Antes de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, los agricultores de toda España salieron a la calle clamando contra la dramática situación que atravesaban el sector agrario. La crisis sanitaria frenó temporalmente sus reivindicaciones y los agricultores se pusieron al servicio de la sociedad para garantizar el suministro de alimentos en todos los rincones de España, a pesar de su precaria situación.
Dos años después, la situación es todavía más dramática. El sector agrario afronta uno de los tres años hidrológicos más secos desde 1961 con solo el 25% de su cosecha asegurada, y de continuar con esta escasez de agua, desde el sector agrícola murciano estiman que se perderán millones de euros. Esta situación se ve agravada con la guerra de Ucrania. España, como el primer importador de cereales en la UE, dependerá aún más del exterior para abastecer toda su demanda. Ucrania, proveedor estratégico de energía y de los mercados mundiales de cereales y oleaginosas para la Unión Europea, frenará las salidas de materias primas desde este origen, a lo que habrá que sumar la guerra energética que está haciendo subir aún más la factura de las explotaciones agrícolas.
Como recuerdan desde la Fundación Ingenio, el propio Comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, dijo la semana pasada que la invasión rusa va a suponer un replanteamiento de las estrategias agroalimentarias en la Unión Europea, con el fin de incrementar las producciones. También el gobierno italiano y el francés se han sumado a sus palabras y han solicitado que se promuevan políticas que estimulen la producción de alimentos. Mientras tanto, desde el sector agrónomo murciano enfatizan que en España “la agricultura está al borde del abismo y los gobiernos no están ayudando lo suficiente al sector”.
Los precios de los insumos siguen disparados y los precios percibidos por el agricultor hundidos. La variación de precio entre los productos en origen y en destino y la competencia desleal han provocado que el sector agrícola español viva una situación insostenible. Por ejemplo, el precio percibido por el agricultor (en €/kg) en la naranja es de 0,16, mientras que se vende a 1,56. En el limón el agricultor percibe el kilo a 0,23 mientras que se vende a 2,14, y en la lechuga se paga a 0,25 frente a 1,06 que se paga en el supermercado.
"El agricultor está perdiendo dinero"
“Hoy en día, por cada kilo que se vende, el agricultor está perdiendo dinero. El sector no puede más”, señala Adolfo García, presidente de la Fundación Ingenio. Advierte que “la situación del campo es dramática. En el Campo de Cartagena estamos perdiendo dinero por producir. Las actuales políticas nos llevan al desmantelamiento de la agricultura, y puede haber un efecto contagio por toda España. Los agricultores estamos al borde del abismo, vendiendo tierras y perdiendo dinero”
A esto hay que sumarle el encarecimiento de la energía (electricidad y combustibles) y fertilizantes claves para la actividad diaria del sector. De hecho, el gasóleo, carburante más usado en el sector primario, acumula subidas de más de un 70%. Es tal la situación, que se está haciendo imposible la producción, y muchos tendrán que abandonar sus tierras fértiles.
“Lo más dramático de todo es que, en la zona del Campo de Cartagena, la mayoría de los científicos coinciden en que las soluciones es posible garantizar los recursos hídricos a buen precio y de calidad, que garanticen la convivencia de sostenibilidad y agricultura, pero los políticos no ofrecen estas soluciones” indica Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes de Campo de Cartagena. De fondo, “también existe una politización sobre las cuestiones relativas al Trasvase Tajo-Segura, que dejaría sin agua de calidad y a precio asequible para seguir cultivando en la región, y otra serie de intereses políticos que ponen en riesgo al motor agrícola de España”.
