En la Isla de Valdecañas, el 'resort' extremeño de lujo, guardan silencio. El Tribunal Supremo ha ordenado demoler las 185 villas, el hotel, el campo de golf y todas las instalaciones construidas en la urbanización. Un jarro de agua fría inesperado para los propietarios, que reaccionarán cuando conozcan el fallo completo; y una victoria para Ecologistas en Acción, que podría culminar así una batalla legal que inició hace más de una década. Y entre medias, el temor de los vecinos de los pueblos del embalse, cuyos negocios han prosperado gracias el impacto económico de la macrourbanización.
La Isla de Valdecañas está a menos de dos horas en coche de Madrid. Para llegar hay que atravesar El Gordo, un pequeño pueblo de casas bajas de dos alturas y 382 habitantes. Enseguida aparecen dos desvíos: uno a Berrocalejo (el pueblo vecino) y otro hacia la carretera que conecta con el macrocomplejo turístico. En realidad, la Isla no es una isla como tal, sino una pequeña península de 130 hectáreas que sobresale en el embalse de Valdecañas.
Por ahora, sólo se conoce el sentido del fallo del Supremo. Pero no el texto íntegro de la sentencia, que el tribunal publicará en los próximos días. Por eso mismo, los propietarios quieren esperar antes de valorar la decisión. El entorno de Valdecañas se ha llenado estos días de periodistas y de algún curioso. Pero el 'resort' guarda su intimidad con recelo. Un puesto de seguridad en la entrada de la urbanización impide el paso a todo aquel que no sea propietario, huésped del hotel o trabajador del complejo.
La discreción del lugar salta a la vista. Junto a la entrada se encuentran el muelle con algunas lanchas y veleros amarrados, y la zona deportiva, que cuenta con varias pistas de tenis, pádel y un campo de fútbol. Pero si uno quiere ver los chalés, tendrá que conformarse con observarlos a más de 500 metros desde la orilla de enfrente o buscar en Internet.
Después de tres horas de espera, Vozpópuli logró el permiso para acceder al complejo el jueves por la mañana. A la urbanización también se la conoce como la 'Marbella extremeña' por la exclusividad del complejo y sus rostros conocidos. Entre los propietarios se encuentran, entre otros, un hijo de José María Aznar. Según el diario Hoy de Extremadura, en las villas de Valdecañas también tienen casa Beltrán Gómez-Acebo, sobrino de Juan Carlos I, el cantante Carlos Baute, un nieto del psiquiatra López-Ibor o un sobrino del empresario Alberto Alcocer.
La gran mayoría de los propietarios proceden de familias de clase media-alta de Madrid. Y las que no, del País Vasco, pero asentadas en la capital. Para ellos, sus villas en Valdecañas son segundas residencias para descansar los fines de semana. De hecho, este jueves apenas había actividad en el 'resort'. En total, hay construidas 185 viviendas distribuidas en tres hileras en el sur de la Isla, dos en el norte y una en el centro. Todos los inmuebles son iguales: del mismo color arena, formas geométricas, con placas solares y jardín.
El macrocomplejo lo completan un hotel de cuatro estrellas de la cadena Vincci, un campo de golf de 18 hoyos, un club social, piscinas y un centro hípico. Los propietarios y turistas disponen de una única carretera para moverse por la Isla en coche o moto. También es fácil tropezarse con algunos esqueletos de las 57 viviendas que se quedaron sin construir tras más de una década de litigio contra los ecologistas. Una losa judicial que ha puesto en jaque el futuro de la urbanización.
14 años de batalla judicial
El 'padre' de Marina de Valdecañas es José María Gea, un promotor que era conocido por desarrollar grandes proyectos inmobiliarios en el Sur de España. El 'resort' extremeño comenzó a construirse en 2007 tras el visto bueno de la Junta de Extremadura, gobernada entonces por el PSOE. Pero los ecologistas se percataron de que se estaba levantando sobre unos terrenos que formaban parte de una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
Las asociaciones Ecologistas en Acción y Adenex denunciaron la construcción. "Empezaron a meter maquinaria pesada y a arrancar árboles… Había encinas, robles, eucaliptos, era un bosque mediterráneo", defiende Francisca 'Paca' Blanco, que entonces coordinaba Ecologistas en Acción en Extremadura. Blanco fue la primera en denunciar el asunto. Es madrileña, pero se mudó a El Gordo junto a su marido extremeño. La ecologista asegura que en 2006 ya le mosquearon las promesas de "riqueza, futuro y progreso" que hacía el promotor Gea para ganarse a los vecinos de los pueblos del embalse. Blanco cuenta que ella tuvo que marcharse de El Gordo ante el "acoso y derribo" de sus vecinos. Algo que niegan con rotundidad varias personas en la localidad, que tampoco esconden su animadversión por la ecologista.
En 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) declaró ilegal el PIR (Proyecto de Interés Regional) que permitió levantar el enclave de lujo. Pero el camino judicial se complicó. La Junta recurrió al Supremo, pero sólo les sirvió para alargar el proceso. El tribunal ratificó en 2014 la sentencia del TSJEx y ordenó, por tanto, que los terrenos de la Isla volvieran a su estado previo. El Gobierno extremeño argumentó varias razones para no cumplir el fallo. Entre ellas, el elevado coste que supondría la demolición para las arcas públicas o el convencimiento de que un derribo total dañaba más al medio ambiente que uno parcial.
