Los Presupuestos Generales del Estado registran un grado de ejecución muy bajo en el primer cuatrimestre del año. Desde hace 20 años (2004) no se producía una realización tan exigua. Según los datos de Hacienda, el gasto público liquidado (Obligaciones Reconocidas Netas) sólo ha llegado al 23,4% de los Créditos Definitivos habilitados hasta abril, frente al 25,6% del año pasado, el 29,7% en 2022 o el 36,4% en 2020, en el inicio de la pandemia.
La media histórica de ejecución en este periodo supera el 32%. Lo que significa que el principal instrumento de la política económica de que dispone el Gobierno está aportando muy poco al crecimiento, que sigue creciendo al albur del turismo y el consumo, tras la decisión de Pedro Sánchez de prorrogar los Presupuestos del año anterior, por la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña por parte de sus socios en el Ejecutivo. Esta inacción presupuestaria, que afectará a la economía real, es la consecuencia del proceso de inestabilidad política en la que se ha instalado el Gobierno, con el ojo puesto ahora en la formación del nuevo ejecutivo catalán, mientras que la oposición cruza apuestas sobre la duración de Sánchez en La Moncloa y la fecha de una nueva anticipación de elecciones generales.
A esta parálisis ha contribuido también: que en lo que va de año se han registrado tres elecciones autonómicas y unas europeas; que el Gobierno no ha querido asumir más compromisos financieros, a la espera de los que tendrá que ofrecer para atender las demandas de sus socios catalanes y también vascos a cambio de su apoyo; que le ha interesado aparecer con un buen resultado del déficit en este periodo electoral y también frente a Bruselas, al que ha contribuido el aumento de los ingresos por la subida de impuestos (sobre todo del IRPF por la no deflactación de la tarifa); y que el Presidente anda ‘distraído’ intentado aventar cuestiones familiares que cada día se le complican más.
Lo que es evidente es que el Gobierno tiene dificultades a la hora de legislar que están generando una cierta dejadez en sus funciones, sin que se puedan aprobar las normas regulatorias (decretos) que lleva al Congreso. De esta forma, los Presupuestos, que en algún momento se convirtieron en el verdadero debate del Estado de la Nación, han quedado relegados por intereses políticos, mientras que la prórroga está desvirtuando su seguimiento a golpe de modificaciones de crédito (de más de 13.000 millones en estos meses).
Caída del gasto en inversiones
Esta reducción del gasto público en estos meses no se debe a una política de ahorro o del necesario ajuste, sino a la falta de toma de decisiones importantes que pueden afectar a la economía. Por ejemplo, por capítulos presupuestarios se observa que hasta abril sólo se ha realizado el 10,6% del gasto productivo previsto en inversiones reales, así como el 12% en activos financieros (préstamos a empresas públicas y privadas para generar actividad así como la compra de acciones de telefónica por parte del Gobierno), mientras que las transferencias de capital (dinero para financiar inversiones concretas) crecen un 8,5% y las corrientes (subvenciones) un 19,5%.
Por su parte, el gasto en bienes y servicios (de mantenimiento y reposición de los ministerios) alcanza el 22,5%. Destaca en sentido contrario el gasto en personal, cuya liquidación se sitúa ya en el 31%, con un aumento del 4,4% respecto al año anterior, sin que aún se haya producido la subida salarial prevista en el ejercicio, ya que el Gobierno ha intentado que se apruebe en los decretos ómnibus que ha llevado al Congreso, junto a otras medidas y que sus socios no han apoyado. Mientras, los gastos financieros para pagar los intereses de la deuda alcanzan el 26% y los de los pasivos financieros llegan al 31,5% por las amortizaciones de la deuda.
Este gasto debería situarse al menos en la frontera del 33% de su ejecución media. Pero, de momento, se ha quedado a 10 puntos de distancia. En realidad, el porcentaje de liquidación en este periodo es aún más bajo en los ministerios (16,4%) ya que en esta estadística se incluye a otras secciones que en algunos casos tienen gestión individualizada o propia como la Casa Real (100% de ejecución); Cortes (50%); Deuda pública (36,2%); Relaciones Financieras con los Entes Territoriales (33,2%); o Mutualismo de los funcionarios (30,5%). En todo caso, el presupuesto liquidado en abril en la Administración General del Estado es de 92.244 millones de los 393.800 millones estimados en la prórroga para todo el ejercicio. La cifra es un 9% inferior (casi 9.200 millones menos) a la registrada hace un año (101.420 millones).
