La justicia europea asiste ya a la primera batalla por Banco Popular. Un año después de que se presentaran decenas de recursos contra la resolución del banco español, la potencial indemnización divide a los principales perjudicados y a la Junta Única de Resolución (JUR).
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pidió a las distintas partes personadas en la causa que se pronuncien sobre "qué clase de compensación pretender obtener como consecuencia de una eventual anulación de la Decisión de la JUR". Lo hizo el pasado el 6 de julio, y el plazo expira el próximo lunes 30 de julio.
La JUR y los afectados personados en el TJUE -la familia Del Valle, los chilenos Luksic, los fondos bonistas y antiguos accionistas del núcleo duro (Sindicatura)- tienen unos días para definir sus posiciones. Sobre este asunto y sobre las posibles personaciones de nuevas partes: la Comisión Europea, el Reino de España, el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE, Banco Popular y Banco Santander.
Posiciones divididas
Distintas fuentes consultadas por este medio señalan que no hay que responder al importe de la indemnización, sino a cómo debería articularse una solución. Todo en el hipotético caso de que la pieza central que investiga el Tribunal de Luxemburgo determine nula la resolución de Popular, del 7 de junio de 2017.
La JUR, presidida por Elke König, ya ha defendido en escritos previos al tribunal que en caso de anularse la resolución, habría que ver lo que dice el tercer informe de valoración de Deloitte. Según El País y Expansión, éste calcula un valor en liquidación del Popular de entre -23.000 y -34.000 millones, por lo que los afectados no cobrarían ni un euro.
Al menos parte de los perjudicados se va a oponer a la personación de Santander-Popular en la causa
Por su parte, los perjudicados argumentan que no tiene sentido recurrir al tercer informe de Deloitte, ya que este calcula el valor en liquidación concursal, "un escenario al que nunca habría que haber llegado". En el mejor de los casos, podrían admitir la valoración positiva del anterior informe de Deloitte, que daba un valor de 1.300 millones.
Más allá de este debate, Del Valle, Luksic, los fondos -Anchorage y Ronit, socios de Pimco- y los antiguos accionistas del banco tienen que argumentar si la indemnización debería ser en acciones o en efectivo. Alguno de estos afectados podría solicitar títulos de Popular y que se deshaga la resolución, algo prácticamente imposible según la regulación europea.
Del Valle y otros accionistas mexicanos perdieron 470 millones en Popular, que además de a la JUR reclaman al Gobierno español. Los chilenos Luksic piden 113 millones.
Sobre la segunda cuestión a tratar antes del 30 de julio -personaciones-, los perjudicados dan por hecho que la CE, el Parlamento, el Consejo de la UE y el Reino de España podrán hacerlo. Pero se van a oponer a que se unan Santander y Popular, al menos parte.
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