La deuda de las comunidades autónomas no bajará del 13% del Producto Interior Bruto (PIB), límite que marca la ley, como pronto hasta 2031. Son las últimas estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que proyecta una senda descendente siempre y cuando se realicen ajustes.
En este contexto, la AIReF calibra tres posibles escenarios de consolidación fiscal a cuatro años (de 2025 a 2028). En el primero, se alcanza la referencia legal del 13% en 5, 10 o 15 años dependiendo de la situación de partida de cada CCAA. Y en ese caso, se requeriría un ajuste anual de 0,33 puntos en el subsector y la deuda se situaría por debajo del 13% en el 2031.
En el segundo, el que el gasto primario crece al 2,7% en todas las comunidades autónomas, una tasa calculada a partir del ajuste necesario para el cumplimiento del nuevo marco de reglas fiscales. En este escenario, el ajuste anual sería de 0,11 puntos y el 13% se alcanzaría en 2037.
También hay un tercer escenario en el que se consigue equilibrio presupuestario en 2028 condicionado a factibilidad (crecimiento mínimo del gasto primario del 2%, con un tope máximo del 3,3% según la variación del PIB nominal potencial). El ajuste sería de 0,08 puntos al año y no quedaría la deuda por debajo del 13% hasta 2041.
Finalmente, si no se hiciera nada, la deuda del conjunto de las CCAA seguiría por encima del 13% en todo el horizonte de proyección, que llega hasta 2050. Se reduciría en 2,6 puntos a medio plazo, situándose en el 19,7% del PIB en 2028, para estancarse después en el 17%.
También contempla un escenario más pesimista, con una evolución desfavorable de la ratio de deuda de las CCAA a partir de 2028. Si el saldo primario de las CCAA empeora una décima de PIB cada año entre 2024 y 2028 respecto a lo previsto anteriormente, entonces la deuda crecería hasta superar el máximo histórico en 2042 (27,2%).
La deuda de las CCAA, en el 22,2%
Actualmente 13 de las 17 CCAA tienen una deuda pública que supera el 13% de su PIB. Sólo Madrid, País Vasco, Navarra y Canarias tienen un nivel de deuda pública igual o inferior al 13% de su PIB, el objetivo que marca la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) de 2012, impulsada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
La Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña son las más endeudadas, representando más del 30% de su economía. La media regional se sitúa en el 22,2%, según el último dato anual de 2023. Y la situación para 2024 no se antoja muy distinta, según estimaciones de la AIReF y de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Tal y como se explica en un artículo reciente publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), la ley contemplaba "un amplio período de transición que finalizaba en 2020", pero "el período definitivo que arrancó en enero de 2020 fue efímero por culpa de la pandemia". En marzo la aplicación del marco normativo quedó en suspenso por la activación de la cláusula general de salvaguarda a escala europea.
Así se ha mantenido hasta el momento, a la espera de que se reactiven las reglas fiscales comunitarias en 2025. La ratio de deuda de las CCAA es ahora inferior a la que existía antes de la pandemia básicamente gracias al aumento del PIB y su impacto en el denominador. En términos nominales, sin embargo, es un 10% superior: 325.234 millones al término de 2023.
Tras el verano los países tendrán que presentar a Bruselas la hoja de ruta fiscal que seguirán en los próximos años, coincidiendo con la presentación del Proyecto de Presupuestos. El Gobierno debería garantizar ajustes del 0,6% del PIB anual durante el periodo 2025-2028, pero se podrían reducir al 0,4% y extender hasta el 2031 si se justifica que hay reformas e inversiones en marcha.
La AIReF ha considerado probable que se acepte este último escenario y, por tanto, estima que serán necesarios ajustes de 7.000 millones al año entre 2025 y 2031. Este ajuste se plasmará en una senda de gasto primario neto de medidas de ingresos, la variable clave que ha fijado la Comisión Europea en el nuevo marco de reglas fiscales.
A su vez, el cumplimiento de esa senda de gasto primario "garantizará con una probabilidad alta que la ratio de deuda desciende en el medio y largo plazo", asegura la autoridad fiscal. En todo caso, también ha advertido de que excluir a la Seguridad Social (con la creciente factura de las pensiones) de los ajustes implicará un mayor esfuerzo para el resto de administraciones.