Cataluña es la región que más contribuye al déficit público estructural de las comunidades autónomas al registrar un saldo negativo de 3.770 millones de euros a cierre de 2023. Le siguen la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, con 3.064 millones, 2.262 millones y 1.982 millones, respectivamente.
Según los datos incorporados en un estudio reciente de Fedea, las cuatro CCAA generan el 80% del desequilibrio estructural del subsector. En este sentido, también serán las que más correcciones deberán hacer en los próximos años, en el marco de la reactivación de las reglas fiscales, para garantizar la sostenibilidad fiscal futura.
Tomando como base esos datos y a falta de conocer los de cierre de este año, con la senda de déficit que ha marcado Hacienda, que obliga a las CCAA a bajarlo al 0,1%, Cataluña tendría que hacer un ajuste de unos 3.500 millones. Debería reducirlo de los 3.770 millones (a cierre de 2023) al entorno de los 300 millones en 2025.
Negociación del Gobierno con Junts
Sin embargo, para apoyar la senda del Gobierno en el Congreso, Junts ha pedido más margen para las CCAA, un tercio del total del déficit previsto para el conjunto de las administraciones públicas (marcado en el 2,5% del PIB para 2025). Recalcan que en 2012 ya se reservó más de un tercio a comunidades y ayuntamientos.
El Ejecutivo llevó al Congreso un techo de gasto de 199.171 millones para 2025 y una previsión de déficit del 2,5%, con la Administración Central asumiendo la mayor parte, el 2,2%, y un 0,2% de la Seguridad Social. El 0,1% restante se concedió a las CCAA, frente al superávit del 0,1% que debían conseguir en base al Programa de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado año.
Si el Gobierno finalmente elevara hasta el 0,8% del PIB el margen de las comunidades para lograr el apoyo de Junts, con los datos del 2023 y a falta de conocer las cifras de cierre de este año, Cataluña tendría que hacer un ajuste de sólo 1.600 millones. Dicho de otro modo: tendría un margen de gasto 1.900 millones superior.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado esta posibilidad, pero sí se ha abierto a negociar más margen para las CCAA. El Gobierno espera aprobar definitivamente la senda de estabilidad en las próximas semanas, cuando tenga claro si son capaces de sacarla adelante.
Déficit estructural de las CCAA
Fedea apunta en su análisis que las CCAA cerraron 2023 con un déficit del 0,9%, tanto en términos de Contabilidad Nacional como en términos estructurales, un nivel récord sólo superado en 2020. Esto indica que "el déficit público autonómico se explica principalmente por decisiones autonómicas y variables estructurales de gastos e ingresos, y no por el ciclo económico".
Desde el servicio de estudios destacan que "las diferencias entre CCAA son sustanciales: Asturias, Cantabria y Navarra logran superávits estructurales, mientras la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña tienen los déficits estructurales más elevados" respecto a su PIB, del 2,2%, 2% y 1,4%, respectivamente.
En este sentido, Carmen Marín, analista de Fedea y una de las autoras del informe, explica que "las comparaciones suelen realizarse mejor en porcentaje de PIB porque, por ejemplo, Murcia presenta una posición muy deteriorada, con un saldo estructural del -2%, pero queda fuera del ranking en términos absolutos".
Sobre el saldo presupuestario de cierre de las CCAA este año, y ante el cumplimiento de las reglas fiscales en 2025, reconoce no ser "nada optimista", aunque habrá que confirmarlo con los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). "Lo que está claro es que un cierre de las CCAA en equilibrio presupuestario o con un déficit del 0,1% no es creíble", sentencia.