Fuerte malestar por la amenaza de bloqueo. Moncloa abrirá todos los frentes que tenga a su disposición para poner reparos a la opa hostil de BBVA al Sabadell, lo que ha despertado duras críticas dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo clave para que el Gobierno pueda frenar la opa.
Los técnicos de la CNMC se quejan de la “intromisión” y las “presiones” antes de examinar la operación, según trasladan a Vozpópuli fuentes internas del organismo garante de la competencia.
Fuentes oficiales de la CNMC prefirieron no hacer comentarios al respecto. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, repite desde el anuncio de la opa que el Ejecutivo tendrá la última palabra antes de autorizar la fusión por absorción.
"Sólo nos utilizan", lamentan fuentes internas de la CMNC, que recuerdan que el Gobierno les encargó también evaluar la competencia en depósitos sin facilitarles más medios
Pero la intromisión política se puede adelantar al proceso de autorización de la opa. La CNMC tendrá que evaluar si la compra del Sabadell por parte de BBVA tiene efectos sobre la competencia, que precisamente fue el principal argumento que empleó el Ejecutivo para rechazar la opa el mismo día de su anuncio.
“No nos dan los medios suficientes y sólo nos utilizan”, se quejan fuentes próximas a la CNMC, que trasmiten que la “presión” del Gobierno se deja sentir y condiciona el análisis de la opa.
Distintas fases
La Ley de Defensa de la Competencia atribuye a la CNMC las funciones exclusivas sobre concentración. Lo lógico, como indican fuentes próximas al organismo, es que las operaciones de concentración se aprueben en primera fase, que se extienden durante un máximo de un mes. En este punto, se analizará la operación y el consejo de la CNMC decidirá si debe ser autorizada (con o sin compromisos) o si, por el contrario, exige un análisis más detallado.
"El Gobierno podrá entrar en caso de que la CNMC considere que tiene que hacer una análisis más profundo sobre la concentración antes de autorizar la opa. Pero sólo se podrá desmarcar del criterio de Competencia alegando otros motivos, como los relacionados con la seguridad nacional
Como ocurrió con la compra de Bankia por CaixaBank, la entidad adquiriente se suele anticipar y propone una serie de medidas a Competencia para limitar su impacto en el sector bancario. Si en la primera fase se detectan problemas de competencia que requieren un mayor análisis, se pone en marcha una segunda fase, con un análisis “más minucioso todavía” que, normalmente, incluye la consulta a terceros interesados, según las fuentes consultadas.
El consejo de la CNMC decide si la concentración debe ser autorizada o si requiere que se apruebe sujeta a los compromisos que propone el comprador para que autoricen su operación. En el caso de que los compromisos no fueran suficientes para resolver los problemas de competencia identificados, el organismo puede imponer condiciones que complementen o, incluso, que sustituyan los compromisos propuestos por el comprador.
Ahora bien, si no existen compromisos o condiciones que permitan resolver los problemas de competencia identificados, se puede prohibir la concentración. Para poner en contexto, durante 2022 sólo hubo tres operaciones que exigieron análisis en segunda fase.
Intervención "limitada" del Gobierno
Como especifican fuentes oficiales de la CNMC, la entrada en vigor de la Ley de Defensa de la Competencia del año 2007 limitó “considerablemente” la intervención del Gobierno en el control de las operaciones de concentración.
La autorización de las operaciones corresponde en exclusiva a la CNMC y únicamente si se prohíbe o si se subordina a compromisos o condiciones una determinada operación durante la segunda fase, el Ministerio de Economía podría decidir elevarla al Consejo de Ministros. En estos supuestos, el Ejecutivo tendría un mes para desmarcarse de la propuesta de la CNMC, pero alegando criterios distintos de los de competencia, como los relacionados con la seguridad nacional, la protección del medioambiente o la promoción de la innovación, entre otros.
Riesgo de duopolio en Cataluña
Con la compra del Sabadell, el grupo de La Vela daría un salto considerable en cuota de crédito a pymes, el gran atractivo del banco catalán, que le aportaría una porción del 12,7%, hasta superar el 24% en España. En total, la entidad combinada sumaría casi el 22% del crédito.
En Cataluña, donde BBVA compró durante la crisis de cajas la antigua CX y Unnim, tendría cuotas cercanas al 40%, con lo que destronaría a CaixaBank (con un control de alrededor del 35% del mercado de la región). El problema de concentración sería de duopolio en la región catalana: con BBVA/Sabadell y CaixaBank controlando más del 70% del mercado.
