La Comisión Europea y el Gobierno de Pedro Sánchez mostrarán sintonía en la semana en que los hombres de negro analizan la segunda parte de la reforma de las pensiones. Bruselas ha aceptado retrasar el examen de la parte más polémica, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), al verano de 2023 y seguirá avalando reformas e inversiones, pero en privado pide ajustes suaves que vayan encauzando la sostenibilidad del sistema. Por su parte, el Ejecutivo español se plantea tramitar cambios en el MEI este otoño.
Los hombres de negro están en España para examinar la reforma para que los autónomos coticen según sus ingresos reales y los planes de empleo, pero no se esperan desavenencias claras en público sobre la sostenibilidad de esta parte ni sobre que se haya ligado la subida al IPC, cuando la inflación está disparada y va a suponer más de 16.000 millones extra. Hubo momentos de tensión a principios de año en los que el vicepresidente de la Comisión, el conservador y ortodoxo con el gasto Valdis Dombrovskis, clamaba en privado contra la reforma española, según informó Vozpópuli, y el comisario de Economía, el socialdemócrata Paolo Gentiloni, ha hecho declaraciones poniendo el foco en la necesidad de que la reforma sea sostenible pero comprando la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez: retrasar el examen de la parte más polémica a junio de 2023, ya a las puertas del final de la legislatura.
De hecho, la Comisión ha organizado un acto mañana que inaugura Dombrovskis y que clausura Nadia Calviño, en aras de mostrar que el Plan de Recuperación funciona, para lo que Bruselas y el Ejecutivo español se necesitan mutuamente. Un evento previsto desde hace tiempo, pero el primero en el que en la visita de seguimiento de los equipos de la task force Recover de la UE se organiza una jornada junto con el Gobierno español.
Mientras tanto, España ya ha pedido y ha recibido el visto bueno de la Comisión para otorgarle los fondos ligados a los dos primeros tramos de reformas e inversiones del Plan, con un primer y un segundo pago de 10.000 y 12.000 millones de euros, respectivamente. En paralelo, Sánchez exhibe una conexión con Ursula von der Leyen que desde el Gobierno se quiere subrayar a cuenta de que la Comisión prepare un impuesto a energéticas. Diametralmente opuesto al que ha llevado el Gobierno español al Congreso, pero gravamen al fin y al cabo, y que ha coincidido que lo ha anunciado Bruselas justo cuando la Cámara Baja iba a debatirlo.
El segundo pago del Plan de Recuperación, precisamente, se avaló en junio tras analizar la Comisión las reformas realizadas hasta 31 de diciembre de 2021, todas menos la que el Gobierno anticipó: la clave de bóveda de la reforma, el mecanismo que debe velar por que sea sostenible, que llama Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y que todos los organismos y expertos consideran que es insuficiente, incluida la propia Comisión, como ha planteado en sus informes estacionales y Gentiloni en sus declaraciones. No es sostenible en sí mismo, lo que agrava la espiral inflacionaria. La Comisión no entra en cómo debe ser el sistema de cada país, pero sí en que debe ser sostenible.
Sin embargo, el propio Gentiloni ha declarado que acepta evaluar el MEI el año que viene, dejando el escrutinio para la fecha en que estaba prevista la reforma. A pesar de este planteamiento connivente con Sánchez, la Comisión sigue preocupada con la revalorización de las pensiones y ha acordado en privado con el Gobierno español ajustes suaves, según trasladan fuentes conocedoras de las negociaciones y está dejando entrever el Ministerio de Inclusión.
Fuentes de Seguridad Social han explicado que la task force de Bruselas que está en España hasta mañana y con la que se han reunido este lunes viene a examinar la reforma para que los autónomos coticen según ingresos reales y los planes de empleo, lo que tocaba, ya que son las que les atañen al primer semestre de 2022. Sin embargo, el Ministerio ha deslizado que también se puede tratar la sostenibilidad de la reforma en sí misma y el MEI, y ha desvelado una discrepancia sobre el citado mecanismo.
En concreto, las mismas fuentes gubernamentales admiten que la Comisión no ha visto con buenos ojos que el MEI sea semiautomático y que quiere que sea automático. Es decir, que asegure de manera más clara y definitiva la sostenibilidad.
El MEI consiste en una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos desde enero de 2023 hasta 2030, que será una cotización adicional finalista para alimentar al fondo de reserva. En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre, cuando la cerró. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó a finales de enero el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas. Expertos consultados por este periódico dudan que reúna siquiera 20.000 millones. Poco más que el gasto extra en 2023 por indexar al IPC en 2022.
A partir de 2031, habrá una revisión cada tres años para verificar si este aumento de las contribuciones es suficiente para cubrir el gasto adicional previsto. Si no lo fuera, se establece que el Gobierno de entonces dispondrá de activos del fondo de pensiones hasta un máximo del 0,2% anual.
