Las sanciones a intereses rusos que están imponiendo Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido abren un panorama de negocio y de nuevas exigencias para los despachos de abogados que asesoran a empresas y personas físicas en las listas. Y en ocasiones, de conflicto para las propias firmas. Las mayores exigencias vienen de EEUU, pero el asesoramiento legal a afectados por las sanciones que impone la Comisión Europea también tiene una serie de requisitos. En lo que respecta a Reino Unido, en estos momentos el foco está puesto en los abogados de los oligarcas rusos que operan en la islas, a los que la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, ha advertido de sanciones también para sí mismos.
Estos condicionantes legales en torno a las sanciones ya se aplican para las sanciones que se imponen a Cuba, Irán o Venezuela, pero ahora tienen desbordados a las empresas y a sus asesores por la dureza, inmediatez y globalidad de las sanciones a intereses rusos que se están imponiendo y por su intensidad creciente.
En Estados Unidos, los despachos tienen que pedir permiso al Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro para representar a clientes sancionados, explica José María Viñals, socio de Squire Patton Boggs, y uno de los mayores expertos en España sobre sanciones. Si lo estima oportuno, el OFAC les da una licencia.
El control al que somete el Gobierno de EEUU a los despachos que asesoran en sanciones lleva a muchos a dejar de lado esta práctica, cuenta Javier Coronado, abogado de Díaz Reus en Miami, firma especializada en litigios internacionales. Se produce un escrutinio constante de cada operación y cada cliente, explica.
En el caso de la Unión Europea, los controles al asesoramiento de sancionados son menos exigentes pero sí que los hay. De entrada, los despachos deben cumplir con la exigencia de la normativa comunitaria de sanciones de que sus honorarios sean "razonables". Es decir, las empresas o individuos sancionados pueden dedicar activos a sufragar su asesoramiento legal y labores de gestoría que requieran, pero siempre que los emolumentos de sus asesores estén en un nivel controlado.
Los controles se están incrementando en Reino Unido, en el foco por posible tolerancia a las actividades de oligarcas rusos en su territorio. Los bufetes y asesores que les asesoran podrían ser objeto de restricciones financieras, ha advertido el Gobierno británico, que les ha instado a que "se lo piensen mucho" antes de apoyar a los aliados del régimen de Vladimir Putin.
Oligarcas rusos
La amenaza velada vino de la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, cuando anunció el lunes más detalles de las sanciones económicas para paralizar a las empresas y bancos estatales rusos. El Ministerio ha revelado que ha recibido numerosas reclamaciones y cartas legales de firmas que representan a oligarcas y empresas que buscan evitar sanciones. Dijo que Reino Unido "atacaría a las familias de los oligarcas, las personas que trabajan para ellos, las personas que los apoyan y las personas que los capacitan".
Truss añadió que las empresas y las personas sancionadas no podrían eludir las reglas utilizando paraísos fiscales vinculados a Reino Unido. “He sido muy clara en que incluiremos los territorios británicos de ultramar en las medidas que estamos tomando”, dijo. “Junto a los servicios legales, los servicios de relaciones públicas y los servicios de contabilidad, analizaremos los servicios de seguros en los que confían estos oligarcas”, agregó.
El portavoz oficial de Boris Johnson alertó de que Rusia “debe ser tratada como un Estado paria” y advirtió a los bufetes de abogados, contables y bancos de la City de que no deberían apoyar a los aliados del régimen ruso.
La eclosión de sanciones también va a dar lugar a arbitrajes internacionales de sancionados contra los Estados sancionadores, cuentan desde B. Cremades y Asociados.
