España no otorga autorizaciones para explorar, investigar y explotar hidrocarburos desde 2020. Pero hay inversores que siguen aprovechando los que había. La empresa británica Proxpex Energy se ha lanzado a la compra de una participación del yacimiento de gas natural Viura, situado a unos 12 kilómetros de Logroño.
Proxpex Energy comunicaba al mercado que ha captado cerca de 4 millones de libras, cerca de 4,6 millones de euros al cambio actual, para adquirir un 7% del yacimiento a su accionista mayoritario, la energética americana Heyco Energy Group, que hasta esta operación es dueño del 58,7% del yacimiento.
"Viura 1B se está perforando actualmente y se espera que alcance el objetivo del yacimiento en unas semanas", explica Mark Routh, consejero delegado de Prospex. Las cifras de esta empresa británica apuntan a que Viura es el 85% de roda producción de gas natural en España.
Las estimaciones de 2022 señalaba una reserva en el yacimiento riojano contiene cerca de 3 BCM (o 3.000 millones de metros cúbicos de gas natural). Este volumen sería el equivalente a cinco años del consumo actual de toda La Rioja o un 10% del consumo anual de gas natural en España.
Viura es uno de los tres yacimientos de gas natural que están activo en España. Otro de ellos es el yacimiento sevillano de El Romeral. Este 'pozo' está controlado por la empresa Tarba, que se reparten a partes iguales la australiana Warrego y Prospex Energy. Tres pozos de explotación en Sevilla que compraron en 2020 a Natorugy por algo menos de un millón de euros.
Por lo tanto, la entrada en Viura es un nuevo paso en el negocio de exploración y producción de gas natural por parte de la británica Prospex. "Creemos que la producción de gas seguirá desempeñando un papel clave en la combinación energética mundial, especialmente si queremos evitar otra crisis energética", añade Mark Routh
Un 'hueco legal' para extraer gas
Un negocio que se considera 'muerto' para los operadores locales. Pero estas hay tres excepciones que viven de 'un hueco legal'. En noviembre de 2023, tal y como adelantaba El Economista, el Gobierno prorrogó la autorización a los dueños de Viura. La americana Heyco Energy Group (58,7%), la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (37,6%) y Oil & Gas Skills (3,5%) ampliaron su derecho de perforación hasta noviembre de 2024.
Un derecho que parte de 2019. La Dirección General de Política Energética autorizó la el sondeo de Viura-1B durante un plazo de tres años. Y, en 2022, se prorrogó esta autorización de sondeo pese a la Ley de Cambio Climático encima de la mesa, la cual que prohíbe el uso del fracking en nuevas concesiones y la exploración de hidrocarburos.
El Gobierno, liderado en esta causa por Teresa Ribera, aceptaba entonces que la pandemia del coronavirus y la nueva situación del pozo no habían permitido explorar el yacimiento. Ahora, este nuevo inversor buscar aprovechar la prórroga.
Un negocio muerto en España
Estos yacimientos son casos aislados. Porque España ha dado portazo a explotar los combustibles fósiles que tiene en su subsuelo. Pese a tener una gran riqueza. Según un estudio del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, España dentro de sus fronteras con el equivalente a cerca de 40 años de consumo de gas al ritmo actual.
Este colegio defiende explotación reduciría enormemente la dependencia energética de España, garantizaría el suministro en tiempos turbulentos como los actuales, crearía miles de puestos de trabajo y probablemente abarataría la factura.
Dentro de sus fronteras también están dos empresas de referencia en este negocio a nivel internacional, como es el caso de Naturgy y Repsol. Pero ese gas no se moverá de subsuelo. El Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos prohibieron en la anterior legislatura la explotación de hidrocarburos en todo el territorio español.
La Ley del Cambio Climático también prohibió el 'fracking' (o fractura hidráulica). Esta técnica sería clave para el caso español y es el más utilizado en Estados Unidos, uno de los principales proveedores de gas de España. Una técnica que se utiliza para extraer ese gas que no está en grandes bolsas, sino almacenado en los poros de las rocas y para extraerlo hay que perforarlas.
Pero esa ley condena a España, por motivos medioambientales, a importar el 99% de los hidrocarburos que necesita.
