Yolanda Díaz defiende una subida del salario mínimo acorde a la inflación. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha asegurado este jueves que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "tiene que mantener el poder adquisitivo" y subir en línea con la tasa media del IPC entre diciembre de 2022 y noviembre de este año, la cual estima que estará entre el 3,7% y el 3,8%. Esto significa una subida a 1.121,4 euros, por encima de los 1.112,4 que ha propuesto CEOE este miércoles. Pero por debajo del alza que se sigue con las correcciones que plantea la patronal, que puede llegar a hasta 1.169 euros.
UGT y CCOO han difundido en la tarde de este jueves un comunicado en el que consideran que la propuesta de CEOE es "insuficiente" y señalan que el SMI nunca ha seguido lo negociado para los convenios colectivos. La oferta de la patronal ha desconcertado a Díaz y a los sindicatos.
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha celebrado que se quiera abrir la negociación pero se ha mostrado molesto con que se hagan públicos estos planteamientos antes de que haya empezado, lo que cree que será la semana que viene. A preguntas de los medios tras unas jornadas en su sede ha advertido de que la propuesta del Gobierno es muy parecida a la de CEOE. A su juicio, la subida debe seguir variables como el salario medio y el precio de los alimentos.
En esta línea, Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha planteado que debe subir como el salario medio, que ha dicho que se ha incrementado un 5,2%, y teniendo en cuenta también el precio de los alimentos, siempre por encima del 3%, y ha emplazado al Gobierno a convocarles ya a negociar.
Este miércoles hubo un comunicado preventivo de CEOE sobre la subida del SMI ante la inminente apertura de la negociación que Yolanda Díaz anunció en su toma de posesión este martes. La patronal aboga por que suba de los 1.080 euros vigentes a 1.112,40 euros en 2024 y a 1.145,77 euros en 2025, un alza del 3% cada año y del 6% en los dos próximos años, que advierte de que supera el alza del 2% del salario de los funcionarios en 2024.
En concreto, se trata de 14 pagas, lo que supone 15.573,6 euros al año en 2024 y, para 2025, 16.040,78 euros. En ambos casos, sería aplicable la cláusula de garantía prevista para estos ejercicios en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) alcanzado en mayo. Si se aplicara la cláusula, la subida de situaría en 1.169 euros.
La propuesta de CEOE llegó después de que este martes Díaz advirtiera, en términos generales pero poco antes de avanzar el abordaje inmediato de la subida del SMI, de que "quien gana 1.300 euros no puede conformarse". El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamaba que la subida sea a 1.200 euros.
Esta propuesta sale de la Junta Directiva de CEOE en su reunión ordinaria de este miércoles, "ante la inminente convocatoria sobre este asunto por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social", y aboga por una subida del SMI para los años 2024 y 2025 "en línea con lo acordado en el V AENC". "Las organizaciones empresariales consideran adecuada esta propuesta para tratar de mantener una correlación entre la evolución del SMI y la del resto de salarios que se pactan en el marco de la negociación colectiva", subraya el comunicado.
Condiciones
La patronal advierte de que esta propuesta tiene como "condición sine qua non" la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución, tal y como también se recoge en el V AENC firmado por las organizaciones empresariales y los sindicatos.
En su propuesta, las organizaciones empresariales destacan que tienen en cuenta las variables previstas en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, como el IPC, la productividad nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica.
Para suavizar los efectos negativos que las empresas perciben en las subidas del SMI, las organizaciones empresariales vuelven a reiterar su petición de que se establezca un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, con una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes, que se sumaría a los incentivos ya vigentes.
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