El ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra ha reconocido este martes ante la Audiencia Nacional los hechos que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, ha admitido que manipuló los procedimientos internos de la entidad financiera para favorecer y conceder préstamos a un grupo de empresas. Su gestión, según las cifras del ministerio público, generó un agujero de 93 millones de euros en el banco.
Parra, que ha declarado como acusado ante la juez Teresa Palacios, también ha reconocido los hechos que les atribuye la Abogacía del Estado y la defensa de CaixaBank. En menos de cinco minutos, el exdirectivo de Banco de Valencia asumió la responsabilidad de todas las acusaciones. El ex consejero delegado ya fue condenado a cuatro años de cárcel por causar otro agujero de 198 millones de euros a la entidad. Ahora se enfrenta a otros cuatro años de cárcel.
En esta ocasión se le juzga por la operación de financiación desarrollada entre enero y marzo de 2007 a las empresas del denominado Grupo Soler por el importe de 312 millones de euros para que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) pudiera adquirir una participación en Metrovacesa. Según la Fiscalía, sería "la mayor operación crediticia acometida por la entidad financiera en su historia, representando el 23,9% de los recursos propios del Banco de Valencia y el 38 por ciento de los recursos básicos".
Anticorrupción asegura en su escrito de acusación, recogido por Vozpópuli, que dicha financiación se aprobó sin el análisis de viabilidad y sin la adecuada participación de los empleados de la entidad que tenían encomendada la función de análisis y evaluación de riesgo en el proceso de toma de decisiones.
"A mí me decían ven y firma aquí"
Esta martes también han acudido a la Audiencia Nacional los empresarios Bautista Soler, quien se ha negado a responder a las preguntas de las partes, y el empresario Vicente Fons y su mujer María Victoria Soler, quienes también se han acogido a su derecho a no declarar. Para ellos, el ministerio público pide cuatro años de cárcel como cooperadores del mismo delito.
El empresario Rafael Ruiz-Jarabo sí ha contestado a las preguntas de Anticorrupción y de su defensa. Ha reconocido el escrito del Ministerio Fiscal, aunque ha asegurado que participó en la operación “por pura amistad” con el empresario Vicente Fons y María Victoria Soler. “A mí me decían ven y firma aquí y yo firmaba”, ha admitido a preguntas a su letrado. Anticorrupción requiere para él una pena de tres años de prisión.
Entre sus peticiones, el Ministerio Fiscal reclama también una indemnización de 94 millones de euros para el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que inyectó 4.500 millones de euros públicos para sanear la entidad, hoy integrada en CaixaBank.
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