El número de pensiones que tiene que abonar la Seguridad Social ha subido en los últimos diez años a razón de 93.400 anuales de media. Si no se incluyen en la estadística los datos de 2020 por la afectación que sobre las personas de más edad tuvo la irrupción de la pandemia del coronavirus, el incremento anual se sitúa en el entorno de los 104.120. En 2020, el aumento del índice de mortalidad en las personas mayores limitó el aumento vegetativo del número de pensiones a solo 7.640, un dato excepcional en la historia reciente.
En los seis primeros meses del año en curso, el total de pensiones contributivas de jubilación ha aumentado en 51.628, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es una variación del 0,51%, en línea con la que se ha registrado en el último decenio.
Hay, sin embargo, en los datos del INSS, un hecho que realmente llama la atención: el incremento en los seis primeros meses del año del número de pensiones por incapacidad permanente. En España, en junio, la Seguridad Social se hizo cargo de 961.167 pensiones de incapacidad, lo que supone un incremento de 14.608 pensiones en relación con el de dato del mismo mes de 2023 y de 15.191, en comparación con el dato de finales del pasado año. En términos relativos, en los últimos doce meses se ha producido un aumento del 1,54% y, únicamente, en la primera mitad del año, del 1,6%, valores que duplican, y, en algún caso triplican, los registrados en ejercicios anteriores.
En los dos últimos años, el número de pensiones por incapacidad permanente se redujo en 3.800 anualmente. Entre los años 2014 y 2019, la variación del número de pensiones siempre fue positiva, pero en el entorno de las 7.000 anuales.
La Seguridad Social define la pensión de incapacidad permanente como “una prestación que se reconoce al trabajador cuando, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral”. Según la gravedad de las afectaciones puede ser parcial, total, absoluta o gran invalidez.
Las pensiones de incapacidad permanente son las terceras en importancia de todas las pensiones contributivas, por detrás de las de jubilación y viudedad, y suponen el 9,5% de todas las del conjunto del sistema. En términos económicos, tienen un coste mensual de 1.117 millones de euros, el 8,7% de la nómina mensual de todas las pensiones contributivas, y la pensión media mensual es de 1.162 euros, la segunda mayor, inmediatamente por detrás de la de jubilación.
De las 961.167 pensiones de incapacidad permanente que tiene que abonar mensualmente la Seguridad Social, 739.113 corresponden a trabajadores del régimen general (el 76,89% del total) y 112.960, al de trabajadores autónomos, 11,75%. El resto se reparte entre trabajadores del mar, de la minería del carbón.... En comparación con la distribución de las pensiones de jubilación, es notable el cambio en el caso de los trabajadores por cuenta propia, que en este caso representan el 20,68% del total.
Como para el resto de las pensiones contributivas, las derivadas de una incapacidad permanente se han revalorizado este año un 3,8%. Las mínimas oscilan entre los 14.466 euros anuales para una invalidez parcial del régimen de accidentes de trabajo para un titular de 65 años, hasta los 21.699 euros para los casos de gran invalidez con cónyuge a cargo y entre 11.553 euros y 17.329 euros cuando no hay cónyuge.
Las pensiones por incapacidad permanente están muy vinculadas al número de accidentes laborales que se producen. En los cinco primeros meses del año se han registrado en España un total de 254.535 accidentes con baja, un 1,7% más que en el mismo periodo del año anterior. De esta cifra, 219.400, el 86% del total, se produjo durante la jornada de trabajo y algo más de 35.000 “in itinere”, es decir, camino del trabajo. La industria manufacturera y la construcción son las actividades más proclives a los accidentes de trabajo.
