El Gobierno mantiene algunas reservas sobre el funcionamiento de las empresas que integran Tess Defense, el consorcio que se ha formado para el suministro del nuevo blindado estrella del Ejército, el VCR 8x8 Dragón. En el mercado de la defensa se apunta a cierto malestar en el ministerio de Margarita Robles como uno de los motivos detrás de los movimientos que viene siguiendo el Ejecutivo en torno a la propiedad de Santa Bárbara, la principal accionista de Tess Defense.
Lo cierto es que en paralelo a estas conversaciones se están sucediendo distintos procedimientos judiciales que enfrentan al Gobierno con las empresas que integran Tess. El motivo pasa por los reclamos de indemnizaciones que ha hecho el ministerio de Defensa por diferentes retrasos en el desarrollo de los prototipos del blindado.
En estos momentos hay vivos al menos tres procedimientos de este tipo, dos de ellos con pronunciamientos ya favorables al Gobierno de parte de la Audiencia Nacional, si bien las empresas han opuesto recurso ante el Tribunal Supremo alegando una interpretación diferente de lo pactado. El Alto Tribunal todavía no se ha pronunciado pero podría hacerlo en breve, al menos, sobre el primero de ellos.
Los reclamos del Gobierno totalizarían hasta ahora alrededor de un 5% de penalización sobre el primer contrato marco suscrito por las empresas con el Gobierno, entonces liderado por Mariano Rajoy, por un montante de 92 millones
Los reclamos hasta ahora totalizarían alrededor de un 5% de penalización sobre el presupuesto total por dos años de retraso en la ejecución del primer contrato marco suscrito por Indra, Santa Bárbara y Sapa con el Ejecutivo, entonces liderado por Mariano Rajoy. Se trataba de una adjudicación con un presupuesto de 92 millones para la elaboración de los prototipos de estos vehículos de combate.
La trascendencia de estos procesos legales pasa por el precedente que pueden sentar de cara a retrasos futuros, habida cuenta del argumentario que está usando cada una de las partes para defender la legalidad o no de las penalizaciones -que las empresas han calificado de desproporcionadas-, y de la cuantía de los contratos venideros, ya de fabricación.
El actual Ejecutivo de Pedro Sánchez accedió a dos prórrogas del acuerdo sobre los prototipos en 2019 y 2021 e incluso decidió finalmente encargar a las mismas empresas la propia fabricación de los blindados en 2020. Esto último, bajo un programa con un presupuesto inicial de unos 2.000 millones de euros... que ya se ha tenido que ampliar hasta unos 2.500 millones por unos centenares de ejemplares a cargo de Tess Defense, que canaliza la unión de las empresas que desarrollaron los prototipos para consumar su fabricación.
En el medio, el Ejecutivo socialista ha puesto de relieve en diferentes ocasiones su malestar por demoras que entiende que son achacables estrictamente a las empresas que integran el consorcio, como Indra, Santa Bárbara y Sapa. Todas ellas siguen participando de Tess Defense con el añadido de la española Escribano, que recientemente ha entrado en el accionariado de Indra siguiendo los pasos de Sapa.
Tess reviste en definitiva un consorcio en su mayoría español con la gran excepción de su principal accionista, Santa Barbara, que pertenece a la americana General Dynamics, lo que ha venido alimentando suspicacias en el sector. En los últimos meses, la prensa especializada ha puesto además de relieve contrastes entre el coste de los blindados para España y el afrontado por Estados Unidos por vehículos similares fabricados por la misma General Dynamics.
El Gobierno impulsa cambios en el proveedor del Ejército
Así las cosas, en los últimos meses se han empezado a suceder movimientos concretos de parte de Indra, cuya presidencia ejecutiva está ahora en manos del que fuera jefe de Gabinete de Industria de José Luis Rodríguez Zapatero, Marc Murtra. La compañía que tiene al Estado como principal accionista lleva meses maniobrando para dejar de ser la segunda accionista de Tess y hacerse con la participación de Santa Bárbara, lo que terminaría de asegurar la españolidad del consorcio.
Unas conversaciones que, como avanzó Vozpópuli, han evolucionado hasta ponerse sobre la mesa el planteo de una compra de toda la empresa Sánta Barbara a manos de Indra, que consolidaría así el campeón nacional en Defensa que pretende el Gobierno.
En la última junta de accionistas de la cotizada en el Ibex 35, celebrada esta semana, el presidente Murtra tuvo que salir al paso de la posibilidad de comprar Santa Bárbara al completo, limitándose a no hacer comentarios aduciendo no poder dar detalles al respecto.
En los últimos días se han seguido sucediendo contactos entre representantes de General Dynamics y representantes del ministerio de Defensa, según ha podido saber este medio. La línea en la que se habría avanzado es en la de allanar una mayoría en Tess por parte de Indra, pero no necesariamente a través de la venta de Santa Bárbara al completo.