El Banco de España impuso en 2019 multas a cinco bancos por incumplir sus obligaciones de transparencia y protección al cliente en préstamos hipotecarios, según consta en la Memoria de Supervisión Bancaria publicada este martes.
Entre los motivos esgrimidos por el organismo para imponer las sanciones destaca el cálculo erróneo de la tasa anual equivalente, sin incluir los gastos de formalización o los costes vinculados; no informar adecuadamente antes de la firma del contrato; realizar un control insuficiente de las gestorías, y cobrar comisiones de forma indebida.
Durante el pasado año, señala el documento, la actividad supervisora se ha centrado en gran medida en el crédito al consumo, con especial atención a las tarjetas 'revolving' o de pago aplazado, así como al crédito hipotecario (incluidas las cláusulas suelo), los servicios de pago, la publicidad o el impacto de la digitalización en la comercialización por nuevos canales de productos bancarios.
Sobre las tarjetas 'revolving', el Banco de España se ha centrado en su comercialización, con especial atención a su publicidad, para que no sea incompleta o sesgada y no asegure que es un medio de pago gratuito, y al examen de la solvencia del cliente.
Además, están en curso expedientes contra una cooperativa y dos bancos por incumplimientos de la normativa de transparencia, y otro respecto de un banco para verificar si ha aplicado correctamente el Código de Buenas Prácticas.
Más sanciones a diferentes cargos directivos
Siguiendo instrucciones del Banco Central Europeo (BCE) y al amparo de la normativa del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el Banco de España abrió un expediente sancionador -actualmente suspendido- contra 41 cargos y directivos de una sociedad de inversión, por incumplimientos relativos a la consolidación prudencial y a los requerimientos de recursos propios.
En relación con entidades menos significativas, ha sancionado a ocho consejeros, inhabilitando a uno de ellos, por la comisión de una infracción muy grave en materia de gobierno corporativo y política de remuneraciones, y de otra grave en materia de control interno.
Por lo que respecta a entidades distintas de las de crédito, la Memoria destaca el expediente abierto contra una sociedad de garantía recíproca y 32 cargos de administración y dirección por incumplimiento de un requerimiento previo en materia de control interno, que finalizó con la imposición de sanciones a la citada entidad y a 17 de sus consejeros y directivos.
También ha sido sancionado un establecimiento de cambio de moneda y a su administrador único, y se han incoado expedientes a una entidad de pago; una que realiza actividades reservadas a las entidades de crédito y sus administradores; una entidad que no ha facilitado información al equipo de supervisión, y una sociedad de tasación.
Desde octubre de 2014, cuando se asignaron al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones las competencias relativas a la supervisión de la conducta de las entidades, se han llevado a cabo unas 650 actuaciones supervisoras, de las que se han derivado 26 expedientes sancionadores, 218 escritos de requerimientos y 469 escritos de recomendaciones.