España sigue sin pagar sus derrotas en arbitrajes internacionales a los afectados por el impago de las indemnizaciones de las primas renovables que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y retiró el de Mariano Rajoy. Un grupo de afectados, encabezado por la firma estadounidense Blasket Renewable Investments, han enviado al Gobierno una notificación pre-judicial que alerta de la puesta en marcha de un procedimiento de default técnico.
Una decisión que afecta a un bono de deuda valorado en 237 millones de euros. El título en cuestión vence en 2029 y, debido al procedimiento de default técnico, según explican los conocedores de este proceso, España puede verse obligada a saldar los pagos pendientes de inmediato.
Blasket Renewable Investments ya avisó sobre este procedimiento al Gobierno de España en abril de 2023. Sin embargo, el Ejecutivo español, y más precisamente la ministra titular de la cartera de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se negaron a responder a las distintas cartas formales y solicitudes de comunicación formuladas por los afectados.
Los afectados recalcan que existen otros tres títulos de deuda denominados en dólares, yenes y euros cuyo valor combinado ronda los 750 millones de euros. Tres bonos con condiciones similares y mediante la cual se puede invocar el escenario de 'cross default'. Por lo tanto, España se expone al pago anticipado de cuatro bonos del Tesoro valorados en 800 millones de euros.
7.340 millones de daño económico
Los afectados explican que el título de deuda de 237 millones incluye una cláusula que estipula, claramente, que el impago por parte del emisor del principal o los intereses de cualquier deuda activaría una cláusula de incumplimiento. Un apartado que permite reclamar la liberación inmediata de los pagos pendientes a los dueños del bono en cuestión.
La forma en que está estructurado el bono, con un agente fiscal en lugar de un fideicomiso al uso, permite que cualquier tenedor de estos títulos emita el preceptivo aviso de incumplimiento técnico. Ahora, los más de 25 laudos pendientes de pago abren la puerta a este tipo de procedimiento, a la vista de los más de 1.560 millones que debe España, cifra que asciende a 1.875 millones al tomar en cuenta condenas en costas, intereses de demora y otros sobrecostes.
El ‘default técnico’ constituye el primer procedimiento de incumplimiento que afecta a bonos del Tesoro español desde la Guerra Civil. Una decisión que amenaza la calificación crediticia de España, su reputación financiera internacional y el acceso a financiación en los mercados internacionales. Estos afectados han elaborado sus propios estudios que cifran en 7.340 millones de euros el daño económico provocado por este default técnico.
Más embargos
Como España no cumple, los dueños de estos laudos abren diversos frentes para cobrar sus deudas. La última fue el anuncio en Bélgica, con un embargo de 80 millones de euros a la empresa pública Enaire, propietaria de Aena, como medida de compensación ligada a esta misma controversia.
Esta misma semana se ha notificado el embargo del 26% del derecho de usufructo de Aena sobre el aeropuerto londinense de Luton, una decisión autorizada por la justicia británica. Los acreedores entienden que el incumplimiento reiterado de los laudos que condenan a España a pagar más de 1.560 millones por la retirada retroactiva de las primas renovables, dan pie a un escenario contemplado en la emisión de dicho título de deuda.
Una activación de la cláusula de incumplimiento cruzado (cross default) que deja a España en situación técnica de default. Los afectados explican que esta notificación sirve como antesala para un procedimiento de ejecución legal que echará a andar este mismo verano ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.
Fondos oportunistas
Muchos de ellos son fondos que han comprado sus laudos a las empresas afectadas por esa retirada de las primas en 2013 y que no piensan dar su brazo a torcer para alcanzar la rentabilidad de su inversión. Reino Unido ya ha dado la razón a los acreedores a la hora de reclamar otras medidas de compensación por los impagos.
Los más relevantes son los embargos de la indemnización por la catástrofe del Prestige (más de 900 millones de euros), la sede del Instituto Cervantes en Londres, un edificio en el que se ubica una oficina de acción económica operada por el gobierno autonómico catalán, cuatro cuentas bancarias o la propiedad en la que se sitúa la Escuela Internacional Vicente Cañadas. Aunque, como reconocen, hay más objetivos que, de momento, no se pueden desvelar.
