Hace unos cinco años, Luis María Bilbao reformó su casa familiar de Villar de Cañas, un pueblo agrícola de Cuenca, para convertirlo en un pequeño hostal. Su plan era hospedar a los futuros trabajadores del vertedero nuclear proyectado en un terreno del municipio. Pero en 2018, el Gobierno de Sánchez dejó en el aire el futuro del gran almacén de residuos nucleares. Desde entonces, el pueblo ha perdido movimiento y el empresario, clientela: "El hostal sigue en funcionamiento y no sé si podré aguantar (…) el daño ya está hecho".
"Si no se hace el ATC, morimos todos los pueblos de Cuenca", sentencia el popular José María Sáiz, alcalde de Villar de Cañas desde 1995. El pueblo, de apenas 386 habitantes, está a hora y media en coche del centro de Madrid. Sus vecinos viven de la agricultura, especialmente del cultivo de cereal y cebada, y de la albañilería.
Si no se hace el ATC, morimos todos los pueblos de Cuenca. Es un problema político, no técnico", dice José María Sáiz, alcalde de Villar de Cañas desde 1995
El Ayuntamiento sigue confiando en el proyecto del vertedero nuclear, pese a estar aparcado desde 2018. "Esto es un problema político, no técnico", se queja el alcalde. En el municipio tiene claro quien es su enemigo: el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page.
El sueño nuclear de Villar de Cañas comenzó en 2010, cuando el Ayuntamiento decidió postularse para acoger el silo a cambio de puestos de trabajo. En 2011, el Consejo de Ministros eligió la candidatura conquense frente a las de municipios como Zarra (Valencia), Ascó (Tarragona) o Yebra (Guadalajara).
El plan de España con los residuos nucleares
España optó en los años 80 por una estrategia de 'ciclo abierto' para almacenar sus residuos radiactivos. Esto significa que al combustible gastado en una central nuclear se le considera como residuo. En el 'ciclo cerrado', por el contrario, se recicla.
En España, los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y en contenedores en las instalaciones nucleares. Es una solución provisional, a la espera de que se construya un almacén temporal centralizado, el conocido como ATC. Este gran contenedor serviría para resguardar todos los residuos y el combustible gastado de nuestros reactores hasta su sellado definitivo en un almacén geológico profundo (AGP). Algo que no llegaría, según los cálculos, hasta la década del 2070.
El 6º Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR), que data de 2006 y sigue vigente, guía la estrategia de España por ese camino. El plan es una herramienta crucial para llevar a cabo el apagón nuclear entre 2027 y 2035 que pactaron el Gobierno y las eléctricas. En 2020, Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos nucleares, entregó al Ejecutivo el borrador del 7º Plan para sustituir el de 2006. El texto, actualmente en tramitación, incluye matices importantes sobre el almacenamiento, que veremos más adelante.
Ilusión, trabas políticas y parálisis
La elección de Villar de Cañas como emplazamiento para el ATC ilusionó al Ayuntamiento y a buena parte de los vecinos. Lo vieron como su gran oportunidad para revitalizar la economía local. La decisión no gustó a todos. Hubo manifestaciones en contra, protestas de organizaciones ecologistas y el PSOE se opuso enérgicamente desde el primer momento. Sobre todo, la Junta de Castilla-La Mancha de García-Page.
El Ejecutivo autonómico socialista trató de parar el proyecto ampliando un espacio protegido para incluir la parcela en la que estaba previsto el silo. Pero los tribunales anularon el movimiento. Los críticos consideraban que las características geológicas no eran las mejores y que la elección obedecía a intereses políticos de la anterior presidenta regional, la popular María Dolores de Cospedal.
El Gobierno paralizó en 2018 el proyecto de Villar de Cañas por las dudas sobre el emplazamiento y por la férrea oposición de la Junta de Castilla-La Mancha. El Ayuntamiento confía en que se retome tras las elecciones autonómicas de 2023
En el proyecto se invirtieron 43 millones de euros del presupuesto de Enresa y cientos de miles de horas de trabajo. Según La Información, una buena parte de ese dinero fue a parar a Iberinco, filial de ingeniería de Iberdrola, a Gas Natural Fenosa y a Westinghouse. El Ejecutivo de Rajoy también incluyó en 2018 una partida de 144 millones para impulsar el complejo de Villar de Cañas, aunque este montante quedó en el aire.
