La sombra de Teresa Ribera y su marido, Mariano Bacigalupo, planea sobre la nueva Comisión Nacional de la Energía (CNE) desde el momento en que el Gobierno anunció el proyecto. Se trata de una iniciativa personal de la ministra de Transición Ecológica, que cuenta con el apoyo explícito de su esposo, quien fue consejero de la antigua CNE y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El Consejo de Ministros aprobará hoy, previsiblemente, el inicio del trámite parlamentario del proyecto de Ribera, que permitirá desgajar la regulación del sector energético de la estructura de la CNMC. Esa decisión mermará considerablemente los poderes del organismo que preside Cani Fernández, en beneficio de otro ente que contará con estructura, presupuesto y consejo de administración propios.
El riesgo de que el Gobierno maniobre para controlar los resortes de la CNE ha ganado muchos enteros, en vista de lo sucedido en el Banco de España, donde Moncloa ha colocado a un ministro de gobernador (José Luis Escrivá) y a una subgobernadora con clara afinidad hacia el PSOE (Soledad Núñez). Estas claves ayudan a interpretar los mensajes que está trasladando el Consejo de Estado sobre la CNE. La institución ya tiene listo su dictamen sobre la Comisión de la Energía. Entre las medidas propuestas, según ha avanzado Cinco Días, está la prohibición de que los consejeros actuales o antiguos de la CNMC puedan dar el salto al nuevo organismo.
El planteamiento ha generado debate en el entorno de los organismos reguladores. Principalmente, porque puede interpretarse en términos políticos. Hay quien considera que, introduciendo esa propuesta, el Consejo de Estado se está adentrando en un terreno que no le corresponde.
Concretamente, su dictamen sobre la CNE -al que ha tenido acceso Vozpópuli- afirma lo siguiente: "Aun cuando esta cuestión no es abordada ni por la Ley de la CNMC, ni por el anteproyecto, ni tampoco por las directivas antes citadas, la limitación de la posibilidad de renovaciones parece que debe entenderse en el sentido de que una persona que ha sido ya consejero de un organismo, no puede serlo nuevamente para el organismo regulador que tiene un mismo ámbito de competencias".
El veto propuesto implica que ningún consejero actual de la CNMC próximo al Gobierno pueda pasar a la CNE. También corta de raíz cualquier tentación de Moncloa de sentar al propio Bacigalupo en el consejo del nuevo organismo. No hay que olvidar que es un reconocido experto en regulación energética. Lo acredita su currículum: ha desarrollado parte de su carrera profesional en organismos del ámbito de la energía.
El problema, como recuerdan fuentes próximas al regulador, es que ese veto tendría efectos 'colaterales'. A saber, cerraría el paso a otros consejeros o ex consejeros con demostrada profesionalidad, que no podrían acceder al máximo órgano decisivo de la CNE no sólo en el presente, sino también en el futuro.
La influencia de Bacigalupo
La referencia del Consejo de Estado al papel de los consejeros es interpretable como una barrera a Bacigalupo y el entorno de Ribera. El actual consejero de la CNMV fue director del Servicio Jurídico y secretario del Consejo de la antigua CNE, que fue absorbida en 2013 por la CNMC. También formaría parte del consejo de esta última, entre 2017 y 2022. Acabó abandonándolo tras recibir multidud de críticas, ya que participaba en la regulación de un sector sobre el que su mujer tomaba decisiones desde el ministerio. Moncloa acabó situándolo en el consejo de la CNMV.
La propuesta del Consejo de Estado también implica cerrar el paso de la CNE a una de las profesionales que ha sonado como firme candidata a la presidencia. Se trata de María Jesús Martín, una economista respetada y con larga trayectoria, pero que tiene vínculos con Ribera y su marido. La minsitra la nombró directora general de Política Energética y Minas en el Ministerio y, posteriormente, regresó a la CNMC para ocupar el sillón -precisamente- de Mariano Bacigalupo.
La creación de la CNE forma parte del acuerdo de gobierno que firmaron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. El nuevo organismo es de vital importancia por el elevado poder de decisión que acumularía, de ahí que el riesgo de control político genere inquietud en las grandes compañías energéticas. Empresas como Iberdrola, Repsol, Naturgy, Cepsa o Endesa están siguiendo muy de cerca los pasos de Moncloa. El objetivo del Gobierno es que la CNE eche a rodar a principios del próximo año.
Las atribuciones de la Comisión están recogidas en el anteproyecto aprobado en febrero. De entrada, suya será la tarea de elaborar los expedientes sobre "las tomas de participaciones empresariales en el sector energético". En el caso de una operación de concentración o el desembarco de un inversor en una compañía energética, el CNE tendrá la obligación de pronunciarse y hacer una propuesta al Ministerio de Transición Ecológica, que tendrá la última palabra.
Poderes de la Comisión Nacional de la Energía
Por ejemplo su consejo -compuesto por un presidente, un vicepresidente y cinco consejeros- debería emitir su opinión en el hipotético caso de que el Estado decidiera entrar en el capital de Naturgy, una posibilidad con la que se ha especulado tras el aterrizaje de la SEPI en Telefónica.
La CNE también tendrá que "supervisar las inversiones en capacidad de generación que permita garantizar la seguridad del suministro". Según el texto del anteproyecto, podrá "acceder a cualquier local, instalación, terreno y medio de transporte de las empresas (…) y al domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas", si tiene alguna investigación en curso. Y "precintar todos los locales, libros o documentos y demás bienes de la empresa, durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección".
El trámite parlamentario para que el organismo acabe desgajándose de la CNMC comienza ahora. Ahora bien, su éxito dependerá de que el Gobierno logre sacar adelante la inciativa en un Congreso. Por ahora, el PSOE no cuenta con los votos necesarios para sacar el proyecto con holgura, entre otras cosas, por la actitud 'rebelde' de Junts.