Definida esencialmente como la incapacidad de un hogar de hacer frente a sus necesidades básicas de energía, la pobreza energética se ha revelado como una de las caras más dramática de la falta de recursos por parte de los sectores más desfavorecidos de la población. Y es un problema que incluye al mundo desarrollado. Según datos de Eurostat, el 9,4% de los europeos lo padece. Para España, la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha situado la cifra en el 11% pero algunos indicadores llegan a marcar hasta un 15%.
Muchas veces, ante circunstancias como éstas la mano de la Administración no es suficiente o no llega a todas partes. La iniciativa privada cuenta con alternativas como la propuesta por Gas Natural Fenosa, que lleva unos años trabajando codo a codos con ayuntamientos y comunidades autónomas para tratar de paliar el problema, a través de convenios para evitar que los colectivos más vulnerables se queden sin una necesidad tan básica.
La compañía acaba de completar esta estrategia con la puesta en marcha de un Plan de Vulnerabilidad, según explicó Esther Sevilla, responsable de proyectos sociales de la Fundación Gas Natural Fenosa, en la jornada sobre pobreza energética organizada por Vozpópuli. El plan incluye actuaciones como un programa de voluntariado energético, dirigido a empleados de la empresa, y la puesta en marcha de una escuela de energía social, que funciona de forma itinerante por todo el país y que aborda diversas cuestiones que van desde cómo leer una factura a la mejor manera de rehabilitar una vivienda para hacerla más eficiente desde el punto de vista energético.
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Con vistas a la actuación de la Administración resulta fundamental aunar criterios. Durante la jornada, Sergio Tirado, subdirector de proyectos de la ACA, aseguró que uno de los objetivos de la Unión Europea es tener una política común sobre la pobreza energética y la forma de abordarla. Un reciente estudio de la Asociación elaborado para la Fundación Alternativas recogía una serie de puntos fundamentales como la creación de un observatorio estatal de la pobreza energética, la extensión de los criterios de vulnerabilidad energética a toda clase de políticas, evitar los cortes del suministro como medida a corto plazo para poder implementar medidas de largo plazo como la rehabilitación de las viviendas y un mercado más transparente.
Otra de las propuestas, aportada por Pedro Linares, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI de la Universidad Pontificia Comillas y director del centro de investigación Economics for Energy, fue imitar la actuación que se sigue en Francia, en forma de auditorías energéticas gratuitas a los hogares vulnerables para conocer sus necesidades y la forma de hacer las casas más eficientes. “Muchas veces, el problema es la falta de información”.
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Linares abordó el problema de los diferentes indicadores para evaluar la pobreza energética. “Hemos llegado a la conclusión de que ninguno mide exactamente lo mismo y que la coincidencia entre ellos apenas llega al 3%”. Esther Sevilla aseguró que “en realidad, no existe el indicador perfecto pero tampoco la solución ideal. Es necesario un análisis en profundidad para cada colectivo”.
El asunto de la eficiencia energética en los hogares fue abordado por Gloria Gómez, arquitecta del estudio Margarita de Luxán, cuyos estudios sobre la realidad de grandes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla y La Coruña, revelan que las necesidades pueden ser muy diferentes, incluso dentro de una misma comunidad de propietarios. Gómez hizo hincapié en la necesidad de adaptarse al cambio climático porque los colectivos más vulnerables también serán los que más sufran a la hora de adaptarse a esta circunstancia.
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