El Congreso de los Diputados va a convalidar este jueves el decreto ley que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas digitales, los llamados 'riders', con duras criticas de VOX, que ha anunciado que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional, PP y Ciudadanos.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado en el Congreso esta norma como "vanguardista" y ha defendido que "dota de derechos" a las relaciones laborales en las plataformas digitales y "da transparencia" en el uso de los algoritmos.
"Las personas tienen derecho a saber quién toma las decisiones que les afectan, aunque el jefe se esconda tras un algoritmo", ha subrayado Díaz, que ha puesto en valor el acuerdo logrado en el seno del diálogo social para sacar adelante esta norma.
En el debate, los distintos grupos ya han fijado una mayoría favorable a la norma que se tramitará como proyecto de ley para poder introducir cambios.
Así, han anunciado su voto favorable, además de los socios de Gobierno PSOE y Podemos, PNV, Bildu, ERC y varios miembros de los grupos Mixto y Plural, entre ellos el PDeCAT.
Por el contrario, VOX, PP y Ciudadanos han avanzado su negativa al decreto ley, aunque estos dos últimos grupos se han mostrado partidarios de la tramitación como proyecto de ley.
Duras críticas de la oposición
El debate ha sido especialmente bronco entre el diputado de VOX Juan José Aizcorbe y la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.
VOX, que ha expresado su rechazo a la norma por "la forma, las formas y el fondo", ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, ha reclamado un "estatuto especial" para las nuevas realidades de la economía digital y ha acusado al Gobierno de dejar fuera de la negociación a la mayoría del colectivo.
A las puertas del Congreso se han manifestado este jueves un centenar de personas contra esta ley convocados desde la Asociación Profesional de Repartidores Autónomos (APRA) y RepartidoresUnidos.org.
Para VOX, que ha apoyado esta protesta, la norma "pone barreras" para que miles de personas puedan trabajar y suma "más incertidumbre" al mercado laboral.
"Problemas" con el Estado de Derecho
Díaz ha acusado a VOX de defender un "modelo laboral basado en la explotación", y ha reprochado al grupo parlamentario tener "problemas" con el Estado de Derecho y con el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo que han reconocido a los repartidores como falsos autónomos.
También el diputado del PP Diego Movellán ha considerado que con esta ley se "truncan" las oportunidades laborales de muchas personas y ha acusado al Gobierno de "sobrarles los autónomos".
Y desde Ciudadanos han cuestionado la "urgencia" de una norma que contempla un plazo de adaptación de tres meses.
"El fin no justifica los medios", ha reprochado la diputada María Muñoz.
La norma, que fue aprobada el pasado 11 de mayo por el Consejo de Ministros, da un plazo de tres meses para que las empresas se adapten a una regulación que parte de la premisa de que los trabajadores que desempeñan tareas de reparto en las plataformas digitales son laborales.
Les aplican, por tanto, todos los derechos que recoge el Estatuto de los Trabajadores relativos a la organización, sindicación, protección social, cotizaciones o salario.
Luz verde a la nueva ampliación de los ERTE
El Congreso también va a convalidar previsiblemente, de acuerdo con las posturas avanzadas por los grupos en el debate, el real decreto que amplía el marco de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre, así como las ayudas a autónomos, y otras medidas de apoyo a fijos discontinuas o el sector artístico.
En su defensa, Díaz ha destacado el papel jugado por estas ayudas durante la pandemia de la covid y ha avanzado que con esta nueva prórroga los ERTE "han alcanzado su mayoría de edad" y "están preparados" para inspirar un nuevo sistema que sirva de "instrumento de flexibilidad interna".
También en esta norma el Gobierno ha recibido criticas de algunos grupos de la oposición.
Desde el PP han acusado al Gobierno de ir otra vez "tarde y mal", y desde VOX, de haber vuelto a llegar al "límite" para aprobar esta prórroga.
