El cupo catalán tendrá "enormes daños colaterales". Entre ellos, un más que probable aumento del fraude fiscal y de las cargas para los contribuyentes, tanto hogares como empresas. Ambas advertencias están recogidas en el informe difundido este lunes por Fedea. Ningún otro 'think tank' ha reaccionado hasta ahora tan rápido y con tantos argumentos al polémico pacto entre el PSOE y ERC.
El 7 de agosto, a penas una semana después de que Pedro Sánchez y Pere Aragonès sellaran el acuerdo, Fedea publicó un primer avance. Se titulaba 'Las implicaciones financieras de un concierto catalán' y lo firmaba Ángel de la Fuente, toda una autoridad sobre financiación autonómica en España. El segundo análisis vio la luz ayer y arroja más luz sobre las consecuencias que tendrá la cesión a Cataluña de la soberanía fiscal.
Una de las más preocupantes tiene que ver con la partición de la Agencia Tributaria estatal. Acarreará "mayores costes de gestion y una menor efectividad en la lucha contra el fraude", según Fedea. "Si optamos por esta vía, será también necesario establecer complejas regulaciones sobre los puntos de conexion entre las distintas haciendas implicadas (quién se ocupa de qué y quién se queda con qué)", advierte el autor del informe.
La pérdida de efectividad de la Agencia Tributaria es un riesgo asumido por muchos de los profesionales que trabajan para la Hacienda pública. "Para intentar que los ricos paguen sus impuestos de forma justa, no existe nada más contraproducente que fragmentar la Agencia Tributaria", escribía este sábado en El Economista, Francisco de la Torre, otro de los mayores expertos fiscales de este país. El inspector de Hacienda aludía a la promesa gubernamental de castigar a las mayores rentas para incrementar los ingresos, una condición indispensable para financiar el agujero en las arcas públicas que propiciará el cupo catalán.
"La materia prima del sistema fiscal es la información. Si esta información no se centraliza y no se tiene disponible, entonces las autoridades fiscales no conocen la situación económica de los contribuyentes, con lo que el fraude se dispara", advierte De la Torre.
El economista coincide plenamente con Fedea en otra observación: "El coste de recaudación aumenta sustancialmente, y esto también hay que pagarlo". Trocear la Agencia Tributaria "incrementará aun más los costes de gestion y tambien los de cumplimiento que soportan los contribuyentes, particularmente las empresas, que en muchos casos tendrán que presentar varias declaraciones en lugar de una sola", alerta Ángel de la Fuente.
Las señales que emite el cupo catalán
Los privilegios para Cataluña emiten una señal pésima para los contribuyentes, tanto los hogares como las empresas. "El contexto actual de anuncios sobre la posible disponibilidad de recursos adicionales, nuevos modelos singulares de financiación autonómica o debate sobre una hipotética condonación de deuda autonómica, no genera el marco apropiado ni tampoco supone una señal clara para sano incentivo a la responsabilidad fiscal", señalaba también este lunes el Círculo de Empresarios, en otro informe sobre el retorno de las reglas fiscales.
Fedea advierte, en este sentido, sobre los argumentos engañosos que vienen lanzando los promotores del cupo catalán, en un intento de justificar las cesiones. El 'think tank' recuerda uno de los principales 'eslóganes', "repetido hasta la saciedad todos los días por portavoces del Gobierno y su partido y por una legión de tertulianos y opinadores afines": "La verdadera amenaza a la solidaridad no es el concierto catalán, sino las bajadas de impuestos de ciertas comunidades autónomas, especialmente Madrid".
De la Fuente arroja la luz necesaria para combatir la demagogia. "Tal como está diseñado el sistema de financiación, la contribución a la caja común se calcula, con buen criterio, antes de que la comunidad baje o suba los impuestos que puede modificar y por lo tanto no depende de sus decisiones en este ámbito". Esa regla implica que aunque Madrid o cualquier otra comunidad bajen el IRPF a sus ciudadanos, el sistema no le asigna más ingresos, ni reduce su contribución a los mecanismos que garantizan la solidaridad interterritorial.
"Por tanto, cuando Madrid baja sus impuestos, tiene que apechugar con las consecuencias, en forma de peores servicios o menores prestaciones. Otra cosa es que internamente esto pueda suponer una menor redistribución, pero eso no afecta a las demás CCAA y es una decisión de política interna, que a la mayoría de los madrileños parece que ya les va bien, a juzgar por los resultados de las elecciones recientes", explica el economista de Fedea.
El caso catalán es muy distinto por una sencilla razón: "Aquí lo que se pretende es reducir la aportación de la comunidad a otros territorios a cuyos ciudadanos no se les da la oportunidad de votar sobre la cuestión".