"Este es un paso con una cierta trascendencia histórica". Son palabras del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, cuando esta semana anunciaba el registro del plan definitivo de Madrid Nuevo Norte, enésima denominación de la siempre conocida como 'operación Chamartín'. Un paso hecho posible gracias al acuerdo entre el departamento que dirige, el Ayuntamiento de Madrid y la promotora Distrito Castellana Norte (DCN), que abre las puertas a que el gran desarrollo urbanístico de la capital vea al fin la luz… pero que está lejos de ser histórico. Al menos en un par de ocasiones, la operación Chamartín estuvo mucho más avanzada, mucho más cerca de convertirse en realidad. Y aun así, se frustró.
Por lo pronto, la modificación del Plan de Ordenación Urbanística necesaria para poner en marcha el desarrollo, en el que se invertirán más de 6.000 millones de euros, no ha entrado ni siquiera en el Consistorio para su aprobación inicial. La corporación municipal que lidera Manuela Carmena aguarda el informe de impacto medioambiental que dejará el expediente preparado para su aprobación inicial. Un trámite que la 'operación Chamartín' ya superó en dos oportunidades.
La primera fue a comienzos del presente siglo. Con las tres administraciones en manos del Partido Popular, la modificación urbanística pasó la aprobación inicial y el Ayuntamiento tenía previsto ratificarla en un Pleno, una vez realizada la consulta pública. Horas antes de aquella reunión, Madrid vivió el más cruel y sanguinario ataque terrorista de los registrados nunca en Europa. Aquel Pleno estaba convocado para el 11 de marzo de 2004 y, obviamente, nunca se celebró.
Tres días después, el resultado de las elecciones generales que vivió una España de luto dio lugar a un cambio de signo político en el Gobierno de la nación. Tras ocho años con José María Aznar como inquilino de la Moncloa, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero tomó su relevo. El nuevo Ministerio de Fomento no estaba por la labor de dar carta de naturaleza a un desarrollo permanentemente perseguido por la polémica debido a las muchas vueltas que había dado desde su planteamiento inicial, a comienzos de la década de los 90.
El estrecho margen de 72 horas
El segundo momento en el que la operación Chamartín estuvo notablemente más avanzada que en estos días es mucho más reciente. Los tribunales habían tumbado en 2012 el intento por resucitar el desarrollo de 2004. En lugar de recurrir la decisión de los jueces, DCN se puso manos a la obra para diseñar una nueva operación Chamartín conciliadora con la Justicia. Fruto de este trabajo llegó un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, capitaneado por Ana Botella; la Comunidad de Madrid, por entonces bajo la presidencia de Ignacio González; y el Ministerio de Fomento, al frente del que se encontraba la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor.
De nuevo con las tres administraciones en manos del PP y con mayoría absoluta en todas ellas, los trámites se agilizaron lo máximo posible, ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas, que podrían propiciar cambios políticos que frustraran el desarrollo (como así fue, finalmente).
En febrero de 2015, el Ayuntamiento oficializó la aprobación inicial. La celeridad con la que se examinaron las más de 2.000 alegaciones presentadas en la fase de consulta pública hizo que el expediente estuviese listo para ser aprobado definitivamente por el Pleno antes de la cita con las urnas. Pero, eso sí, con muy poco margen, apenas 72 horas.
La última palabra, de la Comunidad
Las sombras del escándalo (ante la necesidad, además, de convocar un Pleno extraordinario) fueron demasiado alargadas para Botella. Tampoco le convenía a DCN correr el riesgo de tener que lidiar con un Ayuntamiento de distinto signo político cuando ya no había marcha atrás. Los temores de unos y otros se confirmaron: el PP perdió el Consistorio y la nueva corporación municipal tardó 12 meses en echar abajo el nuevo planteamiento.
En el escenario actual, las partes implicadas esperan para julio la aprobación inicial (previsiblemente en Junta de Gobierno para agilizar trámites) y para finales de año, la provisional (que sí debe ir a Pleno). Y no se trata de un error tipográfico. La segunda aprobación del Ayuntamiento se denomina provisional porque aún restaría un último visto bueno, el de la Comunidad de Madrid, de futuro tan incierto tras la caída en desgracia de su presidenta, Cristina Cifuentes, a causa de la polémica por su misterioso máster en la Universidad Rey Juan Carlos I.
Este sí es un punto inhóspito, que podría ser calificado de histórico si llega a ser alcanzado. Hasta entonces, la ansiada operación Chamartín tan sólo asiste a una nueva edición del 'día de la marmota'.
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