Ningún ministerio llega a ese porcentaje de ejecución requerido del 33% y muy pocos alcanzan el 23,4% medio. Los ministerios más ‘favorecidos’ son los de Presidencia (alcanza al 28,1% cuando hace un año llegaba al 16,3%); Interior (29,6%) y, por ejemplo, Hacienda (27%). Pero, por debajo de ese 23,4% se encuentra la mayoría de los ministerios. Lo que más llama la atención es que los departamentos de mayor empuje económico, y también social, se encuentran en el furgón de cola de la realización del gasto.
Así, en pleno cambio de modelo de crecimiento económico, se supone que auspiciado por los fondos europeos, el grado de realización del ministerio de Transformación Digital es del 2,6%, y el de Industria y Turismo llega al 2,8% frente al 13,6% de hace un año. Por su parte, Ciencia e Innovación se queda en el 6,9% (casi cinco puntos menos que en 2023); Economía y Comercio llega al 12%; Política Territorial se sitúa en el 13,7%; Agricultura se estanca en el 14,2%; Transportes (el ministerio inversor) alcanza el 14,7%; Inclusión y Seguridad Social consigue el 15,1%; y Transición Ecológica llega al 15,4%. Mientras, Trabajo alcanza el 18% y Educación y Defensa se quedan en el 19%.
En la parte más baja de la cola se encuentran también Igualdad, que sólo liquida el 3,4% de su presupuesto y el nuevo ministerio de Juventud e Infancia que cumple un exiguo 1,3% del gasto previsto en este primer tercio del año.
El detalle de la ejecución presupuestaria
El gasto por programas permite ver el detalle de la inacción presupuestaria del Gobierno y la afectación de los ministerios de mayor capacidad inversora y generadora de actividad. Por ejemplo, Transportes sólo ha gastado hasta ahora 1.900 de los 13.061 millones de los créditos habilitados para este año. Llama la atención que la liquidación de la Subvención al Transporte Aéreo sea ya del 84% presupuestado, mientras que el Programa de Mejora de la Calidad y Fiabilidad de los trenes de Cercanías sólo llegue al 3,3% y el de Infraestructuras del Transporte Ferroviario se quede en el 4,9% o que el de Infraestructuras de Carreteras se sitúe en el 9,9%. Por su parte, Industria y Turismo sólo ha gastado 313 de los 11.200 millones presupuestados.
La mayoría de sus programas de los fondos europeos está sin iniciar, mientras que los de Apoyo a las Pymes llegan al 0,8% de ejecución, el de Promoción al Turismo se queda en el 0,6% y el de Desarrollo Industrial se estanca en el 0,2%. En Vivienda, sólo se han ejecutado 260 de los 4.500 millones consignados. Destaca que del Programa de Ayudas para la Rehabilitación y Acceso a la Vivienda sólo se ha realizado el 1,9% del gasto (18 de los 959 millones presupuestados).
En Transformación Digital sólo se han consumido 187 de los 7.323 millones habilitados. En Economía sólo se han cumplido 302 de los 2.519 millones previstos, la mayor parte corresponde a la gestión de la deuda pública. Y, por ejemplo, en Ciencia, Innovación y Universidades se han empleado 830 de los más de 7.300 millones previstos, y su Programa I+D para la Tecnología Industrial sólo se ha realizado en un 9,4% (141 de los 1.500 millones estimados).
Mientras, el Programa de gasto de los Servicios Sociales del Estado del ministerio de Derechos Sociales sólo se cumple en un 11% y a un 2,8% llega el de Actuaciones de Prevención Integral de la Violencia de Género de Igualdad, así como al 1,2% el de Atención a la Infancia y Familias de Juventud e Infancia.
Entre otros, también llama la atención: que el Programa de Desarrollo de la Economía Social de Trabajo sólo llegue al 5,6% de realización y al 5,2% el de los Autónomos; que en Agricultura, el Programa de Gestión de Recursos Hídricos en el Regadío se estanque en el 5,5% de ejecución; y que el de Ordenación Territorial de los Recursos Hídricos de Transición Ecológica se encalle en el 0,1% de ejecución y en el 5% el de Reto Demográfico y Lucha Contra la Despoblación.