Expectante y preocupado. Así aguarda el Banco Central Europeo (BCE) a los detalles que está puliendo el Gobierno sobre el impuesto a la banca. El supervisor único vigila el plan de Pedro Sánchez y no se descarta que pueda emitir una opinión de oficio cuando conozca la letra pequeña, según distintas fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.
El BCE mantiene de momento una actitud tibia en público respecto a la intención del Ejecutivo de imponer un gravamen extraordinario a los bancos. Pero la idea de Sánchez no ha gustado en el seno del supervisor único, que considera que puede afectar al crédito y añadirá incertidumbre al sector. También advierte de que la nueva tasa sería un elemento inesperado que puede alterar los planes de negocio de las entidades y teme que pueda lastrar la capacidad de pago de dividendos de algunos bancos, según fuentes próximas al supervisor.
En el sector financiero se echa en falta una reacción más contundente por parte del BCE en contra del nuevo impuesto de Sánchez. En 2019, cuando Lituania anunció que aplicaría una tasa al sector financiero, el BCE exigió al Gobierno que midiera las consecuencias que podrían tener para el sector y dejó clara su postura de oposición. Ahora, el supervisor se ha limitado a manifestar una valoración general sobre los impuestos a la banca.
"Deberíamos evitar que afecte al crecimiento del crédito. El impuesto no debería dañar la solvencia de los bancos ni endurecer las condiciones de financiación. Siempre hemos dado este mensaje. No sabemos las características del impuesto de España, queda mucho por concretar y esperaremos un poco", dijo Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, la semana pasada.
Calviño evitó concretar la tasa al gobernador del Banco de España y a los banqueros en una reunión privada la semana pasada"
El Gobierno evitó dar detalles a los banqueros en la reunión de este viernes en el Ministerio de Economía. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se limitó a explicarles las razones que han llevado a plantear esta nueva tasa. Para el Ejecutivo, se justifica porque la banca no sufrirá como la industria el aumento de precios de la energía por la guerra en Ucrania y además se beneficiará del cambio de política monetaria en Europa, con una subida histórica de medio punto porcentual del precio del dinero.
A la cita acudió también el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que tampoco ha podido transmitir al BCE, como representante español en el máximo órgano de gobierno del supervisor únicos, los planes concretos de Sánchez.
El detalle, en unos días
El Gobierno trabaja a marchas forzadas para detallar cómo aplicará el impuesto a los bancos. Pretende concretar el nuevo gravamen en una proposición de ley la próxima semana. No está claro si dará tiempo, aunque se espera que el documento incluya una propuesta de mínimos que luego se negociará con los grupos parlamentarios. El plan de Sánchez es recaudar 1.500 millones al año.
Hacienda estudia aplicar la tasa sobre un determinado nivel de activos o ingresos, aunque también sobre la masa salarial de las entidades, como se está planteando la Comisión Europea (CE) y tienen en vigor otros países como Francia y Dinamarca.
En la cita del pasado viernes, los banqueros pidieron a Calviño no estigmatizar al sector, que de todas formas planea dar la batalla legal si hay resquicios legales para no pagar el nuevo gravamen. Los bancos argumentan que son uno de los sectores que más impuestos paga, más que las empresas tecnológicas, por ejemplo. También ponen en valor que hacen aportaciones para sufragar los fondos de rescate privados europeos y nacionales.
El Gobierno no invitó a la reunión del viernes a algunas entidades medianas como Ibercaja, Abanca y Kutxabank. Este hecho ha extendido aún más la incertidumbre en el sector, que especulaba con que a estas entidades no se les aplicaría el nuevo impuesto, según fuentes bancarias. Si los planes del Gobierno se cumplen, los ejecutivos bancarios se irán de vacaciones conociendo cómo será el impuesto. Aunque la tramitación parlamentaria se puede alargar y, con agosto inhábil en el Congreso de los Diputados, el detalle final tardará aún más de un mes en concretarse.