Si con todo la desviación no fuera cubierta, se prevé que el Ejecutivo de 2034 adopte medidas para paliar el gasto, enmarcadas en el Pacto de Toledo y negociadas con los agentes sociales, hasta un límite del 0,4% del PIB. Si esto todavía no fuera suficiente, se plantea añadir un incremento adicional de la cotización, también con límite en el 0,4% del PIB.
Éste es el semiautomatismo al que se refiere Escrivá y que la Comisión rechaza: una catarata de posibles reformas condicionadas para futuros Gobiernos que ya se prevé que puedan ser necesarias. En cambio, Bruselas quiere que el MEI sea automático, es decir, que garantice de entrada la sostenibilidad.
Fuentes de Inclusión quitan hierro a la discrepancia, que ven "técnica", y apuntan a incluir algún cambio en el proyecto de ley que tramitará las nuevas reformas de las pensiones que ha empezado a negociar la semana pasada con los agentes sociales para ampliar el cómputo del cálculo y las bases de cotización.
Se trata una vez más de dos reformas complicadas, para el Gobierno sobre todo la primera, que los sindicatos y sus socios rechazan, y que negocia juntas para intentar compensarlas. Y a todo este panorama se suma que la Comisión ya ve con dudas la reforma para que los autónomos coticen según sus ingresos reales que toca ahora estudiar, según ha podido saber Vozpópuli, que se ha quedado muy lejos de los objetivos iniciales de recaudación del sistema.
Escrivá carga contra el BdE y expertos
En este escenario, Escrivá ha presentado este lunes los datos de afiliación adelantada de septiembre y ha cargado contra el Banco de España y Fedea, que han cuestionado su reforma de las pensiones. "Son documentos de trabajo de los autores y no se pueden atribuir al Banco de España. Tenemos que dejar de atribuir al Banco de España informes que son sólo de sus autores y no de las instituciones", ha dicho, preguntado por el informe que el supervisor publicó el pasado miércoles que detalla el ajuste en la pensión media y por lo tanto ahorro al sistema de la reforma que el Gobierno negocia ahora y que ya ha desechado hacer en profundidad: aumentar el periodo de cómputo.
El ministro ha criticado de nuevo al supervisor, al que tachó de "poco sofisticado" en mayo, aunque ahora con el argumento de que los informes no se le pueden atribuir. Esta nueva línea de crítica del ministro se ha extendido también al autor de un informe de Fedea. El ministro ha clamado contra el "desprecio de algunos académicos hacia lo consensos de los agentes sociales", en los que detecta una "especie de soberbia" que le parece "sorprendente".
Polémica con el PP
Escrivá también salió en tromba recientemente en Twitter para criticar unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre la reforma de las pensiones. El presidente de los populares se había mostrado escurridizo hasta ahora y había escapado a todas las provocaciones de los socialistas para que entrara al trapo y aclarara qué propone en este campo. Hasta este agosto, en que Núñez Feijóo ya empezó a insinuar que una subida como la que pretende el Gobierno tiene gato encerrado.
El líder popular bajó a la arena y en una entrevista en La Razón el 4 de septiembre dijo que el Gobierno no puede subir las pensiones por encima del 3% por un acuerdo con Europa. "El Gobierno no puede subir más de un 3% el gasto corriente por un pacto que tiene con la UE para obtener fondos europeos". El periodista le dijo entonces que el ministro José Luis Escrivá ha negado anteriormente que esa limitación afecte a las pensiones.
"Hay un acuerdo, y los pactos con la UE no se pueden incumplir. Tienen que dejar de mentir y tienen que dejar de hipotecar el futuro de los españoles", insistió Núñez Feijóo.
En respuesta, Escrivá planteó que podría ignorar que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada por el PP en 2012, excluye el coste de las pensiones de la regla de gasto a la que hace referencia. "O peor, sabiéndolo, ¿quiere desinformar a los españoles y generar inquietud a nuestros pensionistas?", añadió.
Núñez Feijóo ha mantenido el mensaje a pesar de las descalificaciones gubernamentales a su rigor técnico. De fondo, un embrollo jurídico. La Ley de Estabilidad Presupuestaria española no afecta a las pensiones, pero la regla de gasto europea, sí. Ésta está suspendida, pero esto no impide que la Comisión plantee que el gasto debe controlarse.
En este sentido, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avisaba antes del verano de que las pensiones ya suponían cerca del 86% del aumento de gasto recomendado por la UE para 2023. Y a lo que se añade que se tiene que haber una transferencia presupuestaria a la Seguridad Social para cubrir los pagos.
Pues bien, ahora mismo, la previsión es que ya superan el 100% del aumento de gasto recomendado por Bruselas, 13.000 millones, y se sitúan en 16.200, con una inflación media esperada del 9%.
Si el escenario económico se complica este otoño, este gasto puede ser determinante. El BCE ha advertido de que sólo ayudará a los países que sigan las recomendaciones de la Comisión.
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