería incrementada su deuda actual de 11.125 millones hasta más de 17.300 millones. Si se aplicara el peso actual de su PIB respecto al nacional (5,9%), la deuda a incrementar sería de 5.800 millones más. Además, esta cantidad se detraería de la deuda que ahora anota el Estado en sus cuentas correspondiente a la financiación del sistema público de pensiones. Es evidente que si la Seguridad Social tuviera que devolver estos créditos en la situación actual supondría el fin del sistema.
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