En cualquier caso, en 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez paralizó el ATC por las dudas sobre el emplazamiento y por la férrea oposición de la Junta de Castilla-La Mancha, según el digital. En concreto, en julio de ese año, el Ministerio para la Transición Ecológica instó al Consejo de Seguridad Nacional (CSN) a dejar en suspenso la emisión del informe sobre la autorización de construcción del ATC.
Y a día de hoy, el proyecto sigue en el aire. No se decidirá nada sobre el futuro del vertedero nuclear de Villar de Cañas "antes de que se apruebe el 7º Plan General de Residuos Radiactivos", tal y como respondió en septiembre el Ejecutivo central a una pregunta parlamentaria de Vox.
"El daño ya está hecho"
Desde el Ayuntamiento de Villar de Cañas son optimistas. Aseguran que su proyecto cumple todos los requisitos técnicos, pero acusan a García-Page de emprender una cruzada "personal" contra el municipio. "No se va a mover el tema del ATC hasta que no pasen las elecciones autonómicas de 2023", sostiene Carmen Blanco, secretaria interventora del consistorio conquense y conocedora del proceso.
Blanco explica que la elección del pueblo como almacén de residuos nucleares atrajo actividad económica. Ella calcula que durante la construcción del complejo se iban a emplear de 300 hasta 1200 personas, en épocas de pico. Luego, la propia gestión del ATC la llevaría a cabo una plantilla de 120 trabajadores. En una de las parcelas sí que llegó a construir el vivero de empresas, un laboratorio y un gran almacén de Enresa. Hoy, tres empleadas de la limpieza y cuatro vigilantes de seguridad resguardan estos edificios 'fantasma'.
Una de las peores partes de esta paralización del proyecto se la han llevado los vecinos que abrieron negocios en el pueblo ante la expectativa del ATC. Es el caso de Luis María Bilbao, que decidió convertir una vivienda familiar en el pueblo en el Hostal Rincón de La Mancha. Bilbao no atravesaba un buen momento laboral. Pero vio en el ATC una oportunidad para hospedar a los técnicos que trabajaban en el proyecto del vertedero. Entre 2015 y 2016 -relata a este periódico-, el negocio fue "muy bien": "El Hostal estaba lleno durante esos años". Luego, con la paralización del proyecto, todo fue a peor: "El concepto tuvo que cambiar y lo enfoque al turismo rural, con esto ya no aseguras la clientela como de la otra forma", explica. El empresario no sabe lo que podrá "aguantar" en estas condiciones y teme que el ATC no se llegue a construir en Villar de Cañas.
Otro ejemplo es el de Pablo, propietario del bar-restaurante El Nido. En su caso, compró en 2016 un local del pueblo que estaba cerrado. Lo reformó e inauguró su negocio hostelero. En aquella época sí que notaron una clientela mayor, aunque ahora se mantiene con la clientela del pueblo y dice que no se puede "quejar". "La gente que se queda en el pueblo es mayor, la que vino con el ATC se ha ido yendo", detalla.
Además del núcleo urbano, de casas blancas y bajas, en Villar de Cañas también hay una urbanización, Casalonga, con más de 450 viviendas, aunque la mayoría son segundas residencias. El presidente de la comunidad de propietarios, Tomás Benito Rivera, recuerda la "ilusión" que envolvió al municipio con el proyecto del ATC y fue apoyado por la mayoría de vecinos de la urbanización. Ahora, lamenta que las empresas hayan dejado de visitar el municipio. Reconoce que el ATC es la "esperanza" de la localidad: "No tiene otra".
En el limbo desde 2018
Pese a que el borrador del nuevo PGRR siga hablando del ATC, plantea la posibilidad de levantar tres almacenes temporales descentralizados en vez de un único ATC. También marca el 2028 como el año en el que debería estar construido el ATC. En todo caso, considera que el almacenamiento geológico es la solución final "más responsable y segura".
Ahora, la pelota está sobre el tejado del Ministerio de Teresa Ribera. "Estamos a la espera de lo que se defina en el 7º PGRR, actualmente en tramitación", indican fuentes de Enresa.
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