Vox ha publicado su programa económico en clave liberal en el que propone una reforma integral del sistema público de pensiones hacia uno en el que cada jubilado reciba una pensión en función de lo que ha ahorrado a lo largo de su vida laboral (es decir, un modelo mixto de reparto y capitalización: el 50% de la pensión es lo ahorrado y el otro 50% lo pone el Estado) y plantea un recorte en el número de empleados públicos que, asegura, permitiría ahorrar 3.000 millones de euros.
"Cada trabajador contribuye con una parte de su salario a una cuenta a su nombre y de su propiedad depositada en una Administradora de Fondos de Pensiones, y ésta la invierte en una cartera diversificada cuyos rendimientos se acumulan durante el tiempo de cotización y comienza a percibirlos cuando se jubila", explica.
Para asegurar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, propone que de la cuota que paga actualmente cada trabajador al sistema sólo se dé la mitad para garantizar la pensión y menos del 3% se destine a suscribir un seguro para cubrir imprevistos con una empresa denominada Administradora de Fondos de Pensiones, que estaría reguladas por el Estado. Además el contribuyente podrá dar hasta un 10% a la capitalización.
Para hacer este cambio de modelo de forma progresiva, Vox propone que los nuevos trabajadores que se den de alta en la Seguridad Social ya lo utilicen directamente, los de entre 25 y 45 años pueden elegir y los mayores de 45 años se quedan en el sistema actual, de reparto.
Sustituir el Estado de las Autonomías por un Estado Unitario
Vox propone también un ahorro que cuantifica en 3.000 millones de euros por suprimir altos cargos, empleo no funcionarial y ajustar la plantilla pública sin contratar más personas. "Habría que despedir en comunidades autónomas que han aumentado fuertemente el empleo público en el último año, como Cataluña o Valencia", señala. Sugiere además recuperar una tasa de reposición del empleo público no superior al 50%.
Propone sustituir el Estado de las Autonomías por un Estado Unitario, y establecer un plan de ajuste para que las comunidades cumplan su objetivo de déficit y una reforma completa del sistema de financiación "basada en el principio de corresponsabilidad fiscal y en la necesidad de que las autonomías asuman la responsabilidad de recaudar y no sólo de gastar".
Recortar los costes de financiación del Fondo de Liquidación Autonómica permitiría ahorrar 500 millones, ajustar ayudas "no esenciales" y reducir "subvenciones al empleo y transferencias a ayuntamientos" aportaría 2.500, congelar inversiones daría 1.000 y acabar con los planes de financiación interterritorial salvaría 500 millones, según sus cálculos. En suma estiman un ahorro por esta vía de 8.000 millones de euros.
Endurecer la reforma laboral del PP
En materia laboral, considera que la reforma que planteó el PP en 2012 y que ahora quería revertir el Gobierno de Pedro Sánchez se quedó corta y propone ir más allá con medidas como exonerar a las empresas de cargas sociales, reducir costes laborales no salariales (cuotas a la Seguridad Social) o bajar la indemnización por despido a 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 meses para todos los contratos.
Sugieren también que los tribunales de lo social no puedan rechazar la validad de un ERE salvo cuando haya discriminación proBada por ley, que se eliminen impuestos que recaigan sobre la venta de viviendas, y que se reinstaure la primacía de la negociación colectiva de empresa sobre la nacional, territorial o sectorial.
La prórroga forzosa de los convenios "ha de ser eliminada", señalan, y las políticas activas de empleo debe dictarlas el Estado y no las Comunidades.
Proponen reformar también el derecho de huelga y que para que una huelga se considere legal haga falta el "voto mayoritario y secreto de los trabajadores del sector, industria o empresa en la que se pretende iniciar el conflicto".
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