El empresario mexicano Antonio del Valle, uno de los imputados en el Caso Popular, está presionando a la justicia española para que salgan a la luz los documentos secretos del Banco Central Europeo sobre Banco Popular lo antes posible.
Del Valle, que junto a otros inversores aztecas perdió 470 millones con la resolución de la entidad, ha presentado dos recursos de reforma contra la decisión de la Audiencia Nacional de mantener en secreto temporalmente el documento resultante del Programa de Supervisión Ordinaria llevado a cabo por el BCE sobre Popular en 2016 y 2017, según ha podido saber Vozpópuli.
Este documento, de carácter confidencial, fue requerido por el magistrado Fernando Andreu, instructor de la causa, a la institución con sede el Fráncfort el pasado mes de febrero. No obstante, al tratarse de un procedimiento penal, el BCE accedió a facilitar la información, remitiéndola a la Audiencia Nacional a finales de junio bajo la consigna de que el juez garantizase su confidencialidad.
Entonces Andreu abrió una pieza separada y secreta durante el plazo de un mes, reservando el acceso a esta documentación a la Fiscalía y a los peritos del Banco de España, que serán quienes determinarán si es útil para la causa. El juez, el pasado 10 de agosto, decidió prorrogar un mes más, hasta finales de septiembre, el carácter secreto de la documentación.
No se ajusta a la Ley
No obstante, en su recursos -uno contra la decisión de abrir una pieza secreta y otro contra la de prolongar el secreto-, Antonio del Valle recuerda que la legislación española solo permite el secreto de las actuaciones para evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de las personas o prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de una investigación, requisitos, que a su parecer, no se cumplan en el presente caso.
"No cabe duda de que impedir a las partes personadas el acceso a la documentación aportada por el Banco Central Europeo ni persigue evitar riesgos para la vida de una persona, ni tampoco puede pretender prevenir la posible manipulación de elementos probatorios, máxime cuando sin justificación aparente se ha dado traslado de dicha documentación tanto a la Fiscalía, como a los peritos designados del Banco de España", expone.
Además, el inversor mexicano arguye que los dos autos del juez relacionados con la documentación del BCE no explican motivos o causas legales que justifiquen su secreto, lo que supone una "clara vulneración del derecho de defensa que ampara a todo sujeto investigado".
Documentos clave
En el marco del Programa de Supervisión Ordinaria, el organismo que preside Mario Draghi detectó un agujero de más de 3.700 millones de euros en Banco Popular, según se desprende de las actas del consejo de administración de la entidad.
Estas inspecciones pusieron de manifiesto que la entidad no estaba lo suficientemente saneada tras la ampliación de capital de junio de 2016, el objeto central de la investigación, por lo que son clave para el devenir del caso.
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