Javier Basagoiti, presidente de Asocimi (Asociación Española de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), ha decidido entrar en el mercado de la vivienda social en alquiler de la mano de la fundación Hogar Sí.
El pope de los vehículos de inversión inmobiliaria con un regimen fiscal cuestionado por Unidas Podemos ha puesto en marcha Primero H, a la que ha dado en bautizar como la "primera socimi social" en España, en un contexto marcado por las negociaciones entre el PSOE y UP sobre la nueva ley de vivienda, y la exigencia de los morados de limitar al máximo posible los desahucios en la era post-covid.
Si bien no son pocas las socimis que tienen en sus carteras viviendas con algún tipo de protección pública sobre el precio, lo cierto es que Primero H es la primera que se propone especializarse íntegramente en pisos sociales de alquiler, esto es, cuya renta no puede suponer más del 30% de los ingresos de las familias inquilinas.
El plan de negocio de Basagoiti -conocido por sus apuestas inmobiliarias de la mano de empresas nacionales como El Corte Inglés e inversores internacionales anglosajones y árabes- prevé una cartera de 170 viviendas sociales antes de 2024 (fundamental e inicialmente al menos, centradas en la Comunidad de Madrid). Una cifra "conservadora", inciden sus promotores, que señalan que en España hay al menos unas 33.000 personas sin hogar.
"Se trata de una unión pionera en nuestro país (entre una patronal de empresas y una fundación), que ya existe a nivel internacional en Reino Unido y Australia, cuyo objetivo es generar mayores posibilidades de acceso a la vivienda en alquiler social a personas en situación de vulnerabilidad residencial", señalan sus promotores.
Vivienda social
No se han dato detalles concretos de los inversores, y se apela al posible interés de personas físicas y/o grandes propietarios en hacer donaciones o aportaciones (de dinero o de pisos) para cumplir una "función social".
Según fuentes del sector como la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, ya antes de la pandemia unas 350.000 familias en España tenían que dedicar alrededor de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler.
Paralelamente, los proyectos ya cerrados con fondos de inversión de vivienda pensada desde la construcción para su uso en alquiler asequible suman hasta el momento unos 7.000 pisos que entrarán en el mercado en los próximos años.
La apuesta de Basagoiti entronca con una sensibilidad generalizada -de la que informó Vozpópuli- entre la alta empresa española del sector inmobiliario, consciente de que el gap o brecha entre lo que ganan los españoles y el precio de los alquileres es, al menos, 'socialmente' insostenible (a la luz de las perspectivas económicas y demográficas).
Los proyectos de vivienda social dan la mitad o menos del retorno que la vivienda en alquiler habitual (uno de entre el 1,5% y el 2% frente al 3-4% de la vivienda en alquiler privada), pero ofrecen una rentabilidad "segura" y de la mano de la Administración Pública, algo que se valora en tiempos de incertidumbre y tipos de interés negativos como los actuales.
El propio presidente de Asocimi ha mantenido ya encuentros con el el secretario general de Vivienda y Movilidad Urbana del Gobierno, el socialista David Lucas, de cara a posibles acuerdos y/o proyectos en esta línea.
Basagoiti ha mantenido ya encuentros con el secretario general de Vivienda y Movilidad Urbana del Gobierno, el socialista David Lucas, de cara a posibles acuerdos y/o proyectos en esta línea
Fuentes del mercado desmarcan, al menos por el momento, a fondos de capital riesgo internacional (como lo son algunos de los mayores tenedores de vivienda en alquiler actualmente) de esta iniciativa de Asocimi, a la que distintas fuentes del mercado sintetizan como "la promoción de una iniciativa más de Responsabilidad Social Corporativa" de agentes del sector.
"Este vehículo persigue convertirse en el principal inversor de viviendas para alquiler asequible de España, contribuyendo a garantizar una vivienda digna para las personas más vulnerables. De igual modo, para los accionistas e inversores, pretende ser una atractiva fuente de ingresos a largo plazo y con un impacto social positivo", dicen los propios impulsores de esta iniciativa de vivienda social.
Otras fuentes se aventuran a decir que forma parte de una estrategia de freno y/o choque con la deriva expropiatoria en el Estado que auguran acciones como la cesión temporal de pisos impuesta esta semana por el Gobierno socialista de Baleares sobre 56 pisos vacíos de grandes propietarios.
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