La soledad del Gobierno con la última parte de la reforma de las pensiones, que tiene que tener aprobada antes del 31 de diciembre, ha llevado a Yolanda Díaz a sacrificar su relación con CEOE para conseguir que Bildu dé luz verde al Real Decreto-ley que está cerrando José Luis Escrivá para cumplir con Bruselas. Es la lectura de distintas fuentes del diálogo social y parlamentarias consultadas por Vozpópuli sobre la enmienda que ha pactado Díaz con Bildu en el Congreso para que la Inspección de Trabajo controle los ERE en la Ley de Empleo, lo que supone modificar la reforma laboral por la puerta de atrás.
Nueva carambola parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que trata de romper el rechazo de los sindicatos y de sus socios a la reforma de las pensiones, en concreto, al aumento del cómputo a 30 años, y ha encontrado en Bildu un ariete. A costa de que se rompa la mesa del diálogo social, cuya utilidad parece darse por amortizada, y cuando sólo queda por negociar una subida del SMI que la patronal no va a avalar y a las puertas de año electoral.
Este movimiento del Gobierno se produce precisamente cuando los sindicatos estaban puenteando a Escrivá y negociaban con Podemos, ERC y Bildu la reforma de las pensiones, como avanzó Vozpópuli. Las centrales no confían en el estilo negociador del ministro y negocian directamente con los grupos la subida de bases máximas y que no se incluya la del cómputo a 30 años que ha planteado el Gobierno. Así lo trasladaban desde CCOO y UGT, que lamentan que el ministro de Inclusión trate de utilizar monedas de cambio y filtraciones para que acaben dando su aval al aumento del cómputo, que se niegan incluso a negociar.
Los sindicatos querían evitar lo que ocurrió con la reforma laboral, que se aprobó por un voto por el error de un diputado del PP y con el rechazo de ERC, PNV y Bildu y en este sentido interpretan el pacto de Trabajo con Bildu. Hay mucha urgencia con la reforma de las pensiones, trasladan desde las centrales, que advierten de que ERC no se sumará al pacto de las pensiones si no lo hacen los sindicatos.
Desde hace meses, los sindicatos ya venían advirtiendo de que al aumento del cómputo, que ha comprometido el Gobierno con Bruselas en el Plan de Recuperación, no es que le pongan "una línea roja, sino 10 líneas rojas". Exactamente la posición de Podemos, que comparten ERC y Bildu.
Llegado el momento de negociarla, Escrivá primero ha retrasado su oferta hasta casi el tiempo de descuento, y cuando ya no ha tenido más remedio que hacer algún planteamiento, ha confiado en lograr el aval de CCOO y UGT compensándola con la subida de bases máximas. Ante la evidencia de que esto no era suficiente, ha introducido una moneda de cambio, el contrato de relevo. Este último vence el 31 de diciembre y se descontaba que se prorrogara y los sindicatos se niegan a utilizarlo como moneda de cambio.
El ministro ha tenido desavenencias con los grupos parlamentarios, incluidos los socios del Gobierno, por llevar reformas sin negociar con el Parlamento para que se aprueben en 48 horas, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) hace un año. Ahora, al haber convocado tarde a la mesa del diálogo social para los flecos que quedan, ha alentado que los sindicatos negocien con los Grupos Parlamentarios.
Sin embargo, lejos de los cauces que quiere el Gobierno, los sindicatos negocian con los socios de Pedro Sánchez una reforma de las pensiones a medida, en la que se excluye la subida del cómputo y se busca elevar más las bases máximas.
En este escenario irrumpe la enmienda que ha transaccionado el PSOE con Bildu. Se trata de ir acercando a los socios para que avalen la reforma de las pensiones en una fórmula que pueda servir para presentarla a Bruselas y que los socios avalen.
Desde el Ministerio de Trabajo y el Grupo Parlamentario de Bildu circunscriben el pacto a la Ley de Empleo.
El pacto con Bildu para devolver el control estatal sobre los ERE se incluirá en la ley a través de una modificación del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores. Según la formación separatista, no supone una recuperación de la autorización administrativa de los ERE previa a la reforma laboral de 2012 sino un mayor papel de la Inspección en el control de estos despidos colectivos.
Díaz se reafirma
Sea como fuere, este asunto estuvo en la mesa de negociación de la reforma laboral y se descartó introducirlo. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, advirtió en diciembre de 2021 que si el Gobierno permitía que sus socios tocaran "una coma" de la reforma laboral que acaban de reformar los agentes sociales, se levantaba de la mesa y suspendía su aval a la reforma.
El pacto con Bildu supone que esto se acaba de producir un año más tarde, lo que ha soliviantado a la patronal, que ha remitido un comunicado en el que asegura que "el Ministerio de Trabajo queda "invalidado como interlocutor fiable" y lo tacha de "tramposo" y de "traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral", ha advertido CEOE en un comunicado.
CEOE va a decidir su postura final sobre este asunto en la Junta Directiva del próximo miércoles pero de momento la ruptura con Díaz parece la única salida.
La autorización administrativa previa se recuperó durante la pandemia para los ERTE por fuerza mayor. El control en los ERE lo venía intentando recuperar Yolanda Díaz incluso en el plan de inspección de 2022, lo que provocó las críticas de los propios inspectores. El Sindicato de Inspectores de Trabajo advertía de que un plan de inspección no puede incluir una reforma legislativa. Finalmente, la vicepresidenta segunda se avino a que no figurara en la reforma laboral y de cara a la votación del Real Decreto-ley que la contiene, insistía a los socios del Gobierno que no se podía cambiar lo pactado con los agentes sociales, lo que casi le cuesta que el Congreso tumbara la reforma.
¿Cómo ha justificado ahora Díaz el giro de 180 grados? Asegura que CEOE lo sabía y que ya se había aprobado, en alusión al plan de inspección, lo que la patronal se ha apresurado a negar y explicar un contexto que cree tergiversado. La vicepresidenta se ha reafirmado en esta modificación de la reforma laboral por la puerta de atrás, cuando CEOE exige que rectifique para no romper la mesa de diálogo social.
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