Economía

¿Victimismo de Puigdemont? La licitación pública del Estado cae un 21% pero sube un 3% en Cataluña

Los datos de los tres primeros trimestres del año dejan en mal lugar el victimismo del presidente de la Generalitat de Cataluña, que acusa repetidamente al Gobierno central de discriminar a su comunidad autónoma en el capítulo de inversiones.

"El Estado ha dimitido de sus responsabilidades en las inversiones en movilidad e infraestructuras de Cataluña". Son palabras del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuyo Ejecutivo acudirá en breve a los tribunales de lo Contencioso-Administrativo contra el Ministerio de Fomento, con la acusación de no haber cumplido con sus compromisos de inversión en ferrocarriles. Unas reclamaciones que no parecen tener correlato con las cifras oficiales, las cuales muestran dos realidades: que Cataluña sale mucho mejor parada que la media en cuanto a la inversión en obra pública; y que la Administración Central está siendo mucho más generosa con la comunidad autónoma que su propio Gobierno regional.

Sin ir más lejos, en los nueve primeros meses del año, que coinciden también con los tres primeros trimestres del Gobierno de Puigdemont, la Administración Central ha licitado obra pública en Cataluña por valor de 308,27 millones de euros, un 3,3% más que en el mismo periodo del pasado ejercicio. La comparación cobra más valor si se tiene en cuenta que entre enero y septiembre, el Estado ha licitado un total de 2.585 millones de euros, un 21,6% menos que en los nueve primeros meses del año anterior.

Cataluña sale mucho mejor parada que la media en cuanto a la inversión en obra pública

Las cifras apuntan a que no ha sido precisamente Cataluña la que ha padecido el recorte en la licitación pública que la Administración Central ha aplicado durante este peculiar 2016 de Gobierno en funciones. En Andalucía, el valor de las licitaciones del Estado se ha reducido un 66% entre enero y septiembre; el recorte ha sido del 52% en Castilla y León y del 47% en Castilla-La Mancha.

Mientras, en Euskadi la rebaja respecto al mismo periodo de 2015 alcanza el 42%. Aunque mucho más moderado, la Comunidad de Madrid también presenta un recorte en este capítulo, ligeramente por encima del 5%.

Recortes del Gobierno catalán

Sin embargo, el escenario es bien distinto si se habla de la licitación proveniente de los gobiernos autonómicos. En este capítulo, que depende directamente en este caso del Ejecutivo liderado por Puigdemont, Cataluña sale mucho peor en la foto. Según datos de la patronal de grupos constructores Seopan, la licitación autonómica en Cataluña alcanza un valor entre enero y septiembre de 219,8 millones de euros, nada menos que un 41% por debajo de la cifra registrada en los nueve primeros meses del ejercicio 2015. Números que distan mucho de la media registrada por las comunidades autónomas, que refleja un descenso de apenas el 2,5%.

Tan sólo los gobiernos de Canarias, Comunidad Valenciana, Navarra y Castilla-La Mancha recortaron más la licitación pública en este periodo que el de Cataluña.

Además, de acuerdo con los datos de la Cámara Oficial de de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC), citados por la asociación Convivencia Cívica Catalana, ocho de las diez mayores licitaciones realizadas en la comunidad autónoma en lo que va de año proviene de la administración central.

Canarias, Comunidad Valenciana, Navarra y Castilla-La Mancha recortaron más la licitación pública que Cataluña

Esta tendencia se ha repetido a lo largo de los últimos ejercicios, en los que la Administración Central ha sido la más activa en cuanto a inversiones, muy por encima de la autonómica. En los últimos cinco años completos, el Estado ha licitado en Cataluña obras por valor de 1.759 millones de euros, un 39% más que el valor de las licitaciones realizadas por la Generalitat.

Llaman especialmente la atención los datos correspondientes al año 2013, cuando el valor de la obra pública en Cataluña licitada por el Gobierno central casi cuadruplicó la del Ejecutivo autonómico (447,4 millones frente a 117,4 millones). O la de 2011, cuando el valor de la obra pública licitada en Cataluña por la Administración Central multiplicó por 2,5 la realizada desde el Gobierno autonómico, igualmente según los datos de la CCOC.

Números que no parecen dejar en buen lugar el victimismo de Puigdemont en este capítulo. Y que también ponen encima de la mesa que no predica con el ejemplo.

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