Para analizar el planteamiento de la Junta, el TSJEx encargó un informe a la Estación Biológica de Doñana, que forma pase del CSIC. Los científicos sostuvieron que la urbanización dañaba más al entorno existiendo que no existiendo. Aunque no aconsejaron su demolición total, pero sí la restauración de la zona. Con este informe sobre la mesa, el tribunal extremeño dictó en 2020 un auto que acordaba la conservación de toda construcción acabada -las 185 viviendas, el campo de golf, el hotel…- y la demolición de las obras que estaban a medias.
La resolución convenció a los propietarios, pero Ecologistas en Acción apeló con un recurso de casación. Pese a la insistencia de la organización verde, en la Isla estaban tranquilos. "Estaba tan bien fundamentado -el auto- que nunca esperábamos que el TS le diera la vuelta", cuenta a este periódico Luis Díaz-Ambrona, abogado de los residentes. El pasado martes, el alto tribunal dio la vuelta al caso estimando el recurso de casación y dando la razón a los ecologistas. Considera que sí que es posible demoler materialmente el complejo, frente a lo que esgrimía el TSJEx, y ordenó derribarlo por completo.
En medio de esta maraña judicial, los vecinos de El Gordo aseguran que el terreno sobre el que se levantó la Isla era antes una especie de "vertedero" y que la construcción revitalizó la fauna del embalse. Una teoría que choca con lo que defiende Paca Blanco. El anuncio del TS ha caído como un jarro de agua fría en El Gordo, donde varios vecinos se benefician del empleo y la actividad económica que genera la urbanización 'vip'. Desde Ecologistas en Acción -la única organización 'verde' que aguantó en esta batalla en los tribunales- celebran la decisión.
La defensa de los propietarios está ahora pendiente de que se publique el fallo íntegro para estudiar una respuesta que evite la demolición. La Junta prevé presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional una vez conozca los detalles de la sentencia. En su auto de 2020, el TSJEx cifró en unos 145 millones de euros el coste de derribar todo el complejo e indemnizar a sus propietarios. Una cantidad multimillonaria que se pagaría a costa del erario público. Díaz-Ambrona cree que se superarían los 200 millones.
Golpe a los pueblos
Por ahora, ni la alcaldesa de El Gordo ni el de Berrocalejo quieren valorar la decisión del Supremo hasta que no se desvele la sentencia completa. En el auto de 2020 se analizó el impacto socioeconómico que generaba la Isla en los pueblos de la comarca. El escrito del tribunal extremeño referencia a un informe del catedrático Julián Mora Aliseda, de la Universidad de Extremadura. Este análisis destaca que la población en El Gordo y Berrocalejo creció un 40% entre 2007 y 2011.
Según los datos del INE, en El Gordo vivían 317 personas en 2007. El pico se alcanzó en 2013, con 395 vecinos. Antes de las obras, en Berrocalejo residían 98 personas. En 2011 ya eran 141, pero el censo volvió a caer a partir de 2016 y hoy apenas suman 102 vecinos.
El informe del catedrático también detecta más empleo y resalta la mejora de equipamientos sociales en estas dos localidades gracias al aumento de los presupuestos municipales derivado de los impuestos asociados a la urbanización. El auto matizó que, pese a que la urbanización no generaba en 2020 un gran número de empleos, sí que eran beneficios que debían protegerse.
Los trabajadores de El Gordo y del Berrocalejo preguntados por este periódico coinciden con estos argumentos. Andrés, por ejemplo, regenta el Bar Hostal 'Las Cigüeñas', el primer negocio que se encuentra uno nada más entrar al municipio. Muchos de sus huéspedes -explica- son trabajadores de la Isla. Otros no duermen en su hostal, pero aprovechan para tomarse el café. "La demolición es una ruina para mi negocio y para la gente del pueblo", señala.
Santiago Bravo, de 81 años y vecino de toda la vida, cree que derribar el 'resort' es una "locura": "Aquí no venía nadie. Desde que lo han construido, ha venido gente a trabajar".
Otro ejemplo de negocio que depende de la Isla es el Capricho. Su propietaria, Jeanette, creció en El Gordo, pero se marchó a Talavera. Hace unos meses dejó su piso de la ciudad manchega para abrir un negocio de alimentación 'gourmet' junto a su marido. "Abrimos la tienda por el tipo de gente que viene y el movimiento que hay en el pueblo. Si no, en un pueblo de estas características, en Extremadura, no tendría sentido".
José y Rubén son de Berrocalejo y trabajan en Valdecañas Multiaventura y Náutica Multiaventura. Dos modelos de negocio donde la Isla supone el "80% de los ingresos anuales". Cuentan que muchos amigos suyos dependen directa o indirectamente del complejo turístico y que sin él, se acabaría el turismo. "Son muchos negocios los que se cargan, sin hablar de los que invirtieron en casas o en el hotel", lamentan.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación