La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere recuperar el control estatal en los ERE y un papel más activo de la Inspección, lo que ha desvelado públicamente pero de momento no ha llevado a la mesa de negociación de la reforma laboral sino que lo ha enmarcado en el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el periodo 2021-2023. Se trata de una materia susceptible de reformarse en una ley o Real Decreto-ley, que no cabría en un Plan de Inspección, lo que ha llamado la atención de juristas consultados por Vozpópuli y de los propios Inspectores de Trabajo. Máxime cuando en estos momentos está la mesa de negociación de la reforma laboral abierta en canal.
El anuncio que hizo Díaz tras el Consejo de Ministros del pasado 16 de noviembre lo enmarcó en el citado Plan de Inspección, que señaló entonces que cambiará "el paradigma de la Inspección de Trabajo" como se conoce hasta ahora, que tiene a su juicio "actuaciones limitadas", lo que ha soliviantado a los Inspectores.
El Gobierno de Mariano Rajoy suprimió en 2012 la autorización administrativa previa de la autoridad laboral en los despidos colectivos, con la eliminación de sus competencias en la vigilancia de las causas de los expedientes. Según Díaz, tras la reforma laboral del Partido Popular, la Inspección "tiene sus capacidades bastante limitadas". El informe que emite tiene un valor "formal" a la hora de gestionar los ERE. "Vamos a cambiar esto y a reforzar sus competencias" en un plan proyectado para aumentar las competencias de la Inspección y que tenga mayor peso judicial en los despidos colectivos o ERE, para que "la autoridad laboral haga un informe eficaz para la defensa de trabajadores y trabajadoras" si el ERE promovido por la empresa llega a los tribunales.
De momento, en la mesa de negociación de la reforma laboral el Gobierno sólo ha llegado a plantear recuperar la autorización administrativa en los ERTE Red o especiales tras la pandemia para causas cíclicas o estructurales. Pero en su última propuesta y a la espera de ver cómo acaban las negociaciones, lo rebajó a que la solicitud de la empresa a la autoridad laboral de la reducción de jornada o suspensión del contrato de parte de la plantilla no será obligatoria sino voluntaria.
Los juristas consultados por este diario señalan que la recuperación de la autorización administrativa sería problemática en los ERE, ya que de entrada no es bien vista en la Jurisprudencia de la UE.
"Antes de la reforma de 2012 revisábamos las causas técnicas y económicas, desde 2012 sólo si hay fraude o abuso de derecho. Ya hay algunas comunidades que lo favorecen y una sentencia del Supremo plantea que pueden hacerlo en el despido pero un cambio de este calado debe llevarse en la reforma laboral, no se puede utilizar el Plan Estratégico de la Inspección con este fin", advierte a Vozpópuli Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
El adanismo de Díaz
El sindicato ha expresado en un comunicado su indignación por las declaraciones de Díaz en la presentación del Plan de Inspección y por el empleo de "cosas comunes" para aludir a su trabajo. La ministra dijo que tienen una actuación limitada a "los fraudes en la Seguridad Social, altas y bajas, y estas cosas comunes", y han recalcado que esas actuaciones "cambian y mejoran la situación laboral de los trabajadores". La primera parte de la prevención y de la construcción de una causa contra una empresa y de que cumpla con las cotizaciones se logra en el control de altas y bajas, subraya Ercoreca.
"La Inspección de Trabajo no actuaba ni actúa sobre todo en los fraudes en la Seguridad Social, altas y bajas y esas cosas que usted denomina comunes y de las que por otro lado estamos muy orgullosos", agregan en el comunicado. Sobre la transformación que anunció Díaz, recuerdan a la ministra que la Inspección de Trabajo existe desde 1906 y tiene como cometidos vigilar el cumplimiento del sistema de relaciones laborales, la prevención de riesgos laborales, el sistema de la Seguridad Social, el empleo y las migraciones.
"La Inspección de Trabajo y Seguridad Social no amplía la mirada, la tiene desde su creación, centrada en el trabajo, en garantizar los derechos de los trabajadores y en mejorar la calidad de las relaciones laborales y en el trabajo contra la precariedad laboral", concluye el comunicado del sindicato.
Díaz aseguró entonces que ha habido un 335% de incremento de la actividad entre enero y junio, aumento que a los Inspectores les parece falso, aunque se compare con el año de la pandemia. Advierten de que siguieron con sus actuaciones y pidieron ser vacunados antes por su actividad en general y por sus visitas a residencias y hospitales pero no lo lograron, y se les vacunó cuando les tocó por edad.
Ercoreca aplaude el incremento presupuestario de la Inspección, del 20% este año, pero advierte de que no hay una estructura suficiente, con 858 inspectores y 994 subinspectores, y de que no se cubren las plazas.
En cambio, la presidenta del sindicato recuerda que el 7 de julio Díaz acordó acabar con la doble escala salarial que se da en el seno de la Inspección de Trabajo, pero de momento no se ha hecho nada. "Lo que exige a las empresas no lo soluciona en la suya. Se cobra diferente por igual trabajo", destaca.
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