Entre lo dicho en la COP28 por Pedro Sánchez y lo hecho en la misma cumbre por Ignacio Sánchez Galán hay un trecho considerable. Es el camino que separa el idealismo de un político cada vez más ensimismado y la practicidad de un directivo que dirige una multinacional cada vez menos española.
El jefe del Gobierno y el presidente de Iberdrola han pisado el mismo suelo de Dubái en los últimos días para asistir a la cumbre del clima. Sin cruzarse, eso sí, como sucedió en Davos. Sánchez participó en la sesión plenaria del día 1 para recordar a los mandatarios internacionales que "todavía tenemos una oportunidad de salvar el planeta". Galán se dejó ver en el emirato cuatro días después para firmar una alianza multimillonaria con Abu Dabi. El acuerdo implica un compromiso de inversión de 15.000 millones de euros, para potenciar el hidrógeno verde y la eólica marina.
Entre los destinos que absorberán el aluvión de dinero no está España, un país situado en una posición envidiable para promover esas fuentes de energía, por sus condiciones geográficas y climáticas, y por el 'know how' de sus empresas. De ello es perfectamente consciente el Gobierno de la nación, que aprobó, el 14 de diciembre de 2021, el "Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento".
El nombre es casi tan rimbombante como los entrecomillados del discurso de Sánchez en la COP28. El problema es que la coalición no ha sido capaz de 'aterrizar' un proyecto que pretende movilizar una inversión superior a los 16.300 millones de euros, casi la misma que inyectarán Iberdrola y la emiratí Masdar en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.
Las dos empresas ya están invirtiendo juntas en el 'megaparque' eólico marino de Baltic Eagle, valorado en 1.600 millones. Nada que ver con el pobre ritmo al que avanza el PERTE español. El proyecto liderado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, sólo se ha materializado en dos convocatorias, de 150 millones de euros cada una.
El balance es pésimo y evidencia el divorcio entre el Ejecutivo y algunas de las multinacionales con capacidad real para acelerar la transición energética en España, la gran meta del ministerio que dirige Ribera. Hay otro indicador imbatible: en la lista de los 100 mayores beneficiarios europeos, publicada -al fin- la pasada semana, no hay ni rastro de las grandes corporaciones del sector (Repsol, Naturgy, Endesa, Cepsa, Acciona y, por supuesto, Iberdrola).
El balance es pésimo y evidencia el divorcio entre el Ejecutivo y las empresas con capacidad real para acelerar la transición energética en España, la gran meta del ministerio de Ribera
Más de un alto directivo de esas compañías se llevó las manos a la cabeza al escuchar el discurso de Sánchez en la COP28. Y es que el presidente del Gobierno no tuvo complejos al incidir en la necesidad de trabajar en "la creación de entornos que propicien el fomento de inversiones, innovación y cooperación climática". Hablamos del mismo mandatario que en su nuevo libro (Tierra Firme) hace una mención específica a "las grandes empresas energéticas", a las que define como "lobbies muy poderosos", cuyo "margen de beneficio es muy superior" al de la competencia. Precisamente por ello, el Ejecutivo aprobó -y ha prorrogado- un impuesto especial.
El acuerdo entre Iberdrola y Masdar es sólo una muestra del bajo apetito inversor que despierta España. Sobre todo, después de los acuerdos con Junts y ERC. Los empresarios que callan en público sobre la amnistía coinciden al advertir en privado sobre "las graves consecuencias que acarreará la inseguridad jurídica para la economía española". Juan Roig, presidente de Mercadona, sí dio una pista con el micrófono abierto: "Si esto sucediera en Portugal, ralentizaríamos inversiones".
La preocupación del empresario valenciano, el que más empleo genera en España, es compartida por multitud de inversores internacionales. Lo refleja la última encuesta mensual de Bank of America, realizada tras los acuerdos de gobierno y que recoge el sentir de 265 gestores de activos. Los resultados del sondeo, avanzado por Expansión, no pueden ser más esclarecedores: España queda relegada a cola de los destinos europeos de inversión, detrás de Francia, Italia, Alemania o Reino Unido.
El recelo que genera la inestabilidad política y -sobre todo- la inseguridad jurídica puede empeorar una tendencia ya iniciada en el primer semestre del año. Entre enero y junio, antes de que los mercados conocieran la reválida de Sánchez, la inversión extranjera se desplomó un 26%, desde los 16.352 millones de 2022 a los 11.996 millones de este año.
Viraje de Sánchez con los empresarios
El Panel de Funcas aporta otro dato preocupante: la inversión en maquinaria y bienes de equipo sufrirá una caída del 0,4% en 2023. Algunos de los servicios de estudios que participan en ese panel elevan considerablemente ese pronóstico. Son significativas las previsiones de economistas muy pegados a la realidad de las empresas, como los de la Cámara de Comercio (-1,2%) o el Instituto de Estudios Económicos (-2%).
La congelación, cuando no retirada, de las inversiones ya ha activado las luces rojas en Moncloa. El nerviosismo se trasluce en el sorprendente mensaje que lanzó el propio Sánchez este viernes, en una entrevista en Antena 3. El presidente no sólo dejó abierta la puerta a la supresión del impuesto a las energéticas; también admitió que "hay proyectos industriales que necesitan" ciertos estímulos para incentivar "grandes inversiones en energía renovable".
Las palabras del líder socialista evidencian que Moncloa está tomando conciencia del problema, sobre el que ya habían avisado a las claras compañías como Repsol. A finales de octubre, su consejero delegado, Josu Jon Imaz, advirtió de que "la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales" del grupo en España.
El amago de viraje de Sánchez ha despertado cierta esperanza en el Ibex. Ahora queda por ver si el jefe del ejecutivo y su ministra de Transición Ecológica serán capaces de aflojar la soga sobre las empresas energéticas, en contra de lo que promulgan los socios que mantienen la coalición de Gobierno